Posted by The Archipielago Press on Sunday, February 20, 2022
La Fiscalía estableció que, mediante estas actividades ilícitas, el procesado obtuvo el beneficio de libertad condicional.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba para demostrar que el abogado Williams Alejandro Carmona Giraldo, entre 2013 y 2017, habría entregado dineros a distintos funcionarios judiciales para que tomaran decisiones en favor de Édison Guillermo Velásquez, alias Farid, ex cabecilla de una estructura paramilitar conocida como Movimiento Autodefensas Libertadoras de los Llanos Orientales.
Carmona Giraldo estaría involucrado en dos eventos distintos.
Inicialmente, obtuvo la sustitución de una medida privativa de la libertad en centro carcelario por una restricción domiciliaria, con el argumento de que el procesado era padre cabeza de hogar. Esta determinación fue revocada en segunda instancia y alias Farid fue trasladado a un establecimiento carcelario de Bogotá.
Posteriormente, el abogado gestionó el traslado de su defendido a una cárcel de Soacha (Cundinamarca).
Ante un juez de este municipio presentó una solicitud para que la detención preventiva la pudiera cumplir en Guaduas.
Esta petición fue aceptada; sin embargo, en la remisión se incluyó la dirección de un hotel, así que alias Farid permaneció privado de la libertad fuera de un centro carcelario.
Para evitar que los servidores del INPEC reportaran lo sucedido, presuntamente, se pagaron $900.000.
Estas personas fueron vinculadas a un proceso penal.
Finalmente, hay elementos de prueba sobre la posible presentación de documentos falsos con los que se obtuvo una rebaja en la condena contra alias Farid.
En ese sentido, Carmona Giraldo acudió, por intermedio de terceras personas, ante un juez de ejecución de penas y consiguió la libertad para su cliente. En esa decisión, el funcionario judicial omitió que el beneficiado tenía vigente una orden de captura por el delito de extorsión.
Por todas estas maniobras ilícitas, al parecer, fueron pagados $10’000.000.
Ante estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó alabogado los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
Los cargos fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir media de aseguramiento en centro carcelario.
Al respecto de esta situación. El director especializado contra la Corrupción, Eduard Alirio Calderón entregó declaración en las que da a conocer la presunta entrega de dádivas y favorecer así a un exparamilitar y las interceptaciones telefónicas en las cuales se advierte la entrega de dádivas a funcionarios públicos.
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