Nueva ley que declara Reserva de Biosfera en el Caribe de Nicaragua podría facilitar concesiones pesqueras, advierte biólogo Amaru Ruiz.
La nueva Reserva de Biosfera en el Caribe de Nicaragua, declarada este 28 de enero por la Asamblea Nacional, carece de estudios sobre la biodiversidad y tampoco fue consultada con las comunidades autónomas de la Costa Caribe, a pesar de que la mayoría orteguista del Parlamento argumentó la protección del patrimonio natural de la nación y citó el respeto a la autonomía regional.
La iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo el martes 26 de enero con “trámite de urgencia” y menos de 48 horas después, este jueves, se aprobó con 75 votos a favor, 12 en contra y una abstención. El diputado miskito del partido regional indígena Yatama, Brooklyn Rivera, originario del Caribe Norte, señaló que ese tipo de iniciativas debían pasar por un proceso amplio de consulta en las comunidades y sectores involucrados, pero, en este caso, apenas lo estaba conociendo.
También, el biólogo Amaru Ruiz, presidente de la organización ambiental Fundación del Río –cuya personería jurídica fue cancelada por el Gobierno en diciembre de 2018–, cuestiona que, para definir una área protegida, es necesario realizar una serie de estudios, que permitan conocer la importancia natural que posee la zona, las condiciones físicas, químicas, y demás elementos técnicos, pero “eso no se hizo, o al menos, no se conoce”, señaló.
Reserva de Biosfera en el Caribe está mar adentro
El documento de la iniciativa de ley es escueto en relación a los detalles técnicos sobre los recursos naturales que se quieren proteger a lo largo de los 44 157 kilómetros cuadrados que comprende la nueva Reserva de Biosfera en el Caribe, ubicada mar adentro en el Caribe nicaragüense.
Parte de esta zona ya había sido reconocida como Biosfera Seaflower en el 2000, pero con el nuevo límite establecido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre Colombia y Nicaragua, pasa a ser parte del territorio nacional.
En la exposición de motivos, además de la protección del patrimonio natural, buscan “garantizar el derecho del pueblo a un ambiente saludable, en particular, el derecho de las comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte al desarrollo sostenible y a enfrentar los impactos del cambio climático”. Más adelante, precisan las coordenadas de la zona núcleo y amortiguamiento de la Reserva.
Régimen buscaría “financiamiento verde”
Citando el antecedente de un Estado negligente con la protección de áreas naturales y la mala atención a los problemas ambientales generales, Ruiz, no descarta que la verdadera intención detrás de esta declaración de Reserva de Biosfera sea la obtención de financiamiento verde.
Al contar con una nueva zona de protección, el Estado asume la responsabilidad de administración, gestión, asignación presupuestaria para ese espacio natural. Se debe crear toda una infraestructura, una plataforma para hacer todos los estudios, continúa Ruiz.
Ante la falta de capacidad y recursos económicos para gestionar la nueva Reserva, “lo que puede estar detrás, y una de las preocupaciones, es conseguir recursos, justificar la pedida de recursos para esos temas, en la gestión de esa área protegida (…)”, expresó.
Otra consecuencia que podría tener esta nueva Ley, según Ruiz, es que de pie a concesiones para la exploración de hidrocarburos y la explotación pesquera, que al final, también se traducen en ingresos.
Sin embargo, la diputada del Frente Sandinista, Florence Levy Wilson, presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos, dio su “respaldo total” a la iniciativa, y argumentó que fortalece la reserva biológica y amplía las áreas protegidas.
Bajo la misma línea, la diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Arling Alonso, destacó que el objetivo central de declarar una Reserva de Biosfera es “de conservar la diversidad biológica, la diversidad cultural, pero a la vez, propiciar el desarrollo económico y social”.
El documento señala, a grandes rasgos, que, en la Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense, “contienen riquezas naturales y ecosistemas costeros y marinos completos y representan un alto valor ecológico y económico en la región”.
Gobierno “premiará” a invasores de la Reserva Indio Maíz
Crearán secretaría para la nueva Reserva
La Ley también manda a crear una Secretaría Técnica de la Reserva para la gestión del área protegida, que será parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua (Sinap).
La Secretaría será integrada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ejército de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (Inpesca) y los Gobiernos Regionales y el Gobierno Territorial.
Esta nueva estructura será la responsable de elaborar y aprobar en un plazo de tres meses un manual de funcionamiento interno. El plan de manejo de la nueva Reserva está bajo la coordinación del Marena.
Con la Reserva del Caribe, el país cuenta, ahora, con cuatro áreas naturales consideradas biosferas, pero solo tres de ellas han sido reconocidas de importancia internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): la Reserva de Biosfera Río San Juan, la Reserva de Biosfera Bosawas y la Reserva de Biosfera Isla de Ometepe; esta última certificada el 23 de noviembre de 2010.
En varias ocasiones, ambientalistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, como Fundación del Río, han denunciado la práctica de actividades como ganadería y minería en las áreas protegidas, sin embargo, los problemas persisten.
En 2018, el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz fue considerado como uno de los detonantes de las protestas de abril de 2018, que fueron reprimidas por el Gobierno, desencadenando una crisis sociopolítica que sigue sin una solución concreta.
*Tomado de Confidencial de Nicaragua
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