Gnecco & Correa Abogados y  los poderes de los muertos; ¿Marca jurídica o impronta delictiva? 

De reputados juristas a acusados por la justicia penal por conductas delictivas

Investigación y redacción: Cesar A. Pizarro B 

Edición y publicación digital: Dylan A Pizarro T 

A finales de los ochenta los abogados José Manuel Gnecco Valencia y Fernando Correa Echeverri (hoy es conjuez en la rama judicial de las islas) se asentaron en San Andrés, donde no solo echaron raíces sino que rápidamente adquirieron prestigio jurídico y hasta temor profesional, ya que eran garantía de éxito procesal contra sus adversarios en el campo del derecho, lo que de inmediato provocó que empresarios, comerciantes, hoteleros y ciudadanos con posición social,  optaran por sus servicios cuando de atender cualquier conflicto, litigio o demanda se tratara. 

Su respetabilidad estaba dada no solo en los procesos  litigiosos, muchos de ellos caracterizados por muchos millones de ganancias, sino también por lo exclusivo de su elegante bufette de amplias y lujosas oficinas provistas de salas de reuniones y de espera donde había que gastar buen tiempo de antesala antes de ser recibidos por los togados si sus ocupaciones lo permitían; con sus bibliotecas atiborradas de libros y códigos de literatura jurídica y numerosas esculturas de la mujer vendada con la balanza en la mano que representa la justicia, gigantes avisos de página entera en la guía telefónica con la marca de Gnecco & Correa, además de su admirada vida social.  

Pero en medio de esa exitosa vida de juristas, no dejaron de presentarse algunas escaramuzas, controversias y hasta  señalamientos sobre dudosas conductas poco ortodoxas, que algunos adversarios le atribuían en medio de las confrontaciones jurídicas, algunas de las cuales provocaron acusaciones judiciales y/o disciplinarias, pero sin mayor trascendencia o implicación judicial como la que ambos togados enfrentan hoy día, y por las que deben responder ante las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación que los ha llamado a juicios, cada cual por separado y en casos aislados, pero que pareciera unirlos en una suerte de futuro paralelo subjudice en el ocaso de sus carreras y vidas. 

A finales de los años 90 en plena confrontación jurídica entre el abogado José Manuel Gnecco Valencia (apoderado de la energética APL) con el entonces controvertido y poderoso jurista Herman Boris Nisimblat Álvarez que le había despojado 2.750 millones de pesos a la empresa Archipiélagos Power And Light en un irregular proceso civil en la justicia de San Andrés, que luego fue reversado vía tutela por las Cortes Suprema y Constitucional, la disputa jurídica derivó en acusaciones verbales de parte y parte, pero siendo muy sorprendente la que hacía Nisimblat a Gnecco: lo culpaba de la muerte en un extraño suicidio de su primera esposa en Popayán,  que pocas personas conocían en la isla, y que le gritaba en pasillos judiciales. Algo que ahora ha salido a relucir en el juicio que se lleva contra Gnecco por la muerte de su tercera esposa Mersa Gnecco, y por el que está acusado y llamado a juicio. 

El conjuez y exitoso abogado hoy con un futuro judicial parecido a su exsocio 

Es tal el paralelismo judicial que hoy enfrentan Gnecco y Correa, -aunque un caso es mucho más grave que el otro-, que el mismo día ambos llegaron a estar citados y enfrentados a diligencias judiciales que aun cuando no se realizaron por alguna maniobra de sus apoderados o circunstancias procesales, parecieran haber quedado destinados a suertes parecidas. Y curiosamente la fecha coincidió con el día de San Andrés, el 30 de noviembre de 2022. Ese día se iniciaría el juicio contra Gnecco en un Juzgado Penal de San Andrés, y simultáneamente Correa estaba convocado a una audiencia de imputación, pero una maniobra de su abogada dilató la diligencia. 

La resurrección de los muertos y el abuso de poderes para demandar

Aunque no es la primera vez que el abogado Fernando Correa Echeverri enfrenta denuncias penales, ni quejas ante la Judicatura, como aconteció en agosto de 2016, esta si es la primera vez que es llamado a juicio y acusado formalmente por actuaciones en el ejercicio de su profesión, en esta ocasión, debido a un presunto fraude procesal en el tramite de una sucesión, donde prácticamente “fueron resucitados unos muertos”, después de varios años de fallecidos, para concederle poder para actuar. 

El caso tiene que ver con un predio en el barrio Sarie Bay de San Andrés  que estuvo cobijado con medida cautelar en un proceso ejecutivo del Juzgado Civil del Circuito de San Andrés y formaba parte de un trámite de sucesión desde el 2005 y con contrato de compraventa elevado a escritura pública. 

Los promitentes compradores “(…) asumieron la posesión pero por expectativas de trabajo y por condiciones de supervivencia y busca de empleo se vieron en la necesidad de viajar a la ciudad de Armenia sin que hubiesen logrado el registro de tal escritura pública inicialmente por cuanto el abogado Correa se rehusó a entregarles la escritura pública de la sucesión del causante Benicio Mejía y luego al pretender su registro se negó por no aparecer los contratantes como titulares del derecho de dominio en el folio de matrícula inmobiliaria 450 3385 circunstancia que aprovechó Fernando Correa Echeverri y Beatriz Elena Mejía Polanco mediante actos fraudulentos para que se le asignara el predio a esta heredera en el trámite de adición de liquidación de herencia de sucesión de Benicio Mejía y con ello obtuvieron un provecho ilícito desmejorando el patrimonio económico de las víctimas”, se lee en un aparte de la acusación contra el togado.  

“(…) Para adelantar el trámite de adición de liquidación de herencia que llevó a cabo el 30 de septiembre de 2011 ante la notaría de San Andrés el abogado Correa falsificó el poder original otorgado el 21 de mayo de 1996 por Lilia Lucía Polanco de Mejía, Francisco Alberto, Carlos Eduardo y Beatriz Elena Mejía Polanco por valor de 11,600,000 para adelantar el trámite de adición de liquidación de herencia que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2011 ante la Notaría de San Andrés y con él, con su uso obtuvo efectivamente que se protocolizara tal escritura contentiva de aseveraciones falsas y por ende para culminar el propósito común doloso con ese instrumento público lograron que se registrara el derecho de dominio de los bienes inmuebles relacionados allí a favor de la heredera Beatriz Elena como se puede constatar en los folios de matrícula 450 3385, 450 9658 y 450 15961 predios estos que correspondían a créditos hipotecarios que ya habían sido relacionados en el inventario de bienes del causante y asignados en la sucesión que se protocolizó en la escritura pública de 1996 y en esta En 2011 para elevar nueva escritura pública compareció nuevamente como abogado Fernando Correa Echeverri quien le dijo al notario mediante los documentos que adjuntó que actuaba en representación de Lilia Lucía Polanco Mejía en calidad de cónyuge superstite y de Beatriz Elena, Francisco Alberto y Carlos Eduardo Mejía Polanco estos dos hijos fallecidos en el año 2002 y 2006 y la primera nombrada fallecida el 8 de septiembre de 2008 en calidad de hijos y herederos del causante presentando trabajo de adición y partición para lo cual relacionó tres inmuebles entre ellos el predio con matrícula inmobiliaria 450 33 85 de propiedad de las víctimas por valor total de 72 millones 600,000. 

“(…)Luego de haber realizado las maniobras fraudulentas al hacer manifestaciones revestidas de afirmaciones contrarias a la verdad ante la Notaría única de la Isla obteniendo un documento público falso dirigieron luego su voluntad ante el registrador de instrumentos públicos para que mediante su función administrativa perpetuará el derecho de dominio sobre un inmueble que plenamente conocían que ya había sido adjudicado, lo que efectivamente se hizo en el folio de matrícula configurando de tal forma la estafa, pues con audacia indujeron y mantuvieron en error mediante los engaños referidos y en consecuencia de ese actuar doloso las víctimas fueron despojadas arbitrariamente del predio en mención sufriendo graves consecuencias en su patrimonio económico” 

Frente a estos hechos, la Fiscalía formuló acusación a Fernando Correa Echeverri y su cliente por el concurso heterogéneo de delitos de fraude procesal, falsedad en documentos privados, obtención de documento público falso y estafa agravada en sus circunstancias de mayor punibilidad. 

La versión del abogado 

The Archipiélago Press consultó al abogado Correa sobre la acusación y éste declaró que “de esta situación nos enteramos en una diligencia preliminar de imputación a la que hemos sido citados por un Juzgado de Control de Garantías. De acuerdo a lo que ha expuesto el Fiscal, el motivo de la imputación es un presunto fraude procesal que pudo haberse presentado en el trámite de sucesión notarial que la señora Mejía, su madre y hermanos adelantaron después de la muerte de su padre, en la cual actué como abogado de la familia Mejía Polanco. Desde la primera citación que realizó el Juzgado Penal, constituí apoderada de confianza, con quien he estado atento y disponible para atender las citaciones que pueda realizar el instructor.  No he recibido ningún tipo de citación por parte de la Fiscalía o requerimiento de la Juez del caso”. 

Gnecco también usó poderes de muertos y su juicio por homicidio

Coincidencialmente, al exsocio de Correa, ahora imputado por homicidio e investigado por soborno le han aparecido acusaciones un poco similares de presuntamente haber usado poderes ya extinguidos o fraudulentos para adelantar procesos civiles sobre propiedades o en actuaciones. 

En 2019 Gnecco fue señalado, en marco de un proceso reivindicatorio contra un inmueble de la 20 de julio con esquina de las Proveedora donde éste actuó con poder de un poderdante ya fallecido que según explicó, obedeció a que un apoderado general le entregó un poder por escritura publica con certificado de vigencia de la Notaria. El mismo Gnecco reconoció que el poderdante había fallecido hacia varios años en un pueblo del Líbano, pero  no lo sabían y aseguró que la muerte del poderdante no cesaba de inmediato el poder otorgado. 

“Evidentemente unos años después se obtiene registro civil de defunción con miles de tramites en el Líbano por que ese señor murió por allá en un pueblo de ese país, pero resulta que la muerte del mandante no pone fin a todos los casos del mandato: sabida la muerte natural del mandante cesara el mandatario en sus funciones, pero si de suspenderla se persiguen perjuicios los herederos del mandante será obligado el mandatario a terminar la gestión iniciada. Luego no feneció con la muerte por que quien nos confirió poder no fue el fallecido sino el mandatario general”. 

El ciudadano John Rincón le refuto a Gnecco el 11 de junio de 2019 frente a las explicaciones que dio a este rotativo sobre ese proceso: 

“Esa es una falacia jurídica. Como es posible que salga a decir que ese poder esta vigente, por que si hubiese iniciado una demanda de revisión antes de su muerte, los herederos deberían continuarla, pero aquí la demanda de revisión se presentó después de 16 años de muerto. En fin en la parte penal se define toda la verdad y se descubrirán todas las mentiras de este llamado abogado. Y son muchos los hechos que ha cometido” 

Incluso en el caso de homicidio en el que se le investiga como presunto autor de la muerte de María Mercedes Gnecco Serrano, las hermanas de “Mersa” denunciaron que José Manuel Gnecco usó sus firmas sin el consentimiento de ellas para crear un poder que le otorgaría a un abogado la potestad de representarlas ante la Fiscalía General de la Nación como víctimas. 

En dicho homicidio, abundante evidencia técnica permitió establecer que el abogado José Manuel Gnecco Valencia le habría disparado a su pareja a menos de 1 metro y 20 centímetros de distancia en hechos ocurridos el 5 de octubre de 2021, en San Andrés Islas. En la investigación se estableció que la mujer, mientras permanecía en la casa con su esposo, recibió un disparo que le causó la muerte. De esta manera, se desvirtuó la versión del hombre, quien aseguró que delincuentes que habrían intentado ingresar al inmueble atacaron a la mujer al verse descubiertos.  

El material de prueba demostró que la casa estaba protegida por una cerca eléctrica que impedía el paso de extraños. Adicionalmente, había cuatro perros que nunca alertaron sobre circunstancias extrañas. Finalmente, la prueba balística y una reconstrucción 3D permitieron conocer con exactitud la trayectoria del disparo y comprobar que se realizó a una distancia de 1 metro y 20 centímetros de distancia. 

De igual manera, se estableció que el señor Gnecco Valencia, al parecer, no atendió ni socorrió a la víctima. Asimismo, hay elementos que lo responsabilizan de, presuntamente, alterar la escena del crimen. En ese sentido, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; falsedad ideológica de documento privado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado no aceptó los cargos y fue llamado a juicio que está interrumpido por recursos jurídicos que además le permitieron su libertad. 

La captura por homicidio;  el desahogo de sus “víctimas” judiciales 

Luego que The Archipielago Press reveló en primicia sobre la detención del “distinguido” abogado en la tarde del sábado 25 de julio en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, cuando asistía al Festival del Mono Núñez, del que ha sido siempre un fiel asistente, por el homicidio de la señora María Mercedes Gnecco, en su casa finca, personas que dicen haber sido victimas de maniobras en apariencia legales, empezaron a desahogarse.  

Ahora ya sin el poder que siempre ha detentado desde su condición de abogado en ejercicio, ahora son varias las personas las que se han atrevido a lanzar acusaciones contra el togado, especialmente respecto de un proceso donde la familia Francis perdió un edificio completo de tres pisos en la avenida Colon con Duarte Blum de la isla de San Andrés, y quienes consideran que se habrían presentado irregularidades procesales y maniobras del abogado para despojarlos de su patrimonio familiar. 

Probablemente lo mismo le ocurra al abogado Correa  tras la acusación que le formuló la Fiscalía el pasado miércoles 29 de mayo de 2024, y que ahora conoce la comunidad a través de esta revelación de The Archipiélago Press,  que durante mas de dos años ha mantenido en investigación esperando los avances del proceso y que se  divulga solo hasta ahora que se ha surtido la etapa final investigativa del ente acusador y lo llama a juicio a efectos de que un juez decida si condena o absuelve al exsocio de Gnecco Valencia que también aguarda por su juicio. 

Aunque los dos abogados ya no comparten sociedad y el bufette quedó en poder de Fernando Correa Echeverri y su compañera de vida Paola Rada, -quien también es abogada y al principio lo estuvo representando en este caso-, siguen compartiendo amistad y así se evidenció el pasado viernes 3 de mayo de 2024 cuando Gnecco obtuvo la libertad por vencimiento de términos dentro del juicio, y Correa lo estuvo acompañando en un apartamento del cuarto piso del edificio Bahía Fragata –donde también funciona el bufete de la otrora Gnecco & Correa Abogados-, junto a su exesposa Ingrid Polaina Chaux y su amigo personal, el empresario Rodrigo López.  

Ya en libertad por vencimiento de términos, de Gnecco Valencia se sabe que salió de San Andrés el 7 de mayo de 2024 rumbo a la ciudad de Cali, y según conoció este rotativo, argumentó que abandonaba la isla, por que aún cuando el juicio está pendiente mientras se resuelven unos recursos jurídicos, él no tiene apremio para circular libremente por el país, y salía de la isla de San Andrés por razones médicas. Este rotativo indagó si la Fiscalía conoce el paradero del togado, y la afirmación categórica es que el Ente acusador desconoce su paradero.  

Así las cosas, los otrora exitosos abogados, que incluso se proyectaban como justicieros de las gentes del Archipiélago, uno como adalid contra la corrupción y el otro como conjuez, enfrentan ahora las acusaciones de la justicia que enjuiciará sus conductas profesionales y personales, al tenor del Código Penal Colombiano y decretará si son inocentes juristas o culpables de conductas delictivas.