– La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que altos funcionarios del Gobierno, en particular del Ministerio de Hacienda, implementaron un esquema para comprar votos de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
– El propósito era asegurar la aprobación de cupos de endeudamiento vitales para el Gobierno, bloqueados inicialmente por algunos congresistas.
– La investigación abarca hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2023.
2. Funcionarios y Congresistas Involucrados:
– Funcionarios clave del Gobierno: Ministro de Hacienda: Ricardo Bonilla.Viceministro: Diego Guevara. María Alejandra Benavides (asesora clave). Asesor de presidencia: Jaime Ramírez Cobo. Exdirector de la UNGRD: Olmedo López
– Congresistas sindicados:
– Wadith Manzur
– Karen Manrique
– Liliana Bitar
– Juan Diego Muñoz (renunció y transfirió compromisos a Wilmer Castellanos)
– Julián Peinado
– Juan Pablo Gallo
– Otros congresistas mencionados, como Jhon Fredy Nuñez, Gustavo Moreno, y la senadora Imelda Daza, no están investigados actualmente pero aparecen en las conversaciones.
3. Mecanismos y Evidencias:
– Se recogió abundante evidencia documental: 799 páginas de decisión, chats entre funcionarios y congresistas, videos, y testimonios.
– El modus operandi incluía reuniones informales y secretas (desayunos, «cónclaves»), exclusión de la Dirección de Crédito Público que debería haber manejado técnicamente estos procesos, y uso de la UNGRD como medio para canalizar recursos públicos a proyectos pactados.
– Chats revelan negociaciones, presión y promesas para que los congresistas votaran favorablemente proyectos de crédito público, incluso sin estudio ni deliberación real.
– Ejemplo clave: El 5 de diciembre de 2023, desde Dubái, Bonilla autorizó a Benavides y Guevara continuar negociaciones con los congresistas para promover proyectos relacionados con Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.
4. Desarrollo Cronológico Importante:
– **26 de septiembre 2023:** Comienzan las negociaciones para comprar votos tras bloqueos iniciales.
– **4 de octubre:** Desayuno con congresistas que estaban bloqueando créditos, marcando el inicio formal de las conversaciones.
– **31 de octubre:** Reunión en el Ministerio con Bonilla para contrapropuesta.
– **8 de noviembre:** Reunión de Benavides con congresistas para definir canales, aparece la UNGRD como instrumento clave.
– **27 de noviembre:** «Reunión de emergencia» o «cónclave» con ministros y funcionarios, se retiran teléfonos, buscando evitar filtraciones.
– **12 de diciembre:** Diego Guevara reporta a Bonilla la preocupación de Wadith Manzur por el cumplimiento de acuerdos.
– **12 de diciembre:** Bonilla autoriza $700.000 millones de pesos para la UNGRD, para los proyectos pactados.
– **14 de diciembre:** Cancelación de sesión de la Comisión por parte de Manzur y otros para presionar cumplimiento.
– **15 de diciembre:** Sesión final de la Comisión y aprobación del crédito faltante tras reunión urgente entre Bonilla y Olmedo López.
5. Aspectos Jurídicos y Evaluación de la Corte Suprema:
– La Corte concluye que los congresistas habrían aceptado promesas remuneratorias por cumplir funciones de asesoría que la ley asigna sin necesidad de incentivos adicionales, configurando así un pacto ilegal.
– La operación violaría principios de la administración pública, reducción a la función legislativa y transparencia.
– Se califica la conducta como una negociación criminal.
6. Reacciones y Posiciones:
– La representante Karen Manrique, a través de su defensa, negó la existencia de acuerdos ilegales y defendió la transparencia y cumplimiento de su función; argumentando también que se opuso al endeudamiento excesivo del país.
– Ricardo Bonilla afirmó falsamente en entrevistas que no tenía diálogos particulares con congresistas, contradicción con evidencia de reuniones directas.
– Se menciona que algunos congresistas usaban los créditos como método de presión para cumplir compromisos pactados.
7. Consecuencias y Próximos Pasos:
– Llamar a juicio a los investigados según avance el proceso judicial.
– La Fiscalía también ha iniciado investigaciones relacionadas, con María Alejandra Benavides como testigo clave (también se investiga a otros congresistas por casos relacionados con la UNGRD y otros contratos).
– El caso refleja la persistencia de la corrupción política en Colombia y la necesidad de fortalecer controles hacia el Congreso y el Ejecutiv
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