La amenaza de más perdida de territorio y el despojo de 73 mil kilómetros cuadrados de mar territorial tiene tanto de lo uno como de lo otro que resume el titular de esta nota de análisis periodístico. Si bien es cierto que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda no muestra la sindéresis que debe caracterizar a todo juez, también es cierto que Colombia es culpable por sus errores jurídicos y políticos.
CIJ, 16 años de fallos benéficos para Nicaragua
Comencemos por lo primero. La CIJ lleva 16 años en todo este litigio dándole la razón únicamente a Nicaragua y ha venido rechazando todo argumento que Colombia presente contra las pretensiones de Nicaragua que se ha salido literalmente con la suya, avalado por la CIJ.
Si tenemos que con el Tratado Bárcenas Esguerra de 1928 ganó Nicaragua al lograr que Colombia le cediera un territorio que era suyo desde 1803 cuando la Corona Española transfirió la Cedula Real de Guatemala al Virreinato de la Nueva Granada y con ella todo el territorio que comprendía la Mosquitia, y que con ello se le permitió a Managua disponer de una salida al Océano Atlántico, no debió un tribunal como la CIJ haber permitido al Régimen Sandinista que de manera unilateral invalidara un tratado que suscribió libremente con Colombia para luego reclamar nuevos límites fronterizos.
Aquí se ha violado un principio del derecho que viene desde los romanos, conocido como el Uti Posidetis Iuris, es decir, ‘como tu poseías, continuarás poseyendo además sólo queda como tu propiedad
Más recientemente, el principio ha sido utilizado para establecer las fronteras de nuevos estados surgidos tras un proceso de independencia (descolonización), como por ejemplo el caso de los países latinoamericanos, con el objeto de asegurar que las fronteras mantuvieran los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales emergieron.
Simón Bolívar al finalizar las Guerras de independencia hispanoamericana fue el primero en proponer durante el siglo XIX que los países hispanoamericanos emancipados conservasen las antiguas fronteras de las colonias del imperio español en América. Es decir, que los nuevos estados surgidos tendrían como fronteras las que le corresponderían de las colonias españolas en el año 1810, provisionalmente hasta la existencia de un tratado, alegando el año 1810 como el último de la monarquía española para la posesión legítima de sus dominios americanos. Así, al pasar a la vida independiente, se fijaron para los nuevos países unas fronteras sobre la base de los antiguos territorios coloniales que en 1810 formaban parte integrante de un virreinato, capitanía general o audiencia. Este principio ha sido alegado por diversos países hispanoamericanos.
El principio fue confirmado por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de 1986 v Burkina Faso, Malí: «[Uti possidetis] es un principio general, que está lógicamente relacionado con el fenómeno de la obtención de la independencia, dondequiera que ocurra. Su objetivo evidente es el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados esté en peligro por luchas fratricidas provocadas por el cambio de fronteras tras la retirada de la potencia administradora.»
Presentada la demanda en 2001, la Corte la admitió pese a las objeciones preliminares presentadas por Colombia, luego en 2007 la CIJ ante la imposibilidad de controvertir los títulos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia admitió que sobre ello no había discusión pero se arrogó la competencia para dirimir los límites marítimos invalidando el Meridiano 82, pese a que el mismo tratado Esguerra- Bárcenas establecía tácitamente esa frontera al determinar que uno y otro Estado no se extendía más allá de la misma. Tras arrogarse esa competencia para definir los límites, tampoco tomo en cuenta la historia, los tratados, los títulos y el ejercicio de soberanía pacifica e ininterrumpida de Colombia y le otorgó a Nicaragua el mar territorial del Archipiélago. Pero no contento con eso, ahora, de nuevo admite dos demandas de Nicaragua, donde existen dos particularidades que llevaron a Colombia a aventurar su abstención de comparecer al proceso: que la CIJ decide revisar su propia decisión y que decide ocuparse de una demanda sobre un tratado del que Colombia no es signatario como la Convención del Mar, para el caso del reclamo de plataforma continental extendida.
Al admitir una demanda contra Colombia por eventual desacato del fallo de noviembre 19 de 2012, la CIJ estaría violando otro principio del derecho conocido como el non bis in idem, que consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo que se sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdicción administrativa y la penal.
Este recorrido cronológico de tres lustros en la CIJ aceptando solo los argumentos de Nicaragua y nunca los de Colombia es lo que hace prever que las nuevas decisiones seguirán siendo favorables al vecino centroamericano, que ha hecho de su política de mal vecino, una de sus fortalezas ante la CIJ. Como dirían en los despachos judiciales “Nicaragua es conocida de autos” en la CIJ. Esto porque sus reiteradas demandas contra Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia, le han permitido crear cierta experiencia, familiaridad y lobby en la CIJ, que parece empezar a darle los frutos que la política exterior de Managua ha trazado.
Llama la atención que para fallar favorablemente a Nicaragua la CIJ echó mano a las dos excepciones de la regla general sobre la operatividad en el tiempo de las normas: la retroactividad y la ultractividad. Dice la CIJ que no se puede aplicar
el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá (que es la norma que la obliga a resolver sus conflictos de manera pacífica ante la CIJ) de manera retroactiva para que no se ocupe de un proceso que hacia atrás ya venía conociendo ese tribunal y del que ya se emitió fallo en noviembre 19 del 2012. Pero al mismo tiempo y a pesar de que Colombia ya se había retirado del Pacto de Bogotá usa el principio de la ultractividad (aplicación de normas ya derogadas que tiene por función la preservación de derechos específicamente determinados) para seguir conociendo nuevas demandas contra nuestro país.
Las culpas de Colombia
Colombia no es menos culpable de lo que ha pasado y sus culpas son más producto de su miopía política que de fallas jurídicas que también las ha tenido.
La primera falla política nace en el propio tratado de 1928 cuando Colombia le cede su territorio a Nicaragua y dividió a las familias raizales del archipiélago de San Andrés con sus parientes de la Mosquitia. Luego haber subestimado los reclamos nicaragüenses e incluso las voces autorizadas en Colombia (Alfonso López Michelsen) que le pedían negociar con Managua un tratado limítrofe que aclarara cuál era la real frontera marítima. Se siguen desoyendo otras voces como la de Enrique Gaviria Liévano que hace años viene reclamando la declaratoria de Archipiélago de Estado para que San Andrés y Providencia reclamen su propio mar territorial y plataforma continental, la cual ahora acaba de recoger el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.
Otra falta política, pero que al mismo tiempo es jurídica, fue haber aceptado en el 2001 haber ido a ese tribunal a discutir un asunto que no tenía por qué debatirse por que un tratado ya lo había determinado en 1928.
No menos grave políticamente han sido culpas aberrantes de Colombia frente a La Haya y Nicaragua, el haber invisibilizado al Pueblo Raizal de las Islas que para la CIJ, como grupo étnico habría sido determinante el respeto a los derechos que debía preservarle. Igualmente haber dado poca importancia a la Reserva de Biosfera Sea Flower como patrimonio ambiental de la humanidad en el Caribe Occidental que Colombia gracias a la gestión de Coralina ante la Unesco logró consolidar y con el apoyo de la Armada Nacional se ha podido preservar. Y por último haber olvidado el lobby político y las buenas relaciones sociales que durante muchos años de residencia en La Haya, venía construyendo Carlos Arguello (agente de Nicaragua ante la CIJ), mientras Colombia cada tanto cambiaba a su representante en ese tribunal. Es decir que Colombia creyó que con la historia y los títulos era suficiente razón. Ligia Rojas Lobo
A juicio de la abogada Ligia Rojas Lobo “el Estado Colombiano ha sido inferior en su responsabilidad de defender los más altos intereses de la Nación colombiana, no hubo una defensa técnica ni adjetiva ni sustantiva, su actuación ante la CJI ha sido inane, ineficaz y sin fuerza y fondo de un litigio de alta envergadura, como ameritaba el caso, desde el principio hasta el final. Se le insistió por parte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia que se interpusiera recurso de revisión, para dejar sentado, por lo menos, las razones de inaplicabilidad del fallo, hubo omisión; ahora gravísimo que no actúe en la defensa, el proceso sigue, y peor, además en posición débil para negociar. Es un mensaje de pataleta por derrota. Quién negocia bien con un corrido de la cancha de juego; esto suena como a Acuerdos bajo la Mesa desde La Habana, pero no a favor del Archipiélago ni de Colombia. Ahora debemos exigir que Colombia siga actuando procesalmente, presente contramemoria de inaplicabilidad del fallo, y que seamos partícipes del proyecto de tratado con Nicaragua”
El no comparecer más puede ser otro error igual o peor de grave a los anteriores, pero ciertamente en esta ocasión la supuesta falta de sindéresis e imparcialidad del juez parece razón suficiente para que Colombia anticipadamente deje las constancias de la desconfianza que produce un juez que aparentemente actúa con algunos sesgos, y de esta manera desconoce anticipadamente su fallo antes de someterse a su competencia para que después no aleguen en su contra que se sometió al juego y luego patalea por haber perdido el mismo. Será mejor el remedio que la enfermedad?. Amanecerá y veremos. Por César Pizarro B
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