Presidente de la Confederación Nacional Comunal continúa inmerso en investigación. En asamblea extraordinaria los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de San Andrés aprobaron la realización del Congreso Nacional Comunal al final del presente año a pesar de las dudas que existen sobre el manejo de recursos por parte de algunos directivos.
El costo del congreso es de $1000 millones, monto de los recursos que la gobernación del Archipiélago otorgó para la actividad.
Las dudas e inquietudes tienen origen en las abundantes pruebas que existen sobre manejos dudosos de recursos del Estado en la ejecución de convenios en San Andrés y porque inclusive el presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, Naimen Emiro Martínez Pérez, todavía está inmerso en un proceso bajo la acusación de falsedad en documento público y contratación sin el lleno de los requisitos legales y por lo que ya reintegró $40 millones. El caso tiene que ver con un episodio ocurrido en el 2008 con la firma de un contrato para atender los primeros ‘Juegos Comunales en Bucaramanga’.
Dudosos manejos
Mientras en San Andrés, cuatro facturas presentadas por Oswaldo Escudero actuando como presidente interino de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, para la legalización de la ejecución del convenio con cargo a Aviatur por $89.210.000, son falsas y en realidad sólo emitieron 2 facturas del servicio prestado por $ 40.124.923.
La evidencia está en un documento de Aviatur en el que dan respuesta a un derecho de petición solicitado por la presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Hermisenda Cantillo Núñez en el que puede observarse los detalles de las facturas.
Escudero reemplazó en la presidencia de la Asociación a Hermisenda Cantillo, mientras la presidenta se defendía de una acusación de la que la respuesta del ministerio del Interior fue que se vulneró el debido proceso y que además había ‘indicios de criminalidad’ al acusarla, lo que explica que la ‘quitaron de en medio’ para poder actuar, como lo hicieron, sobre el Convenio 094/15 por $150 millones de los cuales hace parte lo que ‘pagaron’ a Aviatur.
Además hay un rubro por $9.210.526 pagado al presidente de la Federación Luis Gabriel Fontalvo por la compra de 250 manuales de su autoría, que no entregó totalmente porque la asistencia al evento estuvo por debajo de 150 comunales.
Esto se suma a la información sobre el pago a un Hotel con la mediación del Fondo de Empleados como operador en donde realmente el Hotel facturó el servicio por $24.226.000 pero que se ‘pagaron’ a través de una factura ficticia por $49.350.000.
En este mismo convenio falsificaron la firma en un recibo de caja por $20.540.000 de un contrato de capacitación firmado inicialmente por ese valor con todo incluido pero que al ejecutar el convenio al orador sólo le pagaron $2.000.000.
Naimen Emiro Martínez Pérez, quien en febrero fue puesto frente a un juez con función de control de garantías que escuchó la imputación de cargos de la Fiscalía junto Gustavo Herrera Acelas por falsedad en documento público, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado por un contrato suscrito el 19 de agosto de 2008 entre la Secretaría de Educación de la Gobernación con la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, representada legalmente por Naimen Martínez Pérez, quien a su vez delegó al presidente de la Federación Comunal de Santander, Gustavo Herrera Casas Pérez, para la suscripción y ejecución del contrato, por un valor de 250 millones de pesos. La Fiscalía encontró varias irregularidades en la ejecución del contrato y un monto de 94 millones de pesos del cual no se conoce en qué fue invertido.
Balance de Martínez Pérez
“Es un balance positivo el que deja esta reunión, veníamos con la preocupación de la Confederación Nacional de Acción Comunal y de todo el país porque no se sabía si se iba o no a hacer el Congreso Nacional pero afortunadamente los comunales tomaron la decisión unánime de votar positivamente y hay que avisarle al país comunal que el Departamento Archipiélago va a realizar el XXV Congreso Nacional Comunal.
Señor Martínez Pérez, ¿cómo se puede garantizar honradez en el manejo de los mil millones de pesos que cuesta este congreso si usted mismo enfrenta una investigación y un fallo por malos manejos y además hay comunales aquí en San Andrés que también son investigados por asuntos similares?
La Acción Comunal debe ser veedora sobre el operador que ejecute los recursos que deben ser manejados de forma transparente y no lesione los intereses del departamento y que por el contrario se conviertan en una fortaleza para el desarrollo integral de la isla.
¿Cómo está su caso ante la justicia?
Estamos en libertad para poder seguir hacia adelante en la presidencia de la Confederación Nacional, se dieron gran cantidad de falta de garantías procesales, de violación a los derechos humanos y eso está en manos de los entes internacionales, pero tenemos la cabeza en alto.
En 36 años que tengo de pertenecer a la Acción Comunal nunca he dilapidado ni he robado un solo peso del erario.
Se aprovecharon de la confianza extrema que brinde a un representante de la Federación Comunal de Santander, le firme un poder en el 2009 y fueron dilapidados los recursos.
¿Cuál es su situación jurídica?
Ya salí del problema pero se va a hacer una revisión sobre algo que me obligó a reintegrar $40 millones sin haberme apropiado de un solo peso.
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