El mandatario se amparo en normas orgánicas presupuestales, ordenanzas del Departamento, jurisprudencia de la Corte Constitucional y normas excepcionales del sector hacienda y crédito público para realizar contra créditos y traslados presupuestales para gastos de funcionamiento e inversión que permitan garantizar el normal desarrollo de la administración departamental y atender amenazas por riesgos y emergencias.
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