La Corte Internacional de Justicia acaba de hacer públicas las decisiones sobre su competencia para conocer de dos nuevas demandas presentadas por Nicaragua contra Colombia en el año 2013, a pesar de que Colombia se retiró definitivamente de la jurisdicción de la Corte en noviembre de 2012.
Por una parte, Nicaragua pidió a este tribunal que declarara a nuestro país responsable de haber incumplido el fallo del año 2012, y de haber amenazado con el uso de la fuerza.
La Corte se declaró competente, NO para verificar si Colombia está incumpliendo el fallo de 2012 –como pretendía Nicaragua–, sino sólo si había desconocido los derechos de Nicaragua, a la luz del derecho consuetudinario.
Y reconoció que la presencia de Colombia en las aguas internacionales NO significaba una amenaza del uso de la fuerza.
Por otra parte, en su segunda demanda, Nicaragua solicitó extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, hasta llegar a las proximidades de nuestra propia costa continental en el Caribe.
Esta es una pretensión que ya había planteado antes a la Corte, y que este tribunal había negado en su fallo del año 2012. Es decir, ese tema ya era cosa juzgada.
Con base en esto, Colombia se opuso de manera tajante a esta pretensión nicaragüense, pues la Corte NO podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado.
No obstante, el tribunal internacional –en un empate pocas veces visto en la Corte– se declaró competente para tramitar esta demanda.
En este pronunciamiento –que es de forma– la Corte de La Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo:
Primero, no respetó su propia sentencia del año 2012.
Segundo, desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado.
Y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que NO hacemos parte, como es la Convención del Mar.
Por lo mismo –y frente a tales contradicciones–, he decidido que Colombia NO seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia.
He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia, y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos.
Tenemos claro que –cualquiera que sea el resultado final– los límites marítimos de nuestro país sólo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones.
Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia NO van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional.
Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que NO ha ocurrido hoy.´
Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio.
Invito a los colombianos –a todos sin excepción, de todos los sectores políticos y ciudadanos– a unirnos y hacer un frente común, firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia en nuestro mar Caribe. Muchas gracias.
Por 