La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no encontró méritos para continuar la investigación que le seguía al fiscal general de la Nación.
Cabe recordar que, a mediados del año pasado, a la Comisión de Acusación llegó una denuncia en contra del fiscal por presuntamente haber violado el decreto presidencial que ordenaba la cuarentena y haber hecho ese viaje puntualmente.
Para Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, quien había radicado la denuncia, el investigador que fuera asignado para analizar el caso debía evaluar si era necesaria o no la presencia del fiscal en medio de la cuarentena en San Andrés y si se utilizaron recursos públicos en costos como pasajes, alojamientos, alimentos, entre otros, puesto que las denuncias indicaron que, además de su familia, viajó una menor de edad amiga de la hija del fiscal.
Una de las explicaciones de Francisco Barbosa en la rueda de prensa fue que el costo del viaje estuvo a cargo de él mismo y que tiene las cuentas claras y disponibles para mostrarlas ante la Comisión de Acusación. Y así lo demostró la investigación.
Toro se pronunció este domingo y señaló: “En una votación de siete votos a favor del archivo, dos en contra, mi voto y el del representante Leal, del Partido Verde, se archivó el caso de una denuncia que se hizo contra el fiscal por ese viaje a San Andrés en el marco de un toque de queda en la isla de San Andrés. La tesis que argumentan quienes respaldaron el archivo es que los funcionarios públicos tienen una serie de prerrogativas, entre ellas es que pueden desplazarse con sus familias a estos lugares, y que estaba en funciones públicas, razón por la cual no se había violado por parte de él o de su familia el toque de queda. Nosotros creemos que faltó investigar muchísimo más por el posible uso de los recursos durante ese fin de semana”.
No se encontró, ni delito ni falta disciplinaria, entonces, por parte del Fiscal General de la Nación en dicho desplazamiento. Por tal razón, la Comisión de Investigación decidió expedir o formular auto inhibitorio, tras no encontrar hechos que demuestren que haya hecho uso indebido de recursos públicos.
También se estableció que dichos funcionarios de la Fiscalía, en desarrollo de sus funciones públicas, se encontraban exentos del decreto presidencial emitido para evitar la propagación del virus de la covid-19.
La denuncia, por ejemplo, señalaba en uno de sus apartes que, “si bien el decreto inicialmente expedido por el gobierno contempla una serie de excepciones del aislamiento obligatorio, ninguna de ellas es ir de vacaciones o de turismo, pues esto aparte de ser una irresponsabilidad por parte del servidor público puede afectar directamente a los habitantes de la Isla, por el tamaño de la misma y la complejidad de sus condiciones”.
De esta manera, Barbosa pudo demostrar que su visita a la isla fue en pleno desarrollo de sus funciones como Fiscal General de la Nación.
Tomado de Semana
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