CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA MEDIDAS PARA PROTEGER A LA COMUNIDAD RAIZAL POR LOS DAÑOS DEL HURACÁN IOTA El Alto Tribunal dio un plazo no mayor a 20 días para que la Presidencia de la República y otras entidades realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de garantizar un sistema de saneamiento básico funcional, así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente. Bogotá, junio 8 de 2022. La Corte Constitucional conminó a la Presidencia, así como a otras entidades, a garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego de los daños que ocasionó el paso de huracán Iota por las islas, al dictar una serie de medidas provisionales que tienen como propósito la. protección de la integridad cultural, la vivienda digna y la salubridad de los raizales mientras se toma una decisión de fondo. El pasado 2 de junio, la Sala de. Revisión de Tutelas del Alto Tribunal, integrada por los magistrados José Fernando Reyes, Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, emitió un Auto en el marco de un proceso de tutela interpuesta por la comunidad raizal, con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y algunas organizaciones de la sociedad civil. En este ordenó adoptar medidas provisionales en el marco del proceso de tutela interpuesto por Josefina Huffington Archbold contra la Presidencia de la República y otros, para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal luego del paso de Iota. El Auto consagra como primera medida que el Ministerio de. Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD) identifiquen cada una de las viviendas del Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente, explicó María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. Como segunda medida, el Auto ordena a la UNGRD enviar información completa y detallada sobre los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, así como también los avances en la reconstrucción de hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio, infraestructura de acueducto y alcantarillado y el hospital. A la fecha no existen cifras contundentes y cronogramas públicos que permitan a la comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al mismo, señaló la directora del GAP. Asimismo, la Corte ordena la vinculación de la Agencia Nacional de Tierras con el objetivo de que informe sobre las gestiones que se han realizado en el municipio de Providencia y Santa Catalina desde el 14 de noviembre de 2020 hasta la actualidad, para adelantar un posible proceso y reconocer a los mencionados municipios como propiedad colectiva de la comunidad raizal. Para María Lucía Torres, es importante resaltar que esta medida es un paso más para equiparar los derechos de los raizales con otras comunidades étnicas del país ya que el reconocimiento de la propiedad colectiva, comprendido como un derecho fundamental, permite a las comunidades constituir resguardos, proteger el territorio contra actos de terceros y garantizar la integridad étnica y cultural, como ya lo ha dicho la Corte en otras oportunidades. Como cuarta medida, la Corte le solicitó al Ministerio de Cultura que traduzca a creole el Auto en un término no mayor de 10 días, con el objetivo que dicha traducción sea enviada a la señora Josefina Huffington Archbold para que ella divulgue el contenido de este pronunciamiento con la comunidad, logrando de esa forma la participación del pueblo raizal y la garantía del derecho a la igualdad. El pronunciamiento de la Corte Constitucional no solamente expresa un contenido acertado y coherente a luz de los derechos fundamentales y necesidades de la comunidad raizal, sino que nuevamente demostró que la Corte es la única entidad estatal que ha protegido a esta comunidad durante la presente crisis que viven a diario, enfatizó la directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. Para la profesora María Lucía Torres, es importante aclarar que el presente Auto es un gran paso para reivindicar los derechos de un pueblo que históricamente se ha sentido aislado, especialmente en medio de la lucha por salir adelante luego del paso del huracán Iota, pero aún falta mucho para alcanzar el objetivo buscado que es lograr que la comunidad, después de 2 años, pueda tener una vida digna en su territorio ancestral.
Posted by The Archipielago Press on Wednesday, June 8, 2022
El Alto Tribunal dio un plazo no mayor a 20 días para que la Presidencia de la República y otras
entidades realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de garantizar un sistema de saneamiento básico funcional, así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente.
Bogotá, junio 8 de 2022. La Corte Constitucional conminó a la Presidencia, así como a otras entidades, a garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego de los daños que ocasionó el paso de huracán Iota por las islas, al dictar una serie de medidas
provisionales que tienen como propósito la. protección de la integridad cultural, la vivienda digna y la salubridad de los raizales mientras se toma una decisión de fondo.
El pasado 2 de junio, la Sala de. Revisión de Tutelas del Alto Tribunal, integrada por los magistrados José
Fernando Reyes, Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, emitió un Auto en el marco de un proceso
de tutela interpuesta por la comunidad raizal, con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y algunas organizaciones de la sociedad civil. En este ordenó adoptar medidas
provisionales en el marco del proceso de tutela interpuesto por Josefina Huffington Archbold contra la
Presidencia de la República y otros, para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal luego del paso de Iota.
El Auto consagra como primera medida que el Ministerio de. Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD) identifiquen cada una de las viviendas del Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente, explicó María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
Como segunda medida, el Auto ordena a la UNGRD enviar información completa y detallada sobre los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, así como también los avances en la
reconstrucción de hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio, infraestructura de acueducto y alcantarillado y el hospital. A la fecha no existen cifras contundentes y cronogramas públicos que permitan a la comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al
mismo, señaló la directora del GAP.
Asimismo, la Corte ordena la vinculación de la Agencia Nacional de Tierras con el objetivo de que informe sobre las gestiones que se han realizado en el municipio de Providencia y Santa Catalina desde el 14 de noviembre de 2020 hasta la actualidad, para adelantar un posible proceso y reconocer a los mencionados
municipios como propiedad colectiva de la comunidad raizal.
Para María Lucía Torres, es importante resaltar que esta medida es un paso más para equiparar los derechos de los raizales con otras comunidades étnicas del país ya que el reconocimiento de la propiedad colectiva, comprendido como un derecho fundamental, permite a las comunidades constituir resguardos, proteger el territorio contra actos de terceros y garantizar la integridad étnica y cultural, como ya lo ha dicho la Corte en otras oportunidades.
Como cuarta medida, la Corte le solicitó al Ministerio de Cultura que traduzca a creole el Auto en un término no mayor de 10 días, con el objetivo que dicha traducción sea enviada a la señora Josefina Huffington Archbold para que ella divulgue el contenido de este pronunciamiento con la comunidad, logrando de esa forma la participación del pueblo raizal y la garantía del derecho a la igualdad.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional no solamente expresa un contenido acertado y coherente a luz
de los derechos fundamentales y necesidades de la comunidad raizal, sino que nuevamente demostró que la
Corte es la única entidad estatal que ha protegido a esta comunidad durante la presente crisis que viven a diario, enfatizó la directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
Para la profesora María Lucía Torres, es importante aclarar que el presente Auto es un gran paso para
reivindicar los derechos de un pueblo que históricamente se ha sentido aislado, especialmente en medio de la lucha por salir adelante luego del paso del huracán Iota, pero aún falta mucho para alcanzar el objetivo buscado que es lograr que la comunidad, después de 2 años, pueda tener una vida digna en su territorio ancestral.
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