Continúan las quejas sobre el ruido y exceso de volumen de los consabidos pickups que no dejan descansar a varios conglomerados de familias en diferentes sectores pero especialmente en el sector de Sound Bay, en donde estos aparatos son instalados los fines de semana y siempre hasta la media noche, lo cual molesta y despierta la necesidad de los ciudadanos a protestar y buscar que se tomen medidas.
Lo curioso es que a pesar de que existen prohibiciones expresas a través de sentencias y demás, ninguna se cumple, porque se han hecho concesiones, pactos, acuerdos con los dueños de los pickups para que la autoridad permita que en algunos sectores se puedan instalar con horarios establecidos y algunas veces por esta vía se pierden los controles.
Ahora la comunidad del sector de Sound Bay exige que se cumpla taxativamente la sentencia del primero de marzo del 2016 dentro proceso de Acción Contenciosa Administrativa con pretensión de protección de los derechos e interés colectivos dictada por los magistrados José María Mow Herrera, Nohemí Carreño Corpus y Jesús Guillermo Guerrero González.
Mapa de ruidos
La sentencia protege los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico y a la seguridad y salubridad públicas y por eso, entre otras cosas, se ordenó a Coralina “elaborar el mapa de ruidos, realizar, de manera aleatoria, mediciones del ruido en el momento en que estén funcionando los pick ups, con independencia de la hora y el día, lo cual se hará a través de los inspectores de la Corporación”, informe que debían entregar a la Policía y además se le ordenó a Coralina implementar y ejecutar «planes de descontaminación por ruido»,
Sanciones
A la gobernación la sentencia le ordenó “imponer a los establecimientos de comercio abiertos al público, las sanciones a que haya lugar de acuerdo a las normas vigentes, cuando violen las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. Pero de acuerdo con los vecinos del sector de Sound Bay esto no se cumple
También a la Policía se le ordenó “realizar operativos periódicos en toda la isla que garanticen la tranquilidad de sus residentes e implementar medidas tendientes a su restablecimiento con sujeción al debido proceso. Pero tampoco se cumple.
La sentencia incluye que las entidades mencionadas debían “realizar un plan de coordinación interinstitucional que permita el efectivo cumplimiento de la normatividad nacional y local en materia de ruido en la Isla”.
Esta sentencia incluía que las entidades demandadas realizaran “campañas de sensibilización a largo plazo, orientadas a educar a los habitantes de San Andrés, sobre los efectos nocivos que tiene el ruido en el ambiente y en la salud de las personas”. Pero todo se queda a nivel de teorías y textos, porque en la práctica y por las quejas de los ciudadanos nada se cumple y pone en la situación de desacato a las autoridades.
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