Por: FLIP.
Durante los últimos días, después de haber publicado nuestra investigación “Ciberpatrullaje: el nuevo juez de la verdad”, hemos estado reflexionando sobre asuntos que consideramos que deberían tener mayor debate en la sociedad y, especialmente, dentro de las conversaciones de las y los funcionarios del Estado colombiano.
Durante varios meses investigamos y enviamos derechos de petición a nueve entidades para conocer cómo estaba estructurada la cruzada contra las noticias falsas que se había propuesto el Ministerio de Defensa. Nos encontramos —como lamentablemente suele suceder en este país— con mucha opacidad. Las respuestas han sido insuficientes, incompletas y tardías. Además, el ministro Molano se ha enfocado en estigmatizar y criticar la investigación y las denuncias sobre su actuar, pero no ha ofrecido respuestas suficientes ni se ha tomado en serio las discusiones sobre este tema.
El debate alrededor de las noticias falsas debe ser amplio y requiere diversidad de voces y opiniones que permitan encontrar estrategias para hacerle frente a la desinformación, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos. En ningún momento desde la FLIP estamos de acuerdo con las campañas de desinformación ni con las noticias falsas. Sin embargo, consideramos que es a través de la alfabetización mediática y de audiencias —y no de la generación de pánico, como piensa el ministro— que se pueden construir sociedades informadas sin afectar el valor democrático de la libertad de expresión. No es claro cómo a través de la “campaña pedagógica” del falso ataque se pretendía incentivar una lucha contra la desinformación.
En esta misma línea, no es tarea de la fuerza pública hacer juicios sobre lo que a su criterio es verdadero o no. Aterroriza pensar en que uniformados están dedicados a escuchar y a leer a la ciudadanía con el fin de clasificarla y tachar sus opiniones como falsas. Estigmatizar a quien no esté de acuerdo con la institucionalidad es peligroso, equiparar las noticias falsas con el terrorismo —según la fuerza pública ciberterrorismo— también lo es.
La ley ampara las acciones de ciberpatrullaje en la investigación de delitos como la explotación infantil, el tráfico de personas y animales, y otros crímenes que ocurren en Internet. Lo que es cuestionable es la investigación y criminalización de opiniones e informaciones compartidas por ciudadanos en línea. ¿Cuáles son los intereses de la fuerza pública al incluir organismos de inteligencia, defensa y seguridad en la lucha contra las noticias falsas?
Mientras el ministro Molano responde con ataques, la ciudadanía sigue a la espera de explicaciones claras. ¿Cuál es la justificación del falso ciberataque?, ¿cómo se establecen los criterios para definir si una información es falsa o contraria a la institucionalidad?, ¿cuántos recursos se han invertido en el PMU-Ciber?, y ¿qué información personal y sensible se ha analizado, conservado y transferido?
Las acciones emprendidas por el Ministerio tienen graves consecuencias en la libertad de expresión y tienen efectos en la autocensura de periodistas y de la ciudadanía en general. La campaña #ColombiaEsMiVerdad y este ciberpatrullaje afectan la libertad de expresión y estigmatizan a las personas que se manifiestan en Internet. Seguiremos investigando asuntos como este porque nuestra misión es trabajar para que en Colombia se garantice la libertad de expresión y de prensa, y el acceso a la información. Durante 25 años en ningún momento hemos buscado intervenir políticamente en los debates del país ni hemos tomado decisiones con base en intereses políticos. Nosotros hacemos activismo en defensa de la libertad de expresión.
*FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
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