Dos decisiones judiciales se presentaron este martes en torno al proceso penal que se adelanta contra funcionarios del Coral Palace en actuaciones por separado en Bogotá y Cartagena.
Por un lado la Fiscalía anunció este martes que la Corte Suprema condenó a 13 años y siete meses de prisión contra Aury Guerrero, Bowie, exgobernadora de San Andrés.
Los cargos, aceptados por la exfuncionaria, fueron concierto para delinquir, cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por su responsabilidad en el desfalco de los recursos del archipiélago.
Guerrero fue enviada a la cárcel desde octubre del año pasado, cuando juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra ella y el entonces gobernador en ejercicio Ronald Housny Jaller.
De acuerdo con la investigación, los exmandatarios habrían implementado un sistema de coimas en San Andrés que superaría los 11.000 millones de pesos de detrimento patrimonial.
Además, los contratos en licitación de ambos gobernadores son de cerca 120.000 millones de pesos. El sistema, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, incluía la manipulación de licitaciones públicas para descartar a ciertos oferentes”.
Entre tanto para los próximos días estaría pendiente la aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia. de un preacuerdo del ex gobernador Ronald Housni Jaller que habría implicado reparación con entrega de bienes y de información para colaborar con la justicia.
De otro lado, en la tarde de este martes, en la sala 10 del Consejo Judicial Penal de Bolívar, el juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cartagena dio lectura al auto de fallo que resolvió la apelación a las decisiones que adoptó el Juzgado Primero Penal con funciones de Conocimiento de San Andrés del 9 y 19 de octubre de 2018 que decretaron la legalidad de la captura e impuso medidas de aseguramiento de los secretarios de despacho del Coral Palace que afectó a la asesora jurídica Aynn Conolly, Alejandro Lozano, Edelmira Archbold, Elizabeth Oneill, Juan Diego Alvis, Mauricio Rodriguez Cotua, Luis Urrego, Tatiana Pérez y Sergio Lever, confirmando la medida de quienes cumplen detención intramural y los de detención domiciliaria, también se confirmó la legalización de la incautacion de los elementos y dispositivos electrónicos como teléfonos y usb que estos poseían al momento de sus detenciones. Con foto de El Colombiano
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