Infobae Colombia conoció que al interior de la Fiscalía General de la Nación existe caos por varias razones, que van desde funcionarios cuestionados por sus resultados, hasta asesores que le hablan de cerca a la fiscal y que han contribuido a desarmar lo que funcionaba de la administración de Francisco Barbosa
Desde la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación, el 12 de marzo de 2024, la institución se encuentra sumida en un estado de parálisis que ha generado preocupación en distintos sectores. Camargo, jurista de amplia trayectoria, fue elegida por la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Francisco Barbosa, que dejó la entidad con varios procesos en curso y bajo fuertes críticas por su gestión; sin embargo, los primeros meses de la nueva administración se han caracterizado por una serie de decisiones administrativas que han afectado la operatividad de la Fiscalía.
Uno de los puntos críticos ha sido la situación al interior del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), cuya directora encargada, Elizabeth Alfonso Rincón, no ha recibido la autorización necesaria para dejar en firme decisiones, lo que ha provocado un represamiento significativo de documentos y acciones en diversas áreas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ente investigador.
Cambios administrativos y nombramientos cuestionados
Según pudo conocer en exclusiva Infobae Colombia, los problemas en la Fiscalía no se limitan a la falta de facultades otorgadas a la directora encargada del CTI, pues los cambios introducidos por la nueva administración han generado confusión y preocupación entre los funcionarios.
Esta fuente señaló que, aunque la actual administración había criticado duramente la gestión de Barbosa, en la práctica se ha mantenido gran parte de su enfoque estratégico, limitándose a cambiar los nombres de los responsables sin modificar sustancialmente las políticas.
Entre los nombramientos que han causado controversia se encuentran tres delegados designados por Camargo, quienes, según la fuente, no tienen la experiencia ni el conocimiento necesario para manejar sus respectivas áreas.
La lucha contra el crimen organizado se ha debilitado tras decisiones polémicas al interior de la Fiscalía.
Uno de los casos más mencionados es el de la delegada para las finanzas criminales, quien, a pesar de no tener formación en Derecho, se encuentra liderando un área clave para la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros, aunque su enfoque, centrado en la analítica de datos, ha generado críticas por alejarse de los principios jurídicos que deben guiar este tipo de investigaciones.
Otra figura cuestionada es la delegada para la seguridad territorial, quien, si bien se reconoce como una persona trabajadora, carece del conocimiento necesario para abordar las complejas problemáticas relacionadas con la seguridad en las regiones. Según la fuente, esta delegada ya ha sido reemplazada en otros cargos debido a su desorganización en la gestión de casos y en su trato inadecuado hacia el personal a su cargo.
Finalmente, el delegado para el crimen organizado también ha sido objeto de críticas. Aunque se le reconoce cierto conocimiento en temas de narcotráfico, no cuenta con una visión clara sobre las líneas de investigación que deben seguirse para enfrentar de manera integral las estructuras criminales que operan en el país. Esta situación ha generado incertidumbre en las direcciones bajo su mando, que no han recibido directrices claras para actuar.
Inestabilidad en el CTI y otros problemas estructurales
El Cuerpo Técnico de Investigación, una de las áreas más importantes dentro de la estructura de la Fiscalía General de la Nación, también atraviesa un momento delicado. La renuncia del anterior director Henry Arturo Cruz ha dejado un vacío que, hasta el momento, no ha sido cubierto de manera definitiva, aunque Elizabeth Alfonso Rincón asumió la dirección de manera temporal, la falta de una decisión formal sobre su continuidad ha generado un ambiente de incertidumbre.
Una de las mayores preocupaciones se basa en que, a pesar de contar con las competencias para ejercer el cargo, no se le ha otorgado la autoridad suficiente para tomar decisiones de fondo, lo que ha llevado al estancamiento de varios procesos y documentos.
Tras la renuncia de Henry Arturo Cruz Vega como director del CTI, La falta de autoridad de la directora encargada ha frenado procesos esenciales y pone en riesgo a la justicia.
Además, según se habla al interior de la Fiscalía, el próximo director del CTI podría ser Fabio Armando Pérez Quiroz, actual director Especializado contra el Narcotráfico, una persona con escaso conocimiento sobre las funciones de la Policía Judicial, lo que aumenta las dudas sobre su capacidad para liderar esta dependencia.
Mientras tanto, las funciones de la directora encargada siguen ampliándose, sin que se le permita tomar decisiones trascendentales por no tener la titularidad del cargo, un hecho que, de acuerdo con la información que pudo conocer este medio, ha contribuido a la parálisis de la Fiscalía en un momento en el que se requiere una acción decidida frente a la criminalidad.
Impacto en la lucha contra el crimen organizado
De acuerdo con la fuente consultada, la administración de Luz Adriana Camargo decidió apartar a los fiscales estratégicos de las Unidades de análisis, a pesar de los resultados positivos que estos habían logrado contra el crimen organizado en la administración anterior.
Los cambios se habrían generado por consejo del ingeniero Luis Ernesto Salinas, uno de sus asesores de despacho de la fiscal General y que, según la fuente consultada por Infobae Colombia, desconocería, tanto la parte jurídica, como misional de la entidad; como también, manejaría toda la parte administrativa, lo que ha llevado a que otros funcionarios a apartarse de la Fiscalía.
Esta decisión, considerada por algunos como una respuesta política más que técnica, ha dejado debilitada a la entidad en un área crucial para el combate a la criminalidad.
Los fiscales estratégicos, que habían jugado un papel fundamental en las investigaciones contra estructuras criminales, fueron removidos de sus cargos a pesar de que se registraran importantes golpes contra organizaciones delictivas. Esta situación ha generado suspicacias al interior de la Fiscalía sobre las razones detrás de estos cambios, que algunos interpretan como una política deliberada para generar inestabilidad institucional.
Consecuencias para el país
La parálisis en la Fiscalía General de la Nación tiene implicaciones graves para el sistema judicial y la seguridad en Colombia, pues mientras la entidad permanece en un estado de inacción, los casos de criminalidad se acumulan y el crimen organizado opera sin la presión judicial necesaria.
La inestabilidad al interior de la Fiscalía no solo ha afectado a los funcionarios que, según la fuente, muchas veces no saben a quién acudir, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para enfrentar la creciente ola de criminalidad en el país.
A medida que los cambios y nombramientos continúan generando incertidumbre, el futuro de la Fiscalía General bajo la administración de Luz Adriana Camargo sigue siendo incierto. Lo que está claro es que, mientras no se resuelvan los problemas estructurales y administrativos al interior de la entidad, la lucha contra el crimen organizado y otros delitos de alta complejidad seguirá enfrentando serios obstáculos.
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