El Equipo de Empalme Anticorrupción del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella recibió los informes finales de la Contraloría General de la República, resultado de 62 mesas de trabajo con 17 contralores delegados, ministros y líderes sectoriales. El diagnóstico es contundente: el presupuesto de 2027 quedaría desfinanciado en 30 billones de pesos por la inclusión irresponsable de ingresos difícilmente recaudables, mientras crece el peso del servicio de la deuda.
A ello se suman deudas en el sector energético que superan los 5,6 billones, incluyendo cerca de 2,9 billones asociados a Air-e y para 2027 solo estaría financiado el 25 % de los recursos necesarios para atenderlas. En transporte, el sector ejecutó apenas el 43 % de su presupuesto en 2025 y a julio de 2026 no supera el 13 %, con procesos arbitrales contra la ANI por pretensiones superiores a 14 billones y más del 55 % de la red vial nacional en estado regular o malo.
Los hallazgos sobre programas sociales e infraestructura son igualmente alarmantes. El programa Adulto Mayor enfrenta un déficit cercano a 3,2 billones que pone en riesgo los pagos a cerca de 3 millones de beneficiarios entre agosto y diciembre de 2026.
En la primera infancia, la Contraloría identificó servicios pedagógicos contratados con entidades sin relación alguna con la educación inicial, entre ellas asociaciones campesinas, pesqueras y plataneras.
En reforma agraria, más de 45.500 familias campesinas recibieron predios sin títulos formalizados y el cumplimiento de la meta de entrega de tierras alcanza apenas el 18 %: de 1.500.000 hectáreas prometidas, solo se entregaron 282.975.
El Gobierno de la Patria Milagro tomará posesión el 7 de agosto conociendo con precisión la magnitud del desastre que recibe, y actuará desde el primer día con responsabilidad, transparencia y determinación para proteger cada peso de los colombianos
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