Colegio de la menor permitió extracción irregular del aula para activar un «código blanco» hospitalario. Educadora se desmiente y acusa a a terceros, incluso al abogado denunciante.
The Archipielago Press adelantó una investigación durante seis meses, obteniendo testimonios, documentos, brindando asesorías en requerimientos tales como derechos de petición y tutelas, para desentrañar un caso de un «falso positivo» que entre particulares y autoridades trataron de montar contra un padre quien ostenta la patria potestad de su hija, y que además contó con actuaciones irregulares o cómplices del colegio donde estudia la menor, de la institución policial que luego sacó de la isla a su uniformado y la Oficina de Control Disciplinario Policial que lo absolvió de responsabilidades, y en el que quisieron involucrar a la Comisaría de Familia de San Andrés que se desmarcó del asunto.
Sucede que el día 22 de agosto de 2023 desde el abonado telefónico numero 3133078436 cuya titular es la señora Belkis Gregoria Marsiglia González, se realizaron llamadas y mensajes de texto dirigidos al Comando de Policía Nacional en San Andrés, en el que “informa que por el sector de Loma Barrack se está presentando un presunto abuso sexual por parte del señor (xxxxx) hacia su hija. Sin embargo la titular del numero telefónico dice que ella prestó el celular.
De acuerdo con lo reseñado en la bitácora del Comando de Policía, la señora (usuaria o titular del celular 3133078436) manifiesta mediante audios y fotografías del autor material donde todas las noches escucha lamentos, quejidos de la adolescente suplicando ayuda y diciendo “que le duele que la deje en paz».
Consecuencia de la información suministrada por la denunciante, dos uniformados de la Policía Nacional ingresaron a la casa donde vivía en alquiler el señor padre de la menor en el sector de Loma Barrack, quienes sin orden de allanamiento, ingresaron de forma abrupta por la puerta trasera, la cual fue abierta por otra vecina, pero no encontraron a ninguna adolescente y no se constató ninguna situación anómala; en virtud de la información suministrada por la señora que indicaba que la menor era estudiante de la Institución Educativa Sagrada Familia, la Policía de Menores hizo presencia en su lugar de estudios.
En virtud de ello, el Subintendente Carlos Andrés Salinas Medina, integrante de la Seccional de Policía de Infancia y Adolescencia adscrito al Comando de Policía de San Andrés retiró del Colegio Sagrada Familia a la menor de edad el día 23 de agosto del 2023, porque según él recibió una llamada y en el informe coloca que él recibió la llamada el 22 de agosto del 2023.
Adicionalmente informó que recibió orden de la comisaria Brigitte Bent Pusey, quien en comunicación de respuesta a derecho de petición, respondió que ella no autorizó dicho procedimiento, ni activó ningún presunto código blanco ni tampoco sabía del caso, éste subintendente de infancia y adolescencia saca a la menor del colegio con un nombre que no corresponde al de su hija, no obstante que tenía fotos de la menor en su celular, y la lleva al hospital con otro policía que es el que conduce el vehículo, al parecer es un patrullero. Aun cuando no había orden de la Comisaria de Familia, o ICBF, ni presencia de ninguno de sus facultativas (psicólogas, trabajadoras sociales, etc.) y se pretendió realizar bajo anonimato absoluto, el señor padre autorizó que se le hiciera cualquier valoración medico legista para establecer agresión sexual alguna.
Tanto la denuncia desde el teléfono de la señora Marsiglia González, como el procedimiento policial, fueron totalmente irregulares, se emitió información falsa que la propia Policía pudo verificar, se realizó un allanamiento ilegal, se extrajo a una menor de su aula de clases, sin orden de autoridad judicial o administrativa de protección familiar y de infancia, se pretendió activar un código blanco que nunca existió y se pretendió realizar sin la presencia de los acudientes o representantes de la menor; siendo que todo se originó en una información falsa, calumniosa e injuriosa, por parte de la usuaria del abonado telefónico.
Mediante derechos de petición a la Comisaria de Familia, al Colegio Sagrada Familia y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Nacional, el padre de la menor solicitó claridad sobre el procedimiento irregular de sustracción de la niña sin orden y de manera inconsulta con alguno de sus padres.
La actuación del Colegio fue la más oscura de todas, ya que incluso intentó falsificar actas para acomodar la justificación de las razones por las cuales se permitió la extracción irregular de la menor, sin orden judicial o administrativa del ICBF, Comisaria de Familia, juez de familia, o incluso con la autorización de alguno de los acudientes o responsables de la menor.
«Este colegio Sagrada Familia entrega a una menor de edad a Policía de Infancia y Adolescencia que se presentó sin un documento físico, ni ordenado por Comisaría de Familia, ni ICBF, ni tampoco llamaron a la madre de mi hija porque según la monja rectora Olga Lucia Zapata Callejas y la psicorientadora Jenifer Palacio, la mamá de mi hija «no era garante de derechos» y además le aconsejaban a mi hija que no podía utilizar su Tablet ni llamar a nadie y debía irse con el «Policía por su bien»
De igual manera el padre de la menor presentó queja disciplinaria contra el agente Subintendente Carlos Andrés Salinas Medina, integrante de la Seccional de Policía de Infancia y Adolescencia adscrito al Comando de Policía, pero la institución lo protegió, trasladándolo al interior de Colombia, también a otra seccional de Infancia y Adolescencia, con lo cual se dilató el proceso hasta su archivo, desatendiendo las quejas del padre.
Solo hasta los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2024, mediante derechos de petición y acción de tutela se logró que la Policía Nacional permitiera acceso al proceso de investigación disciplinaria adelantado contra el uniformado de la Policía Nacional que lideró todo el procedimiento policial en virtud de la denuncia presentada desde el teléfono de la señora Marsiglia González, cuyo número de abonado telefónico quedó en evidencia con la documentación entregada por la institución policial.
Identificada la procedencia de las denuncias que dieron origen a los procedimientos policiales, la supuesta activación de un Código Blanco y demás actuaciones, a través de apoderado del padre de la menor se contactó el pasado 23 de diciembre de 2024 a la señora Marsiglia González para exigir explicación de sus acusaciones, quien lo negó, responsabilizó de los mismos a una señora de nombre Marta Bello y solicitó una fórmula conciliada que le evitara llegar a una instancia judicial, por lo que se le señaló como una posibilidad, hacer una declaración extra proceso en Notaria contando toda la verdad de los hechos y aclarando el origen de los mismos, pero conservando la reserva de los documentos producto de su declaración por involucrar a una menor de edad, quien expresó su disponibilidad a hacerlo.
No obstante, tres días después, el día 26 de diciembre de 2024 cuando nuevamente se le contactó a la titular del abonado telefónico, para conocer su respuesta, cambió de parecer, acusó al apoderado del padre de la menor de amenazarla y extorsionarla por que no tenía competencias para tramitar la denuncia, efectuando denuncias en el Gaula de la Policía Nacional, Fiscalía y Comisión de Disciplina Judicial, por que considera ilegal que se le contactara para indagar el origen de la falsa denuncia que se hizo desde su celular
Finalmente este lunes 13 de enero, Marsiglia González reenvió el mensaje de un asesor legal donde notifica al apoderado de la menor, que considera ilegal e ilícito haber sido contactada, que «de igual manera si una persona no tiene un teléfono, puede solicitar el favor a otra persona para realizar una llamada telefónica, en este caso en particular alguien me pidió mi número telefónico para realizar una llamada y yo muy amablemente se lo facilité, desconociendo los hechos que usted menciona, el cual desconozco.»
Sin embargo, esta versión parece bastante reforzada ya que la información del registro policial indica que la denuncia desde el numero celular correspondía «a audios y fotografías del autor material donde todas las noches escucha lamentos, quejidos de la adolescente suplicando ayuda,» por lo que es claro que no se trata de un simple préstamo de celular como asegura la profesora, ya que los audios y fotos debían estar archivados en dicho teléfono, y enviados de su chat, y no una simple llamada a manera de favor.
¿QUIEN ES?
Belkis Gregoria Marsiglia González, es docente activa de un colegio privado de San Andrés, hace parte del grupo de Lectores de la palabra de Dios en la iglesia Cristo Salvador, es también Catequista, prepara niños para la primera comunión, y también hace parte del grupo de coro dominical, tiene aspiraciones de irse a vivir al exterior, ya que sus hijos residen en México.
No obstante, su religiosidad y responsabilidad en la educación de niños, la actuación intrigante que se desplegó desde su celular o su excesiva inocencia, la tienen enredada en un lio judicial que lejos de querer aclarar, -cuando se le solicitó decir la verdad-, lo agrandó al hacer acusaciones contra terceros que también irán en su contra.
Ya en la Fiscalía se radicó la primera denuncia penal en su contra el pasado 4 de enero de 2025 por los delitos de Falsa Denuncia (art.453 C.P.), Injuria y Calumnia e Injuria y Calumnia indirectas (arts. 220, 221, 222 C.P), y será el ente acusador, el responsable de establecer quien estaba detrás de este montaje y cuáles eran las motivaciones del mismo.
Esta redacción indagó en el establecimiento educativo donde impartió educación la docente hasta noviembre de 2024, y directivas confirmaron que este año no formará parte del staff de educadores para impartir educación allí.
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