Con textos e imagen de medios internacionales (El Espectador y La Prensa de Nicaragua) Costa Rica y Nicaragua se atribuyeron la victoria tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que delimitó la frontera marítima entre ambos países, un diferendo que ha agriado la siempre conflictiva relación bilateral. Pero tras la decisión, la que podría verse seriamente afectada es la Reserva de Biosfera Sea Flowers porque la nueva línea que demarca la nueva frontera marítima de los dos países centroamericanos en el Mar Caribe, penetra en actuales áreas de la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada por la Unesco –en noviembre de 2000– en la Red Mundial de Reservas de Biosfera y que se constituye en la Reserva de Biosfera oceánica más grande del mundo.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió el pasado viernes la disputa entre Costa Rica y Nicaragua sobre sus fronteras, especialmente marítimas, en una decisión de la que ambas partes se dijeron «satisfechas». Los magistrados del alto tribunal de la ONU impusieron además a Managua el pago de unos 380.000 dólares a Costa Rica por los daños causados, entre ellos medioambientales, cuando ocupó en 2010 un humedal fronterizo cuya soberanía la CIJ otorgó a San José en 2015.
«Estamos completamente satisfechos», «los inversionistas ya saben exactamente a qué atenerse», indicó a la AFP el agente de Nicaragua ante la CIJ, el embajador Carlos Argüello, para quien la decisión sobre el mar Caribe y el océano Pacífico es «importante para el desarrollo económico» de ambos países.
La importancia reside en los posibles recursos en hidrocarburos y pesqueros. De hecho, San José recurrió a la CIJ en 2014 después de que Managua ofreciera subastar un año antes bloques de explotación petrolera en el Pacífico, algunos en aguas reivindicadas por Costa Rica.
El gobierno costarricense celebró por su parte la victoria frente ante las «pretensiones» de su vecino del sur de «apropiarse de espacios marítimos» de su país «para la exploración y explotación de petróleo y gas», dijo su canciller, Manuel González, en San José.
En concreto, para González, su país logró «reivindicar unos 10.000 kilómetros cuadrados adicionales en el mar Caribe y garantizar el acceso al domo térmico y a extensas áreas de pesca en la zona del Pacífico norte».
Por Santa Elena y las islas del Maíz
El tribunal, creado en 1945 para resolver disputas territoriales entre Estados, decretó en el océano Pacífico una delimitación más cercana a la propuesta costarricense, al tener en cuenta la península de Santa Elena, contra lo pretendido por Nicaragua.
En cambio, en el caso del mar Caribe, al tener en cuenta las nicaragüenses islas del Maíz (Corn Islands), la decisión de la CIJ, que es inapelable y vinculante, reconoció parte del espacio marítimo reivindicado por Managua.
En el fallo leído por el vicepresidente del tribunal, Abdulqawi Yusuf, el tribunal otorgó también la soberanía del norte de la isla Portillo a Costa Rica, «excepto la laguna de Harbour Head», por lo que obliga a Nicaragua a retirar su presencia militar de esa zona.
«Al establecer y mantener un campamento militar en territorio costarricense, Nicaragua violó la soberanía de Costa Rica», reza la decisión de los jueces, un hecho relativizado por el representante nicaragüense, asegurando que la frontera no estaba todavía definida.
Ese campamento «se tendrá que mover pues, no es ninguna cosa del otro mundo», aseguró Argüello tras la decisión, precisando que el dispositivo, basado en «tiendas de campaña», se encuentra a unos «50 metros de distancia».
Daños medioambientales
Horas antes, Costa Rica había recibido un jarro de agua fría de los magistrados, que rebajaron enormemente la demanda de indemnización de 6,7 millones de dólares reclamada por San José por los daños ocasionados por Nicaragua durante la ocupación del humedal de isla Portillo en 2010.
La CIJ impuso un monto a Nicaragua de 378.890,59 dólares a pagar a Costa Rica «el 2 de abril de 2018 a más tardar», según el fallo del tribunal, que por primera vez impone una indemnización por daños medioambientales, en concreto unos 120.000 dólares del total.
«El fallo, que fue aprobado por una votación de 15 a 1, representó una gran derrota para Costa Rica y sus pretensiones, y una reivindicación de la posición de Nicaragua», alegó el gobierno de Managua, asegurando que al final sólo se reconoció un 5% de lo reclamado por San José.
En un vídeo divulgado por el gobierno costarricense, su canciller señaló que aceptan el fallo e hizo una invitación «respetuosa» a Nicaragua «para que cumpla la sentencia dictada por este alto tribunal».
Las disputas territoriales han agriado las relaciones entre estos vecinos del istmo centroamericano, que esperan dejar atrás sus diferencias con las resoluciones de este viernes.
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