El Espectador le ha dado amplio crédito a la teoría del presidente de la Federación de Pescadores de Providencia, según la cual los pescadores artesanales de las islas colombianas de Providencia y Santa Catalina no se sienten seguros por el bombardeo de lanchas en el Caribe por parte de los Estados Unidos.
La columnista de El Espectador, Cecilia Orozco Tascon entrevistó a Édgar Jay Stephens, vocero en la federación que los representa, quien expresa que se encuentran totalmente intimidados para salir a alta mar a desarrollar la única actividad económica con que se sostienen y sostienen a sus familias, debido a los bombardeos de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe sospechosas de llevar narcotráfico. Pese a las manifestaciones, en su defensa, del presidente Petro, afirman que no han sentido acciones efectivas de apoyo del Gobierno. Concepto profesional de una experta internacionalista.
”PARA CUIDARNOS, VAMOS A SALIR A PESCAR EN MODO CONVOY”
¿Usted es oriundo del departamento de San Andrés?
Sí. Nací en Providencia, en el Caballete, del barrio La Montaña. Y llegué a este mundo con ayuda de una partera porque no había hospital.
¿Su familia cercana también es isleña?
Sí. Mi padre, Inocencio Jay Archibold, es raizal, nacido en Providencia; y los apellidos de mi mamá son Stephens Corpus. Ella nació en la isla de San Andrés.
¿Usted y sus padres siempre han vivido en las islas?
Mi familia, sí. Yo estuve estudiando y viviendo en el continente durante 20 años. Regresé a Providencia hace 24 años.
¿Cuál es su actividad principal?
Desde cuando llegué al territorio, soy pescador. Me dedico a la pesca de altura: en aguas profundas y en bancos lejanos (altamar).
¿Cuándo se convirtió en líder de organizaciones de pesqueros artesanales?
Llegué a Cali en mi adolescencia. Desde aquella época me integré a las causas estudiantiles en el colegio y en la universidad. Hice parte del movimiento para realizar la asamblea nacional constituyente, a finales de los años 80, en los encuentros estudiantiles. Entonces, tuve formación social y política. Cuando llegué al territorio y empecé a pescar, me encontré con los problemas de esta actividad. Empezamos a sumarnos y a unir esfuerzos quienes teníamos identidad de criterios sobre el ejercicio de una pesca sostenible que garantice la renovación de los recursos pesqueros y de los ecosistemas marinos. Entre varios isleños fundamos la Asociación de pescadores artesanales independientes las Islas de Providencia y Santa Catalina I-Fish, comprometida con la protección del medio ambiente y el desarrollo comunitario.
¿Cuánto hace que formalizaron su asociación?
Iniciamos trabajo comunitario a partir de 2017 pero formalizamos la asociación, con documentos oficiales, en 2018. Por esa misma época creamos la Federación de Pescadores Artesanales Independientes de Providencia y Santa Catalina en la que nos agrupamos las organizaciones I-FISH, PESPROISLAS (Personas y Sociedad de Providencia Islas), y ASOPESBOTT (Asociación de Pescadores de la Fuente Pesquera Botton House).
¿Cuántos pescadores de Providencia y Santa Catalina tiene la Federación que usted también preside?
En total, en las islas hay alrededor de 800 pescadores. En Providencia, cerca de 430. La federación tiene 370 afiliados de los cuales 252 pertenecemos a I-Fish; unos 55, a PESPROISLAS y unos 63, a ASOPESBOTT.
¿Por qué no están agrupados con los pescadores de San Andrés?
Porque ellos tienen sus propias organizaciones y no han tenido la voluntad de crear una confederación.
¿En dónde pescan ustedes, usualmente?
En todos los bancos del archipiélago.
En los lugares en que ustedes trabajan o en sus alrededores, se ha sabido, por las publicaciones del propio Departamento de Guerra de Estados Unidos, que lanchas pesqueras o aparentemente pesqueras, han sido destruidas por ese gobierno con el argumento de que llevaban narcotráfico ¿Cómo han repercutido, en su vida comunitaria, las explosiones de embarcaciones ordenadas por el gobierno Trump?
La gente tiene temor y siente incertidumbre. Aunque sabemos que hay un Estado colombiano, un gobierno nacional y un presidente de la República, también estamos seguros de que no hay garantías para nosotros y que a nadie le importa lo que nos pase. Las Fuerzas Armadas de nuestro país no nos pueden garantizar protección ¡Si ni siquiera han podido controlar la pesca ilegal! O no han querido hacerlo, puesto que la gobernación de San Andrés auspicia y respalda esa actividad – y lo puedo demostrar -, ¿cómo o quiénes van a protegernos a los pescadores independientes artesanales? Aquí hay una cadena siniestra que ha creado diversos factores de riesgo. Súmele a eso, la “locura” del presidente de Estados Unidos con todo su poderío… Y piense cómo podemos sentirnos.
Le insisto, ¿qué han cambiado sus rutinas diarias después de la intervención militar de Estados Unidos con ataques mortales, a las zonas en donde ustedes suelen pescar?
Como le dije, la gente tiene miedo de salir a pescar. Los pescadores que vamos a ejercer nuestras actividades en bancos profundos, nos sentimos atemorizados. Después de que a un misil le activen un objetivo, ¿quién puede escapar de su ataque?
¿Qué sucede con el gobierno de San Andrés que se supone que es más cercano y que se interesa mayormente por los problemas locales?
El Consejo de Estado anuló la elección del gobernador pero él sigue al mando. Aquí hay una clase política hipócrita que convive con actividades ilegales. Como he sostenido, algunos funcionarios de esa gobernación estarían vinculados con la ejecución de unos ilícitos. Hay embarcaciones que salen de San Andrés para hacer pesca ilegal en los cayos de Serrana y Quitasueño y nadie las vigila ni las controla. He formulado denuncias ante la fiscalía local y nunca me han llamado para adelantar las investigaciones. A esto me refiero cuando sostengo que hay confluencia de factores de riesgo para nosotros, los pescadores artesanales asociados.
Usted o sus asociaciones, ¿han tenido noticias sobre familias de pescadores que hayan reportado desaparecidos entre sus parientes?
Aquí siempre ha habido desaparecidos por uno u otro motivo. Pero este año, con los ataques a lanchas por parte de Estados Unidos, las familias no se expresan mucho. Les da temor denunciar. Es lo que está sucediendo actualmente.
Entonces, la desaparición de pescadores, ¿empezó recientemente con las explosiones provocadas por orden del gobierno Trump o constituyen un fenómeno anterior?
No hay que confundir las cosas: en un lugar con las características de estos territorios, siempre hay impactos en la vida humana. Por ejemplo, que haya rutas del narcotráfico por los mares que rodean estas islas, incide. Lo que está sucediendo, ahora, es que hay una orden expresa y pública del presidente de Estados Unidos de atacar, sistemáticamente, unas embarcaciones que transitan en el Caribe con lo cual la inseguridad general para la vida humana ha aumentado gravemente, en medio de irregularidades notorias: primero, porque se han usurpado las funciones del poder judicial de ese país y de los países caribeños; segundo, porque la orden de Trump viola el principio de presunción de inocencia; y tercero, porque también viola el principio universal del debido proceso. En conclusión, se trata de actos criminales con afectación directa a la vida de seres humanos.
Según el gobierno Trump, el objetivo es la lucha contra el narcotráfico que es una actividad criminalizada en todo el mundo.
Se trata de una farsa de la administración de Estados Unidos porque ellos y todo el mundo saben que más del 80% de la droga que llega en Norteamérica sale por el Pacífico. Lo que no dice el gobierno Trump es que tiene intereses económicos especiales en el Caribe. Y los isleños y los pescadores les servimos de disculpa para sus otros propósitos. Pero nosotros no podemos arriesgarnos a mantenernos pasivos mientras avanza esa forma de injerencia que ha trastornado la rutina de nuestras vidas.
¿Qué piensan hacer contra semejante poder mientras, como usted lo denuncia, están completamente solos?
Por eso acudimos a la ONU con el fin de que intervenga ante Estados Unidos en representación de todas las naciones, y ordene la protección de los pueblos étnicos del Caribe pues la decisión de bombardear lanchas desde el aire, y de continuar con esa política como lo viene repitiendo, pone en riesgo la vida de miles de pescadores artesanales, incluyendo, desde luego, las de los colombianos que nos ganamos la vida en faenas legítimas. En la comunicación, enviada a nombre de la Federación, también decimos que la política externa del gobierno Trump, que no distingue entre criminales y civiles, constituye una clara violación a los derechos humanos y genera un patrón de asesinatos extrajudiciales ejecutados sin evidencias.
¿Cuánto han disminuido las actividades de pesca en las islas?
La gente no va a dejar de trabajar puesto que vivimos de la pesca pero sí estamos afectados. Diría, haciendo un cálculo, porque no tenemos mediciones exactas, que nuestras actividades han disminuido en un 30% teniendo en cuenta que, además, las condiciones meteomarinas no han sido favorables en esta época. Recuerde que hoy, 16 de noviembre, se cumplen cinco años de la destrucción casi total que sufrimos por la presencia del huracán IOTA. Esta es temporada de huracanes en el Caribe y los que nos han golpeado, han llegado, precisamente, en noviembre. Es otra de las razones por las cuales se limitan las salidas a alta mar. Nuestros abuelos tenían un dicho sabio: nunca vayas a los cayos en noviembre. Expresado esto, también hay que decir que, ahora estamos afectados por la zozobra y el terror porque, ¿uno cómo se defiende del poder bélico de Estados? Los factores meteorológicos no niegan este nuevo factor igual o más peligroso que los primeros.
¿Han pedido o realizado reuniones con entidades oficiales de Colombia? Por ejemplo, ¿con el ministerio de Defensa, la cancillería, la Autoridad Pesquera o el ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural?
Ninguna autoridad se ha reunido con nosotros y los pescadores artesanales de Providencia y Santa Catalina y, reitero, que no tenemos trato con los funcionarios de la gobernación del departamento de San Andrés. Tampoco esperamos que manden a alguien.
En conclusión, ¿quiénes son ustedes y cuáles son sus objetivos?
Nuestro propósito, y lo estamos desarrollando, es tener una actividad económica en la que los pescadores seamos los dueños colectivos. No trabajamos para nadie sino para nosotros mismos. Con este objetivo, hemos convertido la pesca en el primer renglón de desarrollo económico de Providencia, por encima del turismo. Como se comprobó en la época del COVID y el IOTA, el turismo no es sostenible de manera permanente. En cambio, todos los días de nuestras vidas, tenemos que alimentarnos y alimentar a nuestros habitantes. Con la pesca artesanal, independiente y ecológica, no necesitamos contratos ni empleos públicos. Así es como estamos construyendo una verdadera y legítima democracia.
Mientras los ataques cesan o haya otro tipo de soluciones impulsadas por acuerdos internacionales, ¿qué van a hacer ustedes? No será ni fácil ni rápido…
Vamos a salir a pescar en cuanto las condiciones climáticas mejoren. No podemos parar indefinidamente porque nuestras familias dependen de nosotros. Varios compañeros me han estado llamando para que vayamos en grupo. Estamos recomendando ir en modo convoy para cuidarnos unos a otros, de tal manera que tengamos contacto visual permanente. Nada nos garantiza la tranquilidad total. Pero creemos que estaremos más seguros.:
“EL USO DEL PODER CON SESGOS DE CLASE y ETNIA”
“Los ataques militares de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, en aguas internacionales, han arrojado como resultado cerca de 70 víctimas fatales de diferentes nacionalidades: colombiana, venezolana y trinitense. El gobierno Trump ha argumentado que se encuentra en una situación de conflicto armado contra los carteles de la droga que han sido denominados terroristas y que estos constituyen una amenaza a su seguridad nacional. En su justificación, las normas que entrarían a regir son las del Derecho Internacional Humanitario con las cuales el uso de la fuerza letal contra combatientes es legal, según lo establecido en los Convenios de Ginebra y protocolos adicionales. Sin embargo, aun aceptando que actúa dentro de ese marco, es cuestionable el hecho de que los tripulantes de esas lanchas hicieran parte de un grupo combatiente, y que el uso de la fuerza letal fuera el último recurso antes de la captura.
Por ello, se han alzado distintas voces de gobiernos de la región y organizaciones internacionales para denunciar que estas acciones sí constituyen una violación al derecho internacional debido a que no se trata de un conflicto armado sino de actividades de interdicción marítima. En este sentido, deberían regir los principios de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar y la Convención de Viena contra el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con los cuales, las acciones de Estados Unidos son consideradas uso desproporcionado de la fuerza: ataque a embarcaciones sospechosas antes de inspecciona;, ausencia de comunicación con los Estados de presunto origen de tales embarcaciones (en el caso de tener bandera); desproporcionalidad en el ataque militar, negación del debido proceso para los ocupantes de las embarcaciones, entre otras cosas.
Ahora bien, no existe certeza de que los tripulantes de estas lanchas fueran de narcotraficantes o de miembros de una organización criminal por lo que las violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos se hacen todavía más latentes. E incluso, si nos encontráramos ante el escenario hipotético en el que todos ellos hicieran parte de alguna organización narcotraficante, es inadmisible un ataque de las proporciones que hemos visto en que el uso de la fuerza letal ha sido la primera opción y no la última. Estas acciones, además, han estado dirigidas contra grupo de población marginado y tradicionalmente criminalizado por la informalidad de sus actividades económicas y su caracterización socioeconómica (personas pobres y” racializadas”, en muchos casos) lo que, sumado a otras acciones en la región, abre interrogantes sobre el uso del poder con sesgos de clase, etnia y actividad económica. Todo lo anterior explica por qué, desde la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, se señala que esas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y que las muertes de quienes estaban en las embarcaciones atacadas, son ejecuciones extrajudiciales: agentes del Estado de Estados Unidos han privado de la vida a personas en un contexto en que el uso de la fuerza letal no está permitido. Sinceramente, el escalamiento de la intervención militar en el Caribe, anunciado, en las últimas horas, por el Secretario de Defensa Pete Hegseth con la llamada Operación Lanza del Sur (Southern Spear) en que se hará un gran despliegue de vehículos robóticos aéreos y marítimos que se unirán a las fuerzas navales tradicionales, puede tener consecuencias muy preocupantes y graves”
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