Por Andrés Vecino
Gobierno perdió ayer la presidencia de la Comisión 7 de Senado, y en medio de su desespero por el fracaso de su reforma a la salud decide sacarla por decreto.
El Decretazo de Reforma a la Salud le está haciéndo trampa a la a constitución y a la ley, otra vez, como acostumbra el gobierno de Petro.
El decreto 0858 fue emitido el 30 de julio de 2025 por Petro, con el objetivo de regular la reforma de salud sin la aprobación del Congreso.
Contiene 30 páginas con mucho contenido que aunque suena bien, es irrelevante en algunos aspectos, dañino en muchos otros porque:
1. Las condiciones para implementarlo no existen.
2. No hay dinero para pagar pues cuesta una reforma tributaria entera según cálculos de la senadora Norma Hurtado.
3. No hay tiempo. La implementación se espera que ocurra en 6 meses. Justo finaliza alrededor del inicio de la ley de Garantías (detalle no menor).
4. Promueve los mismos vicios de la reforma: mayor ineficiencia en el gasto, subordina a las IPS a pertenecer a una red habilitada por el Minsalud, finaliza la desaparición de la función de aseguramiento al universalizar el giro directo.
5. Diluye la gobernanza del sistema (nadie es responsable por los pacientes) y le da más responsabilidades a las ET sin darles recursos o fortalecer capacidades.
6. Territorializa a las EPS sin el insumo más importante para esa función: Datos.
7. La Nueva EPS no tiene estados financieros de los dos últimos años y el gobierno ha dicho que la razón por la que no incrementó la UPC es porque no confía en los datos de la NEPS, EPS intervenida por el mismo gobierno y que tiene al 20% de la población.
8. La clave del decreto está en el artículo donde centraliza el uso de los recursos. En el PGN el aseguramiento creció 17% nominal. Las dos cosas no se pueden ver en forma separada.
9. Este decreto es acerca del uso de los recursos de la salud. En el PGN de 2025 se programaron para aseguramiento en salud $65,3 billones. En el que se acaba de radicar para 2026 se programaron $76,9 billones. Un crecimiento nominal de 17,7%, superior al crecimiento del gasto en funcionamiento del 11%. El gobierno utilizará esos recursos para la UPC o para la reelección del Pacto Histórico??
**Resumiendo:**
– El Gobierno Nacional expidió el decreto 0858 de 2025, reorganizando el sistema de aseguramiento en salud: Transforma las EPS en gestoras de salud y vida, y convierte hospitales y clínicas en Centros de Atención Primaria (CAPS).
– Esto equivale a implementar la «reforma a la salud» anticipadamente por decreto, pese a que el trámite legislativo en el Congreso aún no ha finalizado.
– El decreto tiene problemas graves de constitucionalidad, ya que el modelo de salud está definido por ley y no puede ser cambiado por decreto.
– Las funciones clave de las EPS se transfieren a entidades territoriales y a los nuevos CAPS, alterando cómo se afilian, atienden y refieren los pacientes.
– Se advierte una enorme desfinanciación: El sistema seguirá con los mismos recursos, pero las EPS pierden herramientas y funciones críticas.
– Se anuncia que el sector salud utilizará vías legales para demandar el decreto por inconstitucionalidad.
– Decreto expone incertidumbre jurídica y operativa para pacientes, clínicas y prestadores, con plazos de transición de entre tres meses y un año.
– El decreto prioriza la atención primaria, pero advierte que “no resuelve” los problemas serios de atención actual y podría agravarlos.
– Indica que la ADRES seguirá como único pagador, pero el decreto plantea riesgos de gobernanza y concentración de funciones.
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