En un movimiento sísmico que ha sacudido los cimientos de la política y la justicia colombiana, Olmedo López, testigo clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha interpuesto una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El exfuncionario acusa al presidente Gustavo Petro de una supuesta y gravísima intromisión en su proceso judicial.
El 14 de julio de 2025, López envió un documento de siete páginas a la CIDH, rogando una intervención urgente para salvaguardar sus derechos fundamentales y la independencia judicial.
Según el relato, el presidente Petro habría utilizado sus redes sociales para publicar una serie de mensajes que, para López, representan una presión indebida.
En la carta, López confiesa su participación en la red criminal de la UNGRD y ratifica su voluntad de colaborar con la justicia. Sin embargo, denuncia que es tratado de forma desigual, en contraste con otros implicados que han recibido supuestos beneficios judiciales sin aportar información de igual calibre.
Las publicaciones del presidente, que datan de 2024 y 2025, piden una «máxima condena» para López, tildándolo de «mentiroso» y «vampiro de la codicia».
López argumenta que estas declaraciones del Ejecutivo vulneran su presunción de inocencia y la sagrada separación de poderes.
Además, manifiesta su preocupación por el nombramiento del actual Fiscal General por parte del presidente Petro, lo que, a su juicio, refuerza la percepción de una fractura en el sistema de justicia.
En su misiva, solicita a la CIDH que inste al Estado colombiano a garantizar la integridad de su caso penal y a cesar cualquier declaración pública que pueda ser vista como una presión sobre la justicia.
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