Se destacan en este listado 11 procesos de responsabilidad fiscal por $48.361 millones, relacionados con obras abandonadas, suspendidas, con evidentes atrasos y que no funcionan óptimamente.
Uno de los grandes procesos es el que se adelanta por posibles sobrecostos en la ejecución del contrato de obra para la construcción del Megacolegio “CEMED” en la isla de San Andrés, por $21.914 millones.
Sobresalen también procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción del Acueducto del Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, la expansión de redes del Alcantarillado Sanitario en San Andrés, la construcción de la planta desalinizadora de agua de este municipio y la construcción del muelle turístico en Johnny Cay.
La Contraloría General de la República adelanta actualmente en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 31 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía total de $53.383 millones
Para destacar los siguientes procesos referidos a proyectos relevantes:
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGA COLEGIO “CEMED” ANTONIA SANTOS DE SAN ANDRES, ISLAS.
Entidad Afectada: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cuantía del daño imputado: $21.914 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por posibles sobrecostos en la ejecución del contrato de obra No. 1341 de 2014, cuyo objeto fue la “Construcción Megacolegio «CEMED» Antonia Santos en el Sector de San Luis en la Isla de San Andrés” suscrito entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Unión Temporal Mega 2014, por valor de $46.551 millones y el contrato de interventoría No. 1405-2014, celebrado con el Consorcio Interventoría Megacolegio, por valor de $1.651 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en hallazgo fiscal, configurado en auditoría de cumplimiento adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en el cual se determinaron deficiencias en la fase de planeación del contrato de obra, relacionadas con la no legalización previa de la entrega del predio donde se construiría el Megacolegio, así como ausencia de estudios y diseños del proyecto, lo que conllevó a innumerables prórrogas con la consecuente suspensión del contrato. Se trata de una obra de mala calidad, inconclusa y abandonada, a lo que se suman sobrecostos en los precios unitarios pactados.
En lo relacionado con el contrato de interventoría, se establecieron sobrecostos relacionados con el cálculo del factor multiplicador, que afectó el costo de cada uno de los profesionales contratados, quienes no fueron vinculados por contrato laboral, por lo tanto, no se generaron pagos al Sistema General de Seguridad Social, ni aportes parafiscales, costos que sí le fueron reconocidos al contratista.
En desarrollo de esta actuación se vinculó a las compañías aseguradoras en aras de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN SAN ANDRES ISLA.
Entidad Afectada: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cuantía del daño: $6.416 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 1600 de 24 de octubre de 2016, cuyo objeto fue la “Rehabilitación y mejoramiento de la calle 16 vía de acceso hacia la zona industrial en San Andrés Isla”, suscrito entre la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Consorcio Infraestructura SAI 2016, por valor de $8.567 millones, y el Contrato de Interventoría No. 1870 del 1º de diciembre de 2016, con el Consorcio Intervias San Andrés 2016, en cuantía de $377 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en hallazgo fiscal configurado en desarrollo de actuación especial adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en la cual se determinó que la obra estaba suspendida, presentaba atraso significativo en su ejecución, se había realizado modificación de los ítems del proyecto en más del 90% y se desconoció el principio de planeación de la contratación estatal, al no contar con estudios de viabilidad en el manejo ambiental del proyecto. Adicionalmente, se estableció mala calidad de la obra ejecutada, deficiencias en las losas de concreto y andenes, así como sobrecostos en varios ítems pagados al contratista.
En desarrollo de esta actuación se vinculó a las compañías aseguradoras en aras de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
Entidad Afectada: Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cuantía del daño: $5.414 millones.
La Contraloría General de la República inició Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Operación de la infraestructura, cuyo objeto fue la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado y Acueducto, suscrito entre Aguas de San Andrés S.A. E.S.P, y Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en auditoria de cumplimiento adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que se evidenciaron anomalías en la fijación de las tarifas establecidas para la correcta aplicación del otorgamiento del subsidio a usuarios de menores ingresos de los estratos 1, 2 y 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 y el cobro de las contribuciones de aportes solidarios a los estratos 5, 6 y usos comerciales e industriales, situación que provocó un desbalance y déficit por concepto de recaudo de contribución de solidaridad frente a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la Isla de San Andrés.
Lo anterior conllevó a que, durante el periodo de marzo de 2019 a enero del 2020, la firma operadora aplicara factores de subsidio superiores a estratos bajos y cobrara contribuciones inferiores a los estratos altos, contraviniendo lo establecido por la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En desarrollo de esta actuación fueron vinculadas las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, FASE I.
Entidad Afectada: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Cuantía del daño: $ 4.733 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades relacionadas con deficiencias en la ejecución del contrato PAF-ATF-01-2012, que tuvo por objeto la «Construcción del sistema de acueducto para el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas Fase I”, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, y Valores y Contratos S.A. – VALORCÓN, por un valor total de $16.648 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia ciudadana que fue atendida y verificada por la Gerencia Departamental de la CGR y en la cual se logró evidenciar que el acueducto del municipio de Providencia y Santa Catalina no funciona óptimamente, pues no procesa la cantidad de litros de agua para la cual fue concebido, lo que implica que los usuarios no tengan el servicio de agua durante todo el día, así como también que el líquido no sea apto para el consumo humano, lo que ha generado una afectación a los recursos públicos destinados a dicha obra, pues su inversión no dio los resultados esperados.
En desarrollo de esta actuación fueron vinculadas unas compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANDRÉS.
Entidad Afectada: Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas
Cuantía del daño: $ 2.712 millones
La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra Q17740 de 2017 cuyo objeto fue “la expansión de redes de alcantarillado sanitario en los distritos 1, 2 y 3 de la ciudad de San Andrés”, suscrito entre la firma Proactiva Aguas del Archipiélago S.A ESP, operador del servicio de alcantarillado y el CONSORCIO ALCANTARILLADO 2017, por un valor total de $ 5.046 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en auditoria de cumplimiento adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR, en la cual se evidenció que la construcción de las redes de alcantarillado de los barrios Cabañas de Alta mar, Sarie Bay y Modelo de San Andrés no se encuentran ejecutadas en su totalidad y no están prestando servicio a la comunidad. Adicionalmente, se presentaron deficiencias en los estudios y diseños que derivaron en modificaciones y adiciones al contrato favoreciendo la desfinanciación de la obra contratada.
En desarrollo de esta actuación fueron vinculadas las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio y se decretaron medidas cautelares.
Un (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS.
Entidad Afectada: Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.
Cuantía del daño: $ 2.388 millones.
La Contraloría General de la República inició Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra No. 027 de 2017, cuyo objeto fue el “Diseño, suministro e instalación de una planta desalinizadora nueva, con capacidad efectiva de agua desalinizada de 50 Us y diseño, suministro y construcción de un tanque de almacenamiento de 1.000 m3, un sistema de bombeo y conducción desde la planta hasta el nuevo tanque, operación y mantenimiento durante 4 meses”, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER y la firma PROTECNO S.R.L, por un total de USD $23.673 más COP $ 2.328 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, donde se evidenciaron deficiencias de calidad y cantidades de obra, puesto que los diseños recibidos y pagados no permiten dar inicio a la fase de ejecución y operación de las obras, lo que avizora deficiencias en la planeación del proyecto, que han llevado a adicionar recursos y plazos en el contrato y que hasta el momento no se haya dado solución a los problemas de abastecimiento de agua potable de la isla, y se esté incumpliendo el componente de provisión y acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.
En desarrollo de esta actuación, se vincularon unas compañías aseguradoras con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO), COMO PROGRAMA ALTERNATIVO SOSTENIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Entidad Afectada: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Cuantía del daño: $ 2.368 millones
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del Convenio No. 9677-SAPI1013-302- 2016, que tuvo por objeto «Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos, logísticos, financieros y jurídicos con el fin de implementar la industria de Business Process Outsourcing (BPO) como programa alternativo sostenible para el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina», suscrito entre el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD, y la empresa People Contact S.A.S., por un total de $4.829 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en auditoría realizada por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.
Según el último informe de la supervisión del convenio, el 30 de septiembre de 2017 se retiró de San Andrés la operación del BPO, atendiendo a que el operador People Contac pudo determinar que, la operación allí no era ni viable ni autosostenible; luego de lo cual, con miras a solventar la contingencia, se realizaron ruedas de negocios y otros eventos en busca de otro operador para el programa, sin resultados positivos, pues ninguna empresa mostró interés en participar en el aludido proyecto, obligando así al desmonte del mismo con un costo adicional de $120 millones.
Se concluyó que el fracaso del proyecto obedeció a falencias en la planeación y estructuración del proyecto y el convenio, relacionadas con debilidades en el análisis del sector y en la proyección de los ingresos, costos y gastos para viabilizar dicho proyecto.
En desarrollo de esta actuación, se vinculó una compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO EN JOHNNY CAY – SAN ANDRÉS ISLAS.
Entidad Afectada: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO (antes FONADE).
Cuantía del daño: $1.732 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del convenio No. 211089, suscrito entre FONADE (hoy ENTERRITORIO) y el consorcio Alianza Turística, administrador del Fondo de Promoción Turística -FONTUR, que tuvo como objeto: “ejecutar la gerencia integral del proyecto construcción del muelle turístico de los lancheros y plataforma del muelle en Johnny Cay San Andrés Islas.”, por un valor inicial de $3.247 millones.
El presente proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia ciudadana, atendida y tramitada por la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras, en la que se evidenció que, en ejecución del referido convenio, se presentó una inadecuada planeación y control por parte de FONADE respecto de los contratos celebrados para los ajustes a los diseños iniciales y su respectiva interventoría, toda vez que no fueron visualizadas de forma técnica y suficiente las deficiencias de los diseños definitivos contratados para el proyecto, lo que ha impedido cumplir con la finalidad de la contratación y la puesta en servicio de las obras requeridas, pues no se ha logrado la terminación y entrega final de las mismas.
En desarrollo de esta actuación, se vinculó una compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS – COVID 19 – EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.
Entidad Afectada: Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cuantía del daño: $ 1.334 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato No. 362 del 2020 cuyo objeto fue “el Suministro de elementos médicos a fin de ser proporcionados al Hospital Departamental para atender la emergencia sanitaria derivada por la pandemia coronavirus Covid-19 en la Ciudad de San Andrés”, celebrado entre el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la firma DM MEDICAL HEALTH CARE S.A.S., por un valor total de $3.524 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la alerta emitida por la Unidad de Reacción Inmediata – DIARI – a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, en la que se evidenció que los ventiladores presentaron un sobrecosto que alcanza un 17%. Así mismo, la secretaria de salud reportó que “los equipos entregados hasta el momento se encuentran en una bodega esperando la terminación de las obras de expansión de la Unidad de Cuidados Intensivos para que puedan ser entregados al hospital».
En desarrollo de esta actuación se vincularon a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Entidad Afectada: Municipio de Providencia y Santa Catalina.
Cuantía del daño: $1.035 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato No. 2270 de 11 de diciembre de 2018, cuyo objeto consistió en “Contratar la construcción de la piscina semiolímpica en el Municipio de Providencia y Santa Catalina”, celebrado entre el municipio de Providencia y Santa Catalina y el CONSORCIO SEMI-OLYMPIC POOL 2018, por valor de $1.788 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en indagación preliminar adelantada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, en la cual se determinó que la obra se ejecutó en un 30%, quedando inconclusa y abandonada por parte del contratista, lo que conllevó a la declaratoria de incumplimiento del contratista de obra y del interventor, así como la imposición de sanciones pecuniarias respectivas, las cuales no se han hecho efectivas por falta de gestión administrativa del municipio.
En desarrollo de esta actuación se vinculó a las compañías aseguradoras con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA
Entidad Afectada: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC
Cuantía del daño: $703 millones.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades evidenciadas en el contrato No. 17001423 H4, cuyo objeto fue “Realizar la construcción del cerramiento de los aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y El Embrujo de Providencia”, entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Consorcio Seven Colors, por un valor total de $6.829 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, donde se lograron evidenciar deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto (estudios previos, presupuesto y especificaciones técnicas), puesto que después de terminados los cerramientos de los aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, y El Embrujo de Providencia, se determinó un sobrante del material utilizado de 1107 metros lineales, para el caso del aeropuerto de San Andrés, y 781 metros lineales, en el aeropuerto de Providencia, debido a una gestión fiscal antieconómica, al haber presupuestado y adquirido una mayor cantidad de cerramiento del que realmente se requería para cumplir el objetivo del proyecto, brindar seguridad perimetral a los dos terminales aéreos.
En desarrollo de esta actuación, fueron vinculadas unas compañías aseguradoras con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
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