Como Procuradora General de la Nación, celebro la unificación de la jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, que reafirma nuestra facultad de sancionar a los funcionarios de elección popular. Este respaldo fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción en el país.
La revisión de las medidas de destitución e inhabilidad por parte del Consejo de Estado es garantía del debido proceso y el equilibrio institucional. Seguiremos trabajando con rigor y transparencia en defensa del interés público y la legalidad.
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