Defensor del Pueblo reitera la importancia de establecer protocolos para evaluar el cumplimiento de los compromisos. Estos deben ser conocidos por toda la sociedad.
Desde el inicio del año, el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc habría cometido cerca de 50 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su llamado al denominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, para que muestren verdaderos gestos de paz y que de manera inmediata cesen todas sus acciones en contra de la población civil, de manera especial que terminen con la práctica del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Casos como el repudiable homicidio de cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano (Caquetá), son evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al DIH que habrían sido cometidas por el EMC de las disidencias de las Farc.
“Necesitamos un compromiso real de paz por parte de todos los grupos armados ilegales, de manera especial a las disidencias de las Farc, ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de suspender el cese el fuego con el EMC en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, y de conminar a esa organización a iniciar la fase de diálogos para establecer el cese de hostilidades con enfoque territorial”, aseguró Carlos Camargo Assis.
A juicio del Defensor del Pueblo, “el centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno Nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”.
Desde el 31 de diciembre de 2022, fecha en la cual el Gobierno Nacional decretó el cese al fuego entre la fuerza pública y cuatro grupos armados, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado 90 acciones violentas por parte de dichos grupos, de las cuales 20 obedecerían a enfrentamientos armados entre alguno de los grupos armados objeto del Decreto y 70, a acciones violentas en contra de la población civil.
Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, aunado a las mencionadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, así como la falta de transparencia en el establecimiento de los protocolos del cese el fuego, la paulatina suspensión de los Decretos pone en evidencia la inestabilidad de los procesos de negociación iniciados y con ello, el riesgo inminente del recrudecimiento de la violencia en el país.
“Desde la Defensoría del Pueblo les exigimos a los grupos armados hechos concretos, actuaciones inmediatas y no más dilaciones para iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional. Los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Gobierno para dialogar sobre la ruta para dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
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