Meses después de que el abogado estadounidense Daniel Kovalik confirmara que había asumido la defensa del presidente Gustavo Petro de manera gratuita, “por convicción”, tras su inclusión en la llamada Lista Clinton, salió a la luz un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma Amadeus Consultancy Limited, cuyo representante legal es el propio Kovalik, para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.
“¿Va a defender a la familia Petro de manera gratuita?”, le preguntaron al abogado en Blu Radio, a lo que el jurista respondió: “Sí. Sí. Lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo. Y sí”, afirmó.
Sin embargo, otra parece ser la historia. La información sobre el millonario contrato fue revelada inicialmente por Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, quien publicó el documento contractual en sus redes sociales. “¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal! Esto es un completo abuso”, escribió Ricaurte.
Según la denuncia, el contrato fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa para la prestación de servicios profesionales altamente especializados en materia de regímenes internacionales de sanciones financieras. Tras conocerse la noticia, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, anunció que presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, solicitando una revisión urgente del contrato para evaluar posibles irregularidades en su celebración y ejecución.
En su escrito, De Bedout sostuvo que el análisis del expediente contractual revela “indicadores de riesgo fiscal relevantes, que ameritan la intervención inmediata del órgano de control mediante una Actuación Especial”, dada la cuantía del contrato y el tipo de servicios contratados.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la advertencia de que el contrato podría estar siendo utilizado para cubrir contingencias de carácter personal de altos funcionarios, en lugar de responder a una finalidad pública. “El uso de recursos públicos para atender contingencias que podrían corresponder a la esfera personal de servidores públicos configura un riesgo cierto de desviación de recursos estatales hacia fines privados, susceptible de generar detrimento patrimonial”, sostiene el concejal.
El documento solicita verificar si la asesoría contratada está realmente orientada a necesidades institucionales del Estado colombiano o si, por el contrario, estaría siendo utilizada para gestionar situaciones jurídicas vinculadas a personas específicas del entorno del poder ejecutivo. La denuncia también pone el foco en la forma en que fue seleccionado el contratista. De Bedout advierte que no se evidencia una justificación técnica suficiente que sustente que Amadeus Consultancy Limited sea la única firma con capacidad para prestar ese tipo de asesoría especializada.
“Resulta razonable cuestionar la inexistencia de pluralidad de oferentes, lo que podría implicar direccionamiento contractual y afectación del principio de selección objetiva”, sostiene.
El cabildante solicitó que se evalúe si la contratación directa cumplió con los criterios de necesidad, idoneidad y razonabilidad exigidos por la normativa de contratación estatal. Otro de los puntos señalados es la coincidencia temporal y temática entre el contrato y los cuestionamientos públicos que han recaído sobre personas del entorno cercano del presidente Gustavo Petro, incluidos aquellos relacionados con la Lista Clinton y otros regímenes de sanciones financieras internacionales.
“La coincidencia temporal y material entre dichas circunstancias y la contratación de una firma extranjera especializada en asuntos de sanciones financieras internacionales plantea un riesgo objetivo de desviación de la finalidad del gasto público”, advirtió el concejal, por lo que pidió que la Contraloría examine si existe algún vínculo entre el objeto del contrato y la defensa o asesoría de intereses particulares.
Debido al monto del contrato —10.000 millones de pesos— y a que este se encuentra en una fase inicial de ejecución, el presidente del Concejo de Medellín solicitó que la Contraloría adelante el trámite con carácter urgente, con el fin de evitar un eventual daño patrimonial antes de que se produzcan desembolsos.
A las reacciones se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó públicamente la contratación a través de sus redes sociales.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. Este es un proceso personal de Petro, no institucional. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado! ¿Para eso también es la emergencia económica que decretó?”
Información de EL COLOMBIANO
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