Al resolver un recurso de apelación con coadyuvancia de la Fundación Heredad, el Consejo de Estado a través de su
Sala de lo Contencioso Administrativa advirtió que el único competente para decidir si un desplazado residente en San Andrés puede obtener permiso de trabajo es la Oficina de Control a la Circulación y Residencia.
El máximo tribunal de lo contencioso considera que la providencia impugnada debe modificarse en el sentido de ordenarle a la Unidad Administrativa de Reparación Integral de Victimas, Uriav, adoptar las medidas necesarias para asegurar la entrega oportuna de la ayuda humanitaria de emergencia al actor, reconocida en la Resolución 0600120171593864 de 2017, así como la ayuda humanitaria de transición y los demás componentes que garanticen la atención integral que le permita superar el estado de vulnerabilidad, lograr la estabilización socioeconómica y la reinstalación o retorno a su lugar de origen.
Igualmente debe brindarle orientación sobre la atención en salud y la posibilidad de acceder a los diversos programas dirigidos a la población en condiciones de desplazamiento, como educación, capacitación, vivienda, proyectos productivos y empleo con los cuales se logrará un auto sostenimiento económico.
En relación con el segundo punto, esto es la exhortación contenida en el numeral tercero del fallo de tutela impugnado, asiste razón a la Occre en cuanto a que no es posible relevarla del cumplimiento de las competencias contenidas en el Decreto Ley 2762 de 1991, referidas al control de la densidad poblacional en el departamento.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decidió negar la solicitud de nulidad formulada por la Oficina de Control, Circulación y Residencia- Occre; aceptar a Heredad Veeduría Ciudadana como coadyuvante de la Oficina de Control, Circulación y Residencia- Occre; modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia del 26 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, objeto de impugnación, los cuales quedan así: ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-Uariv a adoptar las medidas necesarias para asegurar la entrega oportuna de la ayuda humanitaria de emergencia al señor Sergio Antonio Mercado Parra, reconocida en la Resolución
150600120171593864 de 2017, así como la ayuda humanitaria de transición y los demás componentes que garanticen la atención integral que le permita junto con su núcleo familiar superar el estado de vulnerabilidad, lograr la estabilización socioeconómica y la reinstalación o retorno a su lugar de origen.
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, además debe brindarle al señor Sergio Antonio Mercado Parra orientación sobre la atención en salud y la posibilidad de acceder a los diversos programas dirigidos a la población en condiciones de desplazamiento, como educación, capacitación, vivienda, proyectos productivos y empleo con los cuales logrará un auto sostenimiento económico; ordenar a la Oficina de Control, Circulación y Residencia- Occre dar respuesta de fondo, clara y precisa a la petición del señor Sergio Antonio Mercado Parra, radicadael16 de marzo de 2016.
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