Los integrantes del Comité Departamental de Discapacidad solicitaron al Gobierno Nacional y a las FARC que los tengan en cuenta para las políticas del posconflicto. En el registro único de la Unidad de Víctimas, a 1 de julio de este año la unidad tenía un total de 10.635 víctimas de minas de las cuales 5.353 son civiles y el resto son de la Fuerza Pública.
Durante la más reciente reunión del Comité Departamental de Discapacidad, sus miembros enviaron un pronunciamiento solicitando tanto al Gobierno Nacional como a las FARC que los tengan en cuenta en las políticas trazadas para el posconflicto.
La razón primordial de su solicitud es que, tanto a nivel local como a nivel nacional, existen personas en condición de discapacidad debido a las acciones de la guerra como el fuego cruzado y las minas antipersonas que dejaron mutiladas y afectadas en su integridad a muchos individuos.
“Estamos viendo que en los acuerdos entre la Guerrilla y el Gobierno hay muchos aspectos relevantes pero se ha desconocido totalmente a la población con discapacidad y es necesario que a nosotros se nos tenga en cuenta por igual en las políticas a realizar con miras al posconflicto”, manifestó Wilmer Hooker Thyme, representante de las personas con discapacidad física en el Comité.
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