Por Alvaro Archbold Núñez
El escandaloso contrato de Consultoría para la elaboración del plan director del recurso hídrico de San Andrés.
En el año 2008 la Corporación Ambiental de San Andrés y Providencia, CORALINA, le solicitó a la Universidad Nacional la presentación de una propuesta para el estudio mediante un modelo numérico, del comportamiento del acuífero de San Andrés ante escenarios de cambio climático, haciendo énfasis en la utilidad de proyectar diferentes escenarios de recarga, aumento del nivel del mar y extracción para traducirlos en un modelo que permitiera simular el flujo de aguas subterráneas estimando la respuesta del acuífero en cada caso, para de esa forma buscar la sostenibilidad a largo plazo del recurso hídrico de la isla, estimando los costos para tratar los diferentes tipos de agua que se encuentren en la misma.
De esa forma se suscribió el contrato de consultoría N0. 081 celebrado con Conservacion Internacional Colombia en su calidad de responsable de la ejecución administrativa y financiera del Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La Universidad Nacional, a través de la Facultad de Minas de Medellín, desarrolló el estudio, que dio origen al informe denominado “Informe Final de Modelación del Acuífero de San Andrés bajo escenarios de Cambio Climático y usos del Recurso”; valga la pena decir, uno de los estudios más completos, rigorosos e innovadores de los que se hayan hecho sobre el tema para la isla de San Andrés.
El estudio parte de la hipótesis que las variaciones climáticas afectarían la calidad de las aguas subterráneas por intrusión salina, y la cantidad, por reducción de la precipitación total y aumento de la temperatura media con consiguiente aumento de la evapotranspiración, pudiendo generar un decrecimiento en los volúmenes de recarga de los acuíferos de San Andrés. Se propuso además, estimar el costo para tratar los diferentes tipos de agua que se encuentran en la isla.
Con el rigor de la investigación científica, el estudio se dividió en 8 capítulos diferentes, abarcando la recolección de información, hidrología, Geología, Inventario de puntos de aguas, el modelo conceptual de la isla de San Andrés, el modelo numérico del sistema acuífero San Andrés, la demanda del recurso hídrico y las conclusiones, dándole la importancia y trascendencia que se merece el tema de la superpoblación.
Hace un análisis económico minucioso del costo de desalinización de agua en diferentes escenarios, haciendo una comparación entre los costos de desalinizar agua y los costos de potabilizar agua del Cove, expresando que con el fin de no trasladar el costo adicional por desalinización de agua existen alternativas como un costo tarifario discriminado, donde la población flotante pague más por el servicio de agua potable que la población residente, o tarifas diferenciales dependiendo del consumo.
Finaliza diciendo que las proyecciones de costos de agua desalinizada muestran que siempre son mayores que el abastecimiento a través del acuífero de la cuenca del Cove, pero que este último recurso tiene restricciones de explotación que hacen viable la desalinización como alternativa de uso, agregando que el abastecimiento suplementario de agua por medio de tanques unifamiliares resulta una alternativa excesivamente costosa respecto al precio del agua desalinizada, por lo que su ejecución no es viable para la isla de San Andrés.
Existen otros estudios sobre el comportamiento hídrico, climático y de vertimientos para la isla de San Andrés como los de Ingeominas de los años 1989, 1993, 1994 y 1997; el documento CONPES 3350; el de Angel & Rodriguez de 1998; el de Ingestudios de 1997 denominado Proyecto de Desarrollo Institucional en el Estudio de la Demanda de Agua de San Andrés; el de Osorio de 2007 sobre los resultados de análisis para la base de datos de las redes de monitoreo de calidad, niveles y concesiones de agua subterránea en la isla de San Andrés, y el mismo de Proactiva del 2008 denominado “ Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos para la Isla de San Andrés, entre otros.
No obstante lo anterior, a pesar de los diferentes estudios realizados sobre el comportamiento hídrico de la isla de San Andrés, en especial el ya mencionado realizado por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, el gobierno colombiano a través de la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. Findeter utilizando la modalidad contractual de la consultoría, suscribió de manera directa y de conformidad con el derecho privado, dentro del programa de apoyo al desarrollo sostenible del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el contrato N0. 008 de 2015 con el Consorcio Asociacion CDM Smith – Ingesam
El contrato de prestación de servicios de consultoria que asciende a la suma astronómica de tres mil ochocientos noventa millones de pesos ($3.890.000.000.00) y que tiene como fuente para su financiación los recursos provenientes de los 70 millones del crédito del BID – que dizque nos han sabido regalar para contentarnos por la pérdida de nuestro territorio con motivo del adverso fallo de La Haya – tiene como objeto la recopilación y análisis de la información existente; el diagnóstico de la actual gestión del agua en San Andrés; Estudios complementarios, balance hídrico, análisis y selección de alternativas; Plan de obras e inversiones y los diseños de detalle de obras prioritarias.
Es decir, temas que han sido estudiados y que debiendo ser actualizados y profundizados, existe ya el excelente antecedente y seriedad de la Universidad Nacional de Colombia con quien las cosas serían a otro precio, en favor de la comunidad de San Andrés y sin la participación de firmas extranjeras que como las golondrinas que siempre han viajado a San Andrés, nada bueno nos han dejado.
CDM, de acuerdo su página de promoción, es una empresa de consultoría de los Estados Unidos dedicada a proveer soluciones duraderas e integradas en cuestiones de agua, medio ambiente, transporte, energía e instalaciones del sector de construcción.
En San Andrés nada se sabe de este nuevo orangután que nos llega por la puerta grande del Coral Palace, con el solo referente de ser americanos; y tampoco de Ingesam LTDA, empresa colombiana de Ingeniería de Saneamiento Ambiental de Cali, recientemente adquirida por CDM, constituyendo el consorcio de asociación.
Pero para mayor suspicacia y desconfianza parece ser – sujeto a próxima verificación – que la interventoría del contrato de consultoría adjudicado a dedo por Findeter a la empresa estadounidense será ejercida por una firma cercana a Proactiva Aguas de San Andrés S.A. E.S.P.
Lo anterior demuestra que las llamadas ayudas internacionales cuando llegan a sus destinatarios podrían estar contaminadas condicionando los proyectos y programas a la contratación con ciertas empresas desde instituciones del Estado que podrían ser permeables a este tipo de prácticas en detrimento del patrimonio público de las comunidades, existiendo en el mundo de los negocios empresas que hacen lo mismo pero descontando del valor del contrato adjudicado los costos de las consultorías realizadas.
La detección temprana de señales de alerta de que hablan los organismos multilaterales de cooperación en el manejo de los recursos, parece ser que tampoco funcionaron para nuestra situación en San Andrés. Y así se comienzan a esfum
ar los $70 millones de dólares que algunos anhelaban manejar desde las proximidades del Coral Palace. El Estado debe saber que los ciudadanos de estas islas ya no somos sujetos pasivos de las negociaciones y decisiones que toman detrás de bambalinas; y que la suma exorbitante de dinero de nuestros recursos que silenciosamente han aplicado para negociar y contratar consultorías, será debidamente observada y constituirá un elemento más para demostrar que el fallo de La Haya está siendo utilizado para beneficiar empresas foráneas que juegan con los tecnócratas del país andino. Una forma más de desarrollar prácticas coloniales de subordinación en nuestro territorio.
Adenda: José Miguel Otero, estadístico y jefe de la División de Asentamientos Humanos del Ministerio del Medio Ambiente, dijo al periódico IPS que “la densidad demográfica sólo es catastrófica en situaciones de pobreza”, y esto es lo que ocurre actualmente en San Andrés.
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