Centros Poblados envió 22 fotos y videos para probar que invirtió el anticipo en equipos.
La Contraloría encontró responsable fiscalmente al consorcio por irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020 para llevar internet a zonas rurales.
Por no cumplir con la entrega total de los equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, con el que el Gobierno de Iván Duque buscaba llevar el internet gratuito a zonas rurales de 16 departamentos, la Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado $87.027 millones de pesos.
Así lo determinó la Contraloría General de la República, ente que encontró responsable fiscalmente al consorcio, a su representante legal, a la firma interventora y a los proveedores de equipos de internet, por el detrimento patrimonial de más de $70.000 millones de pesos.
«Se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de los 7.277 centros digitales en zonas apartadas del país», se lee en el fallo.
Las irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020, celebrado entre este consorcio y el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Ministerio de las Tic, fue uno de los mayores escándalos del gobierno pasado y terminó motivando la renuncia de la jefe esa cartera, en 2021, Karen Abudinen.
El contrato tenía un valor de más de un billón de pesos, de los cuales el Estado alcanzó a girarles a los contratistas $7.277 billones de anticipo. Una cuantía que se habrían apropiado antes de la terminación anticipada del negocio. A esto se suma la presentación de una garantía bancaria falsa por parte de la firma, sin la cual no se hubiera desembolsado el adelanto.
Además del incumplimiento del consorcio Centros Poblados, la Contraloría determinó que también hubo faltas de la empresa proveedora, por la omisión en la entrega de los equipos, razón por la cual también le halló responsabilidad fiscal a su representante legal, el señor Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.
Al igual que Cáceres, la entidad falló en contra de los miembros del consorcio interventor, pues fueron quienes aprobaron las órdenes de pago sin la verificación de los documentos de soporte, entre estos la falsa póliza bancaria, y no tomaron decisiones como una reunión extraordinaria del comité fiduciario para evitar el desembolso de recursos ante el inminente incumplimiento por la falta de disponibilidad de los equipos.
Frente a los funcionarios del Mintic involucrados: Adriana Meza, Sandra Orjuela y Camilo Alberto Jiménez, la Contraloría falló sin responsabilidad fiscal. Luego de valorar las pruebas y argumentos de defensa, determinó que Meza no tenía conocimiento preliminar del incumplimiento del contratista que le permitiera adelantar las acciones estipuladas en el contrato para suspender el giro o pedir la devolución del adelanto.
Frente a la funcionaria Orjuela, quien ejercía como subdirectora de Gestión Contractual del Mintic, la Contraloría probó que desarrolló todos los procedimientos requeridos para la aprobación de las garantías bancarias, toda vez que la póliza falsa fue una malversación de los miembros de la Unión Temporal. Y con respecto a Jiménez, como supervisor del contrato, estableció que no intervenía ni directa, ni indirectamente en la aprobación de las órdenes de pago.
De igual forma, se desvincularon y archivaron las investigaciones en contra de las aseguradoras, ya que obedecían a pólizas de los funcionarios de Mintic, absueltos de responsabilidad fiscal.
Las investigaciones penales y disciplinarias
El sonado caso de Centros Poblados, además de las responsabilidades fiscales determinadas por la Contraloría, tiene capítulos penales y disciplinarios.
En septiembre de este año la Procuraduría archivó el proceso disciplinario en contra de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, al determinar que no cometió ninguna conducta irregular ni incurrió en una violación a las normas de contratación pública.
Sin embargo, en mayo del 2023, sancionó a los tres exfuncionarios del Mintic sobre los que ahora falla a favor la Contraloría: la exsubdirectora de Gestión Contractual del Mintic, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del Ministerio, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria general de la cartera y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.
A ellos se sumaron los contratistas Luis Fernando Duque Torres y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.
Penalmente, por este escándalo ya fueron condenados, mediante preacuerdos, Juan José Laverde, por las pólizas falsas que presentó la Unión Temporal para quedarse con el contrato, y Luis Fernando Duque, representante legal del consorcio.
En este baile también estuvo involucrado el polémico contratista Emilio Tapia, quien es considerado el cerebro del entramado. En mayo de este año se cayó el preacuerdo que estaba buscando con la Fiscalía y su proceso sigue en etapa preliminar. Otro nombre sonado es el de Juan Carlos Cáceres Bayona, quien acaba de ser sancionado por la Contraloría y que en agosto pasado buscó un principio de oportunidad, que le fue negado.
Fuente Sara Valentina Quevedo Delgado Diario El Tiempo
Por 