La noticia mundial que estalló la semana pasada por cuenta de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos respecto del empresario Abdul Waked Fares es una muy mala noticia no sólo para el empresario y su familia si no que lo es también para Panamá y San Andrés donde genera importantes beneficios sociales y económicos a la población y a la hacienda pública, y por ello no deja de producir preocupación.
En el caso de San Andrés donde nació la primera tienda de cosméticos La Riviera, también genera una afectación para la renovación urbana de la ciudad, porque ha sido de la mano de la construcción y modernización de tiendas y almacenes de esa cadena, que hoy día el comercio de San Andrés muestra una cara moderna y glamorosa, y algunos de los centros comerciales que ha intervenido esa organización aún están sin terminar y podrían quedar paralizados por cuenta del bloqueo financiero que implica hacer parte de la lista OFAC.
Las preocupaciones en Panamá
De acuerdo con publicaciones económicas de Panamá, la situación jurídica del Grupo Waked Internacional S.A, (Wisa) planteado por la Oficina del Tesoro de Estados Unidosamenaza la estabilidad económica de Panamá donde se pone en riesgo más de 6,000 plazas de empleos en 68 empresas que aparecen en la lista Clinton de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (Ofac). Similar preocupación han empezado a expresar analistas de las islas sobre el empleo, el apoyo de programas sociales de esa organización empresarial en las islas y en la importante tributación que le hacen a las arcas departamentales
Ante esto, Morabia Guerrero, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señaló que esta situación afecta principalmente a todo el sector laboral panameño, en caso de que haya cierre en las empresas mencionadas. A la Apede le preocupa que se involucren a más empresas nacionales porque dañan la imagen de Panamá de manera internacional. «La precaución primaria es que haya despidos masivos porque afectan la familia panameña, genera más incertidumbre y puede subir los índices de desempleos, y no queremos que estas cosas ocurran», finalizó Guerrero.
Morabia recordó que recientemente se conoció el caso de los Panamá Papers, pero que ahora es más preocupante porque se trata de empresas dedicadas a bancos, servicios, ventas de bienes y materiales, señaladas por los Estados Unidos de lavado de dinero.
Para los distintos sectores de la economía es lamentable que en menos de dos meses el nombre de Panamá se vea vinculado, a nivel internacional, con el lavado de dinero y blanqueo de capitales. Contrario a la Apede, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge García Icaza, considera que es muy pronto para realizar especulaciones sobre cualquier impacto que pueda tener este caso de dos grupos familiares fuertes. Aclaró que esta situación afecta a dos grupos familiares que deben ahora presentar sus descargos y que la economía panameña es muy fuerte y sabrá evaluar sus fortalezas y debilidades.
Panamá, recientemente, logró salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), acto que fue celebrado por las autoridades panameñas, luego de cumplir con avances de implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) espera que tras la revelación de los Panamá Papers, el país evite la evasión fiscal.
Las autoridades panameñas se encuentran en una lucha por defender la transparencia del país a nivel mundial. Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), manifestó que esto es una investigación preliminar y, por lo tanto, se deben seguir los procesos. Para Suárez, lo importante es que las personas no se dejen llevar por la pasión. «Cualquier tipo de rumor infundado causan preocupación en el mercado inmobiliario y en la economía en general», indicó Suárez. Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, es de la opinión de que la noticia ha causado asombro porque se trata de un grupo comercial muy fuerte en Panamá y América Latina.
Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), indicó que Waked se trata de un grupo empresarial reconocido en la Zona Libre de Colón desde hace muchos años y si hay algo adicional a su trabajo, corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes. Sousa afirmó que la afectación dependerá de lo que resulte de las investigaciones, toda vez que se está hablando de un grupo económico muy importante en importantes sectores económicos en Zona Libre de Colón e involucra a muchas familias.
En tanto, el gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Surse Pierpoint, solo se limitó a decir que todavía están tratando de asimilar la noticia. Pierpoint informó que durante los próximos días se estarán realizando labores investigativas dentro de la zona franca, producto de la noticia. Esta zona franca se ha visto afectada por la situación económica de sus principales mercados, sin embargo, ahora atraviesa por una nueva situación que puede impactar en unos 4,000 puestos de trabajos generados por el grupo Waked.
Aunque no se dieron a conocer mayores detalles, los trabajadores de la Zona Libre de Colón donde existen unas 2,400 empresas se encuentran en incertidumbre por no saber qué pasará en los próximos meses con estas empresas. Actualmente en la ZLC se han dado más de 9,000 despidos por la crisis económica que enfrenta debido a la desaceleración económica de los principales mercados como Venezuela y Colombia. Estos despidos se suman al de otros sectores económicos del país que también se han visto afectados por la desaceleración económica y la lenta ejecución del Gobierno. Esto se ve reflejado en la tasa de desempleo total, que aumentó de 4.8% a 5.1% en el 2015, que incluye a los desempleados, hayan hecho o no gestiones para buscar trabajo.
Las preocupaciones en San Andrés
El primero en expresar su preocupaciones por el futuro de La Riviera es el exgobernador del Departamento Álvaro Archbold Núñez quien conoce de los asuntos de la hacienda pública del Departamento y sabe qué implicaciones podría traer para el Archipiélago la situación legal que ha generado la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, y dependiendo de la demora que se tome resolver esta situación que según su propietario corresponde a acusaciones infundadas y falsas.
Archbold Núñez a través de su blog “Quitasueño” recordó que La Riviera tiene 14 establecimientos de comercio distribuidos en diferentes puntos de la Isla. Es una empresa que tributa en el Departamento y es sujeto activo del impuesto al consumo, industria y comercio y Predial Unificado.
“Su planta de personal la coloca como la empresa que tiene mayor número de personal a su cargo, a excepción de los Hoteles Decamerón. Aproximadamente 200 personas se encuentran vinculadas a la empresa por contratos de trabajo, y si hacemos una relación con el número de trabajadores que se encuentran actualmente en la planta de personal de la gobernación, que son en total 318, La Riviera emplea un número de trabajadores equivalente al 62.89% del Ente Territorial. Casi todos los trabajadores son mujeres,
madres cabeza de hogar, y la empresa cancela comisiones sobre ventas realizadas. Lo anterior nos demuestra que el primer impacto frente a una eventual desvinculación de trabajadores de la empresa, lo constituiría la pérdida y el deterioro del empleo en el Departamento. Pero también todo lo que tiene que ver con el registro mercantil en la Cámara de Comercio de San Andrés, en donde figuran como grandes contribuyentes teniendo en cuenta que la matrícula de los comerciantes o su renovación causará anualmente derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos, además de otros derechos por inscripción de libros y documentos, derechos de cancelaciones, expedición de formularios, mutaciones, etc.”, aseguró Archbold Núñez.
“Queda por determinar cuál podría ser la afectación en el recaudo de los impuestos del departamento, en donde La Riviera es sujeto activo, porque habría que desglosar en cuál de ellos califica, por cuanto el impuesto al consumo tiene diferentes componentes: licores, Cerveza, Cigarrillos y tabacos, con un valor total presupuestado para el año 2016 de aproximadamente 2.200 millones de pesos. Así mismo en el Impuesto de Industria y Comercio originado en actividades comerciales y de servicios de la empresa (destinado a la atención de servicios públicos) existen presupuestados en el Departamento, 6.000 millones de pesos como Ingresos Corrientes de Libre Destinación y 15.000 millones por concepto de mercancías extranjeras. Se hace necesario realizar un ejercicio parecido para determinar cuál es el monto que cancela anualmente La Riviera, teniendo en cuenta que el cálculo de este impuesto depende de los ingresos ordinarios y extraordinarios , ventas de activos fijos, devoluciones, rebajas, etc. , que solamente un análisis contable y financiero de la Hacienda Pública del Departamento, podría determinar con precisión, aunque desde ya no se descarta que es uno de los grandes contribuyentes en esta modalidad de los impuestos municipales del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”
Para el exmandatario, “aunado a lo anterior, las dificultades y restricciones en la realización de operaciones encontrándose en la Lista, indican que el sistema bancario de la isla se podría ver afectado en los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro y en las comisiones por reembolsos al exterior que cancelan los comerciantes de la isla que tienen créditos con el Grupo Wisa, al cual pertenece La Riviera.”
Finalmente Archbold asegura que “todo sumado, la economía es una máquina compuesta de piezas que se mueven entre sí, de tal manera, que cuando falla una, la otra se resiente. Y yendo aún más lejos, quedan de una u otra forma afectados programas que dependen de la responsabilidad social de las empresas, en este caso, La Liga contra el Cáncer, el Programa de Diabéticos de las Damas Voluntarias y el Programa de Atención y Prevención contra la Drogadicción de la Iglesia del Pastor Donaldo Bryan en la Isla de Providencia. Todo eso puede ocurrir en la fragilidad de la economía del Puerto Libre de la Isla de San Andrés, pegada con babas y a la merced de decisiones extraterritoriales, por encima de la administración de justicia colombiana, que podría generar una nueva crisis, como aquella que vivió la isla en la finalización de los noventa.”
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