La Contraloría General de la República notificó en un informe a la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de dos órdenes que emitió el alto tribunal para la protección ambiental del Arroyo Bruno, en La Guajira, que fue desviado por la empresa Cerrejón.
“Cerrejón está acabando con nuestra naturaleza y está acabando con nuestros cuerpos de agua”, denuncia José Miguel Gil, líder indígena de la comunidad el Charito.
José Miguel Gil, es un guajiro que se ha visto afectado por la desviación del arroyo Bruno, uno de los escasos ríos de La Guajira y una fuente de agua que para las comunidades indígenas tiene un valor cultural y espiritual.
Pero por la actividad minera, este arroyo que tiene un recorrido de 21 kilómetros antes de desembocar en el río Ranchería, sufrió una desviación de 3.6 km por parte de la multinacional Cerrejón.
En el 2017 la Corte Constitucional ordenó suspender el desvío del arroyo ya que amenaza los derechos a la salud, al agua y la salud alimentaria de las comunidades afro y Wayuu de la zona. Orden que se está incumpliendo según la Contraloría General de la República.
“Hace falta una hoja de ruta para involucrar a todas las comunidades afectadas por el desvío del arroyo, son 3 comunidades y una está participando”, dijo Gabriel Adolfo Jurado, Contralor Delegado para el Medio Ambiente.
Además se evidenció que la garantía de los derechos al agua establecido en la Sentencia SU-698 de 2017 se están violentando, problemática que fue notificada a la Corte Constitucional.
Por último, la Contraloría informó que en el segundo semestre de 2022, una auditoría sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento que suscribieron las entidades estatales involucradas como Carbones del Cerrejón, el Ministerio del Interior, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente.
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