
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la militarización de Santa Marta y el refuerzo inmediato de la Fuerza Pública luego de que, en un operativo policial, fuera dado de baja José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, también conocidas como ‘los Pachenca’). En represalia, el grupo anunció un paro armado de 48 horas que generó cierres de comercios, bloqueos, quema de vehículos y restricciones en la movilidad.
Según reportes de El Espectador, Semana y El Tiempo, el operativo se desarrolló el 21 de septiembre de 2026 en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta. Participaron unidades de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. El balance oficial indicó siete integrantes de las ACSN dados de baja (incluido ‘Cholo’ y un hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, máximo jefe de la estructura), tres capturados y la incautación de un arsenal que incluía 10 fusiles (entre ellos un Barrett calibre .50), dos lanzagranadas, pistolas, granadas y abundante munición.
De la Espriella calificó el resultado como un “golpe contundente” contra el mando, el control y las finanzas de la organización, a la que se atribuye narcotráfico hacia Centroamérica (con uso de lanchas go-fast y semisumergibles), extorsión y otras economías ilícitas en Magdalena, Cesar y La Guajira. El mandatario viajó a Santa Marta, encabezó un consejo de seguridad extraordinario y advirtió: “No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”. También señaló a ‘Pinocho’ como el siguiente objetivo prioritario.
Reacciones y despliegue de seguridad
Tras la operación, circuló un comunicado atribuido a las ACSN que decretaba paro armado en el departamento del Magdalena, con énfasis en Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona bananera, exigiendo el cierre de locales comerciales por 48 horas. Medios locales y nacionales documentaron quemas de buses y vehículos, disparos de intimidación por hombres armados en motocicleta, cierre masivo del comercio (estimaciones de analistas locales hablan de entre el 80 % y más del 90 % de afectación) y suspensión de transporte y clases.
En respuesta, el presidente ordenó la militarización de la ciudad. Tropas del Ejército (Segunda Brigada y Primera División) se desplegaron en barrios, corredores viales y zona rural, en coordinación con la Policía. Aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana sobrevolaron Santa Marta y el departamento del Magdalena, junto a helicópteros, en labores de presencia y disuasión, según reportes de Caracol Radio, El Tiempo y medios locales.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respaldó las medidas y llamó a no ceder ante las intimidaciones. Autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) y reportaron capturas adicionales de presuntos integrantes de la estructura. El despliegue se extendió también a puntos de La Guajira.
La situación de orden público se mantiene bajo seguimiento, con presencia reforzada de la Fuerza Pública para garantizar la movilidad, el comercio y la seguridad de la población.
















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