El análisis de la metadata del archivo utilizado por el presidente Gustavo Petro para sustentar denuncias de fraude electoral indica que el documento tuvo origen en la Registraduría, pero fue modificado por un externo.
Más se demoraron en conocerse los resultados de las elecciones del domingo pasado, en las que salió derrotado Iván Cepeda y el proyecto político de Gustavo Petro, que en que el mismo mandatario saliera a denunciar “fraude” en su cuenta de X.
Las más recientes revelaciones del periodista Daniel Coronell, que analizó los metadatos del documento con el que Petro denunció el supuesto engaño, muestran que no habría sido fraude sino un montaje.
Dos cosas distintas. El fraude implicaría que se hubieran manipulado las elecciones. Lo cual no ocurrió. En cambio, según las nuevas pruebas, se trata de un montaje diseñado para hacer creer que se manipularon los resultados.
¿Quién hizo el montaje? La hipótesis más fuerte es que vendría del mismo petrismo. En primer lugar, porque fue Petro el que hizo la denuncia y quien presentó la copia del censo electoral que habría sido manipulado.
¿Cuál fue la denuncia de Petro?
El domingo por la noche habló de fraude y mencionó que identificaron 885.000 cédulas incorporadas de manera irregular en el censo electoral.
El martes a las 7:50 de la mañana, el Presidente precisó en su cuenta de X: “Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible”, y anotó: “El software sí fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm”.
Petro, según lo que mostró, se refería no a un software como tal sino al censo electoral, que es un largo listado en el que aparecen los nombres de todos los colombianos inscritos para votar, con su cédula, mesa por mesa, y municipio por municipio. El Presidente concluyó entonces que por la manipulación, se incluyeron 885.409 cédulas nuevas a deshoras en el censo electoral.
“La modificación consistió en modificar el censo electoral. La cuantía de la modificación es la siguiente: censo oficial 41.421.973, esta cifra fue cambiada el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad: 42.307.373”, agregó.
Por supuesto, de ser cierto, eso sería un escándalo. Sin embargo, lo que Petro no contó es que el censo electoral qué él publicó no era el original de la Registraduría sino una copia.
Al menos eso fue lo que reveló Coronell, quien dijo haber visto los dos documentos –el original y la copia– y mientras la modificación aparece en el primero no aparece en el segundo.
“La modificación pudo ser efectuada por un usuario externo a la Registraduría y no en el documento guía sino en una de las copias entregadas a los representantes de los partidos políticos en la reunión del pasado 30 de abril. Yo mire el documento original y la metadata y no aparece esta última modificación”, aseguró el periodista en su espacio El Reporte Coronell.
Y tal vez la prueba reina de que el censo original no se modificó está en que la cifra de inscritos en el censo electoral (41.421.973 de colombianos) no cambió desde ese 30 de abril hasta el 31 de mayo.
Es decir, el mismo número que presentó la Registraduría en la reunión de los partidos un mes antes de las elecciones, fue el mismo número que apareció en la aplicación de la Registraduría y en su página web, a través de las cuales todos los colombianos siguieron los resultados electorales el domingo pasado.
Dicho de otra manera: las 885.000 cédulas de más que le aparecieron a Petro en su copia del censo electoral nunca estuvieron en el original con el cual la Registraduría hizo el preconteo y luego se hizo el escrutinio.
¿Quién hizo el montaje?
Cabe recordar que el “posible fraude” lo venía cocinando el propio Presidente desde meses atrás. Petro lleva ocho meses construyendo la narrativa del fraude. No es una reacción a los resultados del 31 de mayo: más bien parece un plan.
El primer acto comenzó alrededor de septiembre de 2025, ocho meses antes de las elecciones. Petro empezó a señalar públicamente a Thomas Greg & Sons —la empresa encargada del preconteo electoral— como el vector del fraude que, según él, se preparaba. Lo hizo en tono de deber republicano: “Mi obligación como jefe de Estado es alertar sobre los mayores riesgos para la democracia colombiana”.
El 17 de febrero de 2026 subió la apuesta. Los formularios E-14 con casillas en blanco eran, a su juicio, la puerta de entrada al fraude físico. Dos días después, el 19 de febrero, amplió el cargo: Thomas Greg manejaba simultáneamente el software electoral y las bases de datos de cedulación y pasaportes, lo que —según él— permitiría hacer votar a colombianos sin su consentimiento.
El 23 de febrero publicó 25 trinos en una semana contradiciéndose con la Registraduría, la MOE y medios de comunicación.
El 12 de marzo fue más lejos: “Ya se realizó un trato entre un candidato —que busca ganar a toda costa— y los dueños de la empresa escrutadora”. Nombró al procurador Gregorio Eljach y al registrador Hernán Penagos como cómplices de su silenciamiento.
La Silla Vacía rastreó 1.783 publicaciones sobre fraude electoral en X entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026. De los 329 con mayor alcance —que suman 26 millones de visualizaciones—, 59 son del presidente Petro, con 12,8 millones de vistas: más que cualquier otro actor político del país.
No es un ciudadano preocupado. Es el principal arquitecto de una narrativa que se construyó con método y, todo indica, buscaba crear un ambiente favorable a denunciar el fraude en el evento, como ocurrió, que perdiera su candidato.
Curiosamente, a pesar de que Petro critica duramente el sistema electoral y sus operadores, solo grita fraude cuando pierde. Cuando gana, con este mismo sistema electoral, no se le ocurre decir que hubo trampa: como el pasado marzo en las parlamentarias, cuando su partido obtuvo la mayor votación, o en su propia elección presidencial en 2022 o cuando ganó la Alcaldía de Bogotá en 2011.
Las autoridades más reputadas del mundo en materia electoral no dejaron duda alguna sobre las elecciones del domingo, desde el comité de observación de la Unión Europea, pasando por la ONU y la OEA, hasta el Centro Carter y los observadores de Estados Unidos, no ahorraron elogios y felicitaciones por lo rápida, tranquila y transparente de la jornada.
El mismo candidato Iván Cepeda terminó desmintiendo el lunes a Gustavo Petro y señaló que en su campaña no tenían evidencias de fraude.
Y ayer se dieron a conocer los resultados del escrutinio que ratifican la calidad con la que operó el sistema electoral: Abelardo de la Espriella: 10.366.143 votos e Iván Cepeda 9.703.921 votos.
Una diferencia mínima con el preconteo que había dado: 10.361.499 a Abelardo y 9.688.361 a Cepeda. Es decir, la diferencia entre preconteo y escrutinio en el primero fue de solo de 4.644 votos y en Cepeda de 15.560 votos. Un número poco relevante en este tipo de procesos.
Además no hubo una sola reclamación en el escrutinio que hace el CNE. “¿Dónde están las miles de reclamaciones de las que habló el presidente el domingo?”, comentó un magistrado a EL COLOMBIANO.
Este jueves, el registrador Penagos citó a una reunión a los partidos políticos, órganos de control y misiones de observación electoral y allí todos pudieron constatar, con respaldo técnico, que ni los software ni el censo electoral fueron modificados el pasado 26 de pasado como dijo Petro.
Como Trump y Bolsonaro
Este no es un fenómeno solo de Petro. Ya existe un manual probado: denunciar fraude antes de las elecciones para que, si se pierde, la narrativa ya esté instalada. Lo usó Jair Bolsonaro en Brasil en 2022 y Donald Trump en 2020. En ambos casos derivó en intentos de desconocer resultados.
Trump alegó fraude masivo a través del voto por correo, se negó a reconocer la victoria de Biden, y el 6 de enero de 2021 sus seguidores asaltaron el Capitolio.
Bolsonaro recurrió a la estrategia de sembrar dudas sobre el proceso electoral y anticipar la denuncia de fraude antes de las elecciones de 2022.
Tras perder ante Lula, él y cientos de personas enfrentaron consecuencias legales serias por difundir la “gran mentira”. Fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Lo que está en juego
Petro no solo habla desde su cuenta personal: sus mensajes se replican en los canales de la Presidencia, en los medios públicos y en el periódico Vida del Gobierno. Es el Estado, pagado con recursos públicos, sembrando dudas sobre sus propias instituciones electorales.
El Tribunal de Cundinamarca ya le había ordenado al mandatario, en marzo de este año, rectificar sus afirmaciones de fraude en las elecciones de 2014 y 2022, y abstenerse de hacer señalamientos sin pruebas. La orden fue ignorada.
A tres semanas de la segunda vuelta, la pregunta no es si hubo fraude el 31 de mayo —las instituciones, los observadores internacionales y el propio escrutinio lo descartan con contundencia–.
La pregunta es qué viene después: si un presidente en ejercicio, con el aparato del Estado y 4,7 millones de visualizaciones de su denuncia en X, está dispuesto a respetar el resultado del 21 de junio.
La respuesta, visto el libreto que ha construido en los últimos ocho meses, no es tranquilizadora.
La mayoría de estas, 168, están en municipios PDET, que se definen como municipios con alto nivel de pobreza, debilidad institucional y administrativa, alto grado de afectación del conflicto y presencia de cultivos ilícitos. Muchos de estos municipios, incluso otros con alta presencia de grupos armados, son conocidos coloquialmente como “zonas rojas”.
Pueden influir múltiples factores para que esto ocurra. En esas mesas hubo una abstención alta; solo participó un 19.8 % de votantes. Entre todas había un potencial total de 78.480 votos. Fueron a votar 15.542 personas, 12.434 en municipios PDET, todas por Cepeda.
La concentración territorial de los votos obtenidos es fuerte en Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, que reúnen el 90.8 % del total de las mesas. Todos han sido departamentos fuertes para el voto del Pacto Histórico tanto en 2022 como este año. Por ejemplo, de Nariño es el exgobernador Camilo Romero, uno de los más fuertes alfiles de la campaña de Cepeda.
Para Ricardo Ruiz, politólogo y analista de datos, hay varios aspectos que podrían explicar este fenómeno electoral.
“Hay unos sitios, sobre todo en el Chocó, que antes no votaban o donde ganaba el voto en blanco; tenían un abandono muy grande del Estado. En la campaña de Petro de 2022, llegó gente de los equipos allá”, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO.
A pesar de lo anterior, hay denuncias recientes de pobladores en Nariño, Cauca y Meta que señalan a grupos armados de presionarlos para votar por el candidato del Pacto Histórico.
Como ha contado este diario, los ilegales tienen un sistema de carnetización en zonas donde reemplazan al Estado e influyen en la vida cotidiana de la gente, pero también en contexto específicos como unas elecciones.
¿Presión armada?
También habló el experto de que, si bien hay presión armada, no es algo que pueda generalizarse, sino que hay varios factores que se cruzan, por lo menos con lo que se conoce.
“Hay sitios en donde sí hay presión armada. Pero no se puede generalizar sin datos precisos. En municipios con 5 o 10 mil personas, puede haber sitios que dependen, por ejemplo, de la coca, y votan libremente según lo que vean que les conviene”, agregó Ruiz.
Sin embargo, dijo, “no puede que eso no se tome todo el municipio, sino que son algunas veredas o sectores específicos. Hace falta una investigación que se de cuenta dónde el voto es influido por presión armada y donde por otros factores”.
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Para Ximena Echavarría, abogada experta en derecho electoral y oriunda del departamento del Chocó, también hay diferentes factores que pueden explicar que haya mesas, incluso, con el 100 % de los votos para un candidato.
“El tema de la presión armada es importante. Si se hace un análisis de la ocupación del territorio chocoano por parte de los grupos que ocupan rutas y minería ilegal, tiene que ver”, dijo.
“Otro tema es el de la narrativa. En el departamento hay un resentimiento natural por el abandono histórico del Estado. Por eso es importante que un candidato los ponga en la conversación, así no haya una mejora en su calidad de vida”, agregó Echavarría.
Y profundizó su explicación con base en un municipio que considera un caso atípico en el departamento.
“Eso se nota por ejemplo cuando se ve el mapa electoral. El único municipio donde no ganó Cepeda es el Carmen de Atrato, habitado por mestizos, con costumbres más paisas. Y tienen presencia el clan del Golfo y el ELN, pero saben que no les da para amenazar a la gente por cómo vota”.
Echavarría resaltó que “hay un voto disciplinado de comunidades indígenas e influencia de ilegales, con sus respectivas actividades económicas de las que la gente depende”.
Según la experta, todos estos factores pueden reproducirse, con sus matices y particularidades, en otros departamentos nombrados como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Cepeda ganó en Chocó por amplio margen (109.148 contra 22.782 de Abelardo de la Espriella), donde el conflicto es entre el Clan del Golfo y el ELN.
Logró lo mismo en Cauca (462.794 vs 131.175), uno de los departamentos más afectados por el terrorismo, con frecuentes atentados con bombas que perjudican a la población civil. Allí el conflicto involucra al Estado Mayor Central (EMC), el ELN y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.
También fue el candidato predilecto en Nariño (472.845 vs 148.120), donde la lucha criminal está entre el EMC de “Iván Mordisco”, la CNEB y una facción nueva que saltó a escena en 2025, la cual se hace llamar Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
A su vez, ganó en el eje Vichada-Guainía (16.547 vs 13.056), donde hay una pugna entre el ELN y la Segunda Marquetalia por el control de la minería de coltán. A su vez, se llevó el botín electoral de Valle del Cauca (1’119.914 contra 710.909), un departamento que sufre por la contienda entre cuatro grupos delincuenciales: EMC, ELN, el Clan del Golfo y el frente 57 de la Segunda Marquetalia.
Fuente: El Colombiano
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