Mientras Colombia y Nicaragua siguen disputándose los derechos de pesca y de vigilancia alrededor del archipiélago de San Andrés en el Caribe, sus aguas están a merced de la pesca ilegal de barcos de toda la región.
A comienzos de noviembre, algunos pescadores colombianos denunciaron ante oficiales del ejército que fueron ahuyentados por barcos centroamericanos que pescaban sin permiso, según informó el diario El Extra. Además, según los pescadores, varios miembros de esas tripulaciones llevaban armas de asalto.
Agentes de la Marina colombiana también denunciaron haber interceptado naves con productos de mar extraídos ilegalmente. De enero a octubre de este año, se decomisaron unas 12 toneladas, gran parte de ellas incautadas en aguas al norte de San Andrés, según declaró el almirante Hernando Mattos Dager a El Nuevo Siglo. Parte de ellos eran barcos con tripulaciones numerosas y grandes cantidades de pesca.
Una nave de República Dominicana fue detenida este año con 60 miembros en su tripulación y casi 6 toneladas de pesca ilegal, según el comandante naval.
En octubre de 2020, dos barcos jamaiquinos fueron sorprendidos con casi ocho toneladas de pesca ilegal.
Durante los últimos cinco años, embarcaciones de República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Venezuela han sido detenidas por pesca ilegal en las inmediaciones de San Andrés, así como naves de origen colombiano, según Mattos Dager.
Las especies de mayor pesca ilegal incluyen caracol rosado, langosta espinosa, centollo y pez loro, según decomisos recientes.
Análisis de InSight Crime
La distancia del archipiélago del territorio continental de Colombia, la disputa sobre sus aguas y su riqueza de vida marina han hecho de este un destino atractivo para tripulaciones dedicadas a la pesca ilegal.
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra a unos 775 kilómetros (480 millas) del continente y a 230 kilómetros (140 millas) de Nicaragua, y ha sido objeto de disputas legales durante años entre ambos países. El cúmulo de islas pertenece a Colombia y por mucho tiempo el país ha reclamado las aguas circundantes. Pero un fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012 trazó una línea de demarcación que concedió 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe a Nicaragua.
El fallo también implicó que la Marina de Nicaragua, mucho más reducida que la colombiana, quedara a cargo de proteger la zona contra la pesca ilegal. Ambos cuerpos de marina han pasado más tiempo vigilándose entre sí que patrullando las aguas en busca de barcos de pesca ilegal.
Tras el fallo, los pescadores locales han notado una presencia cada vez mayor de barcos industriales que emplean equipos de pesca con palangre y trampas para langostas, según un informe de 2020, escrito por una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. También han entrado flotas ilegales armadas, en su mayoría de Honduras y Jamaica, usando modalidades de pesca prohibidas y capturando especies protegidas. Según los pescadores, las denuncias sobre pesca ilegal que se hacen ante la Marina colombiana muchas veces quedan sin respuesta.
La pesca ilegal no solo ha impactado la subsistencia de los pequeños pescadores, muchos de los cuales han renunciado a esa actividad, sino también el balance de la reserva marítima Seaflower del archipiélago.
La pesca ilegal, no reportada y no reglamentada, el turismo y el cambio climático se juntan para poner en riesgo el arrecife Seaflower, que hace parte de la tercera estructura coralina de mayor extensión del mundo y abarca más del 77 por ciento del área coralina de Colombia. Aunque ha habido esfuerzos para proteger el arrecife mediante el turismo sostenible, la pesca ilegal amenaza con revertir muchos de esos logros. Tomado de InSight Crime
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