El candidato presidencial solicita la suspensión inmediata de la venta de deuda a un solo inversionista extranjero, alegando violación a la moralidad administrativay riesgo inminente para el patrimonio público.
El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, en calidad de ciudadano, abogado y defensor del interés general, interpuso, junto con el jurista Germán Calderón España, una acción popular ante el Consejo de Estado para proteger los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, queconsidera gravemente amenazados por la decisión del Gobierno Nacional de vender directamente, sin subasta pública, títulos de tesorería (TES) por US$6.000 millones (equivalentes a $23 billones) a un solo inversionista extranjero cuyo nombre no ha sido revelado.
Según De La Espriella, se trata de la operación de endeudamiento directo más grande en la historia reciente del país, realizada sin aplicar los estándares mínimosde publicidad, transparencia, libre competencia y selección objetiva que exige la Constitución y la ley para el manejo de los recursos públicos.
La acción popular va dirigida contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al considerar que la operación pone en grave e inminente riesgo el patrimonio de todos los colombianos y vulnera el principio constitucional de moralidad administrativa consagrado en los artículos 88 y 209 de la Constitución.
La jurisprudencia ha sido contundente: el patrimonio público no se reduce a un balance contable, sino que implica la gestión correcta, eficiente y transparente de los recursos del Estado; y la moralidad administrativa se afecta cuando el ejercicio de la función pública se aparta del interés general, favorece interesesparticulares o se realiza sin criterios éticos como la buena fe, la honestidad y la transparencia.
Los hechos, según la demanda, son de extrema gravedad: el Gobierno vendió TES por $23 billones de forma directa, sin subasta pública, sin permitir competenciaentre oferentes y a un único inversionista desconocido.
Esta decisión equivale a endeudar al país a puerta cerrada, eludiendo el mercado abierto porque las tasas exigidas allí reflejan la pérdida de confianza en elmanejo fiscal del Gobierno.
Aunque el Ministerio de Hacienda presentó la operación como un “voto de confianza” y un “prefinanciamiento”, De La Espriella sostiene que en realidad respondea una urgencia fiscal producto del desorden, el despilfarro y los escándalos de corrupción que hoy tienen a exministros y altos funcionarios condenados o procesados.
Además, advierte que la operación concentra un riesgo excesivo en un solo acreedor extranjero, compromete la estabilidad futura del mercado de deuda y hipoteca el futuro económico del país en pleno año preelectoral para atender necesidades políticas inmediatas.
Cada billón comprometido en esta operación significa menos recursos mañana para salud, educación, seguridad e infraestructura, y más impuestos para losciudadanos. Todo esto en un contexto de ejecución presupuestal deficiente, rezago fiscal histórico y advertencias de las calificadoras internacionales sobre la insostenibilidad de las finanzas públicas.
Por estas razones, De La Espriella y Calderón España solicitan al Consejo de Estado:
1.La suspensión inmediata, como medida cautelar, de los efectos jurídicos de la venta directa de TES.
2.La nulidad definitiva de la operación, por haberse realizado sin subasta pública, sin pluralidad de oferentes y en contradicción con los principios que rigen la función administrativa.
“Esta acción no persigue intereses personales ni políticos. Es un acto de responsabilidad cívica para impedir un daño irreparable al patrimonio público y para evitar que la opacidad en el endeudamiento del país se convierta en una práctica normalizada”, señalan los demandantes.
De La Espriella subraya que Colombia no puede acostumbrarse a que los recursos de todos se manejen en secreto, sin control y sin explicaciones claras.
“El Estado está obligado a actuar con transparencia y respeto absoluto por el interés general, especialmente en momentos decisivos para la democracia”, afirmó.
Como ciudadano y precandidato presidencial, aseguró que no será cómplice del silencio ni del miedo. “Defender el patrimonio público y la moralidadadministrativa es defender el futuro de Colombia”, concluyó.
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