La presidenta del Sindicato de Trabajadores del Estado, Sinet seccional San Andrés, Zimena Pusey compartió un comunicado con el Ministerio del Trabajo de presuntas violaciones laborales del personal de la Occre.
«Ya esto lo hemos venido denunciando, y aun así… esto sigue escalando de manera descarada, lo que ocurre en la OCCRE no solo no se ha corregido,se ha profundizado.
Desde noviembre de 2025, 16 funcionarios que hicieron lo correcto: – advertir irregularidades, han sido convertidos en blanco de persecución.
Y no solo No se han corregido los problemas, ni protegieron a quienes alertaron,
Eligieron el camino más ruin y bajo digno de personas que no ,merecen estar en cargos de servicio público: castigar a quienes decidieron exponer la problemática, por la que una funcionaria estuvo privada de su libertad (caso Débora)
Hoy actualizamos un caso que debería escandalizar a cualquier ciudadano:
Una funcionaria que hace parte del grupo de quienes enviaron la carta alertando que la problemática continua y es un riesgo para los funcionarios y la institución, fue enviada a vacaciones, luego, la MISMA administración la comisiona oficialmente fuera de la isla, y aun así… omite expedir el acto administrativo que por ley interrumpe esas vacaciones (Decreto 1045 de 1978, reiterado por Concepto 029541 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública), SI VEN EL ERROR??????, se que sí, cualquiera con sentido común lo vería, Error de la administración, Grave, Evidente,Indiscutible.
Pero aquí es donde todo se vuelve absurdo…:
Para intentar resolver una falla que NO era suya, la funcionaria:
Solicita permiso → NEGADO
Solicita licencia NO REMUNERADA → NEGADA
¿La razón?
Cubrir la improvisación de la administración.
Y como si fuera poco…
LA AMENAZAN CON PROCESO DISCIPLINARIO, Sí!!!! Así!!!, sin vergüenza.
Primero fallan, Luego niegan soluciones planteadas por la funcionaria
Y finalmente… tratan de castigar a la víctima de su propia incompetencia.
¿Y saben qué hace aún más indignante este caso?
Que la solicitud de tiempo no era un capricho, era para atender una diligencia urgente fuera del país ,relacionada con la situación de ciudadanía de su hija menor de edad, incluyendo la espera de un documento de embajada.
Mientras una madre cabeza de hogar, intenta resolver una situación legal de su hija,
la administración responde con negativas, presión y amenazas.
Esto no es discrecionalidad.
Esto tiene nombre propio:
Desviación de poder
Abuso de autoridad
Violación del principio de legalidad
Acoso laboral
Persecución sindical
Lo más grave no es el error inicial, es la decisión consciente de sostenerlo, de profundizarlo, y de convertirlo en un mecanismo de presión.
¿Dónde está el conocimiento mínimo del derecho?
¿Dónde está el sentido común?
¿Dónde está la empatía entre servidores públicos?
¿En qué momento liderar se convirtió en humillar, perseguir y denigrar?
No es nada grato tener que hacer esto, pero el silencio de la institucionalidad y la decisión de quienes dirigen las prácticas arbitrarias de continuar liderando este tipo de hechos ha sido vergonzoso, porque esto no es un hecho aislado, es un patrón y se está agravando ante la mirada pasiva y complaciente de todos.»
Por 