Hasta la Corte Suprema de Justicia llegó el caso de perturbación a la servidumbre de la 20 de Julio con calle de las Proveedoras que fue encerrada por varias empresas y que afecta a varias familias Raizales, en virtud de una acción de tutela incoada contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de San Andrés que había sido fallado en contra de los demandantes.
El fallo del maximo tribunal le propinó un duro revés jurídico al magistrado ponente del caso Fabio Mena Gil, como quiera que éste excedió el termino legal para fallar en segunda instancia y no lo hizo, por lo que automáticamente perdió la competencia para continuar con el expediente, pero aún así decidió en este caso.
El magistrado transcurridos los seis meses que por ley tenía para tomar una decisión, debió informar al día siguiente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno y que debía proferir la sentencia dentro del término máximo de dos meses, pero aún cuando el magistrado Mena Gil recibió el expediente el 1 de marzo de 2018, fallo el 16 de octubre de 2018, es decir por fuera del semestre establecido para tal fin, produciendo una nulidad insanable.
En virtud de ello la Corte Suprema de Justicia concedió el auxilio y dejó sin valor y efecto la Sentencia del 16 de octubre de 2018 proferida por la Sala Única del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el proceso de pertenencia cuestionado y otorgó el plazo de 48 horas siguientes y el magistrado ponente pasará el expediente al magistrado que sigue en turno para dar trámite a la segunda instancia.
El fallo contó con la ponencia del magistrado de Octavio Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Sala de Casación Civil y fue avalado por seis magistrados de esa corporación.
LA TUTELA
El abogado William Antonio Vergara Hernández en representación de la señora Isabel Fernández Judge, presentó tutela contra sentencia judicial por violación de normas de rango constitucional al debido proceso y acceso a la justicia.
En el caso concreto la sentencia de segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andrés Providencia y Santa Catalina, se celebró más de siete (07) meses contrariando la norma procesal y una nulidad insanable según la Corte Constitucional en Sentencia T-341/18 y la Magistrada SHIRLEY WALTERS ALVAREZ en su Salvamento de Voto lo manifiesta
Para el tutelante en este caso se violó el DERECHO AL DEBIDO PROCESO consagrado en el artículo 29 de la Constitución, y el DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política; en el sentido de tener la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión.
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