El Consejo de Estado apeló a una interpretación analógica y extensiva de las inhabilidades en la elección de contralor departamental, para confirmar la nulidad de los actos de elección de la contralora Mayla Gayrleens Saam en fallo de segunda instancia emitido el pasado 11de agosto de 2016.
La decisión incluso contradice los conceptos 2248 y 2251 del 30 de abril de 2015 emitidos por la Sala de Consulta y Sección Civil del propio Consejo de Estado, y en el que ese máximo tribunal de lo contencioso administrativo había reiterado la prohibición de hacer interpretaciones extensivas y analógicas en materia de inhabilidades y normas que restringen el acceso a cargos públicos.
Tanto la contralora Gayrleens Saams y la Gobernación del Departamento habían argumentado en la apelación impugnada ante la segunda instancia que debía ser revocada la providencia de primera instancia por que se hacía una interpretación analógica y extensiva, y no de manera taxativa y restrictiva como corresponden a las inhabilidades aprobadas en la Ley y con lo cual se le vulneró a la funcionaria su derecho al acceso a cargos públicos.
En la argumentación se advirtió que no existía ninguna inhabilidad por cuanto el Acto Legislativo 002 de 20015 modificó el artículo 272 de la Constitución Política respecto de las inhabilidades para ser elegido contralor departamental en el sentido de limitarlas al ejercicio de cargos públicos en el nivel ejecutivo y no directivo como era el caso de la contralora, que de acuerdo con el Decreto 785 de 2006 sobre la nomenclatura y clasificación de grados de la función pública eliminó el nivel ejecutivo, y al ejercer como subcontralora un año antes de su elección, lo hizo en el nivel directivo , luego no le era aplicable la inhabilidad para ser elegida.
No obstante el Consejo de Estado consideró que si el desempeño de un cargo de nivel ejecutivo era causal de inhabilidad para acceder a un cargo público como el de contralor departamental, con mayor razón lo es el ejercicio de un cargo directivo, dadas las implicaciones que la categoría del mismo conlleva y que tal interpretación no desconoce ni desborda el principio de interpretación restrictiva invocado por los recurrentes.
De otro lado el Consejo de Estado ratificó la solicitud del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés que ordenó compulsar copias a la Procuraduría Regional de San Andrés para que investigue las presuntas irregularidades en la elección de la contralora, es decir a los 10 diputados que votaron por ella.
Este tipo de decisiones plantea ciertos interrogantes validos que son susceptibles de discusión y que incluso se le extienden a los máximos tribunales del país a los que se les acusa de usurpar las funciones del Congreso, como recientemente lo expresaron muchos congresistas el pasado 16 de agosto en el debate a la ministra de Educación donde le atribuyeron a la Corte Constitucional la arbitrariedad de legislar sobre algo que le corresponde al Congreso o al Constituyente pero no a la Corte, en los temas de igualdad de derechos invocadas por los promotores de la ideología de género, en los que acusan incluso a la Corte de derogar textos de la propia Constitución.
En el caso de la referencia, los interrogantes que se plantean es si acaso el Consejo de Estado terminó asumiendo facultades del Constituyente o del Congreso, porque esta interpretación estaría derogando lo aprobado por el Congreso en el Acto Legislativo 02 de 2015 que limitó las inhabilidades para aspirar a contralor departamental para quienes hayan ostentado cargo en el nivel ejecutivo departamental, tal como lo estableció el artículo 272 de la Constitución Política, y de acuerdo con el Decreto Ley 785 de 2005 el cargo del subcontralor (el mismo que ostentaba Gayrleens Saams) correspondía al nivel directivo.
Así las cosas asumimos que el caso no ha terminado aquí, y lo más seguro es que el tema planteará nuevos mecanismos jurídicos que seguramente plantearán un “nuevo choque de trenes” entre los órganos jurisdiccionales de cierre, por eventual invasión de competencias.
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