La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cabeza del gobernador encargado Juan Francisco Herrera Leal, participará como víctima dentro de la audiencia de acusación que se llevará a cabo en contra de Ronald Housni Jaller, gobernador suspendido de la isla y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, hoy martes 5 de marzo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Las razones por las que el Gobierno del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se declara como víctima, están orientadas única y exclusivamente a salvaguardar los intereses y derechos de la comunidad a través de la recuperación de los recursos que debieron ser invertidos en obras y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los isleños.
La Ley 906 o Código de Procedimiento Penal le permite a la persona afectada declararse como victima en procura de obtener la reparación, ya que el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, para obtener una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código; a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; a recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto.
Esto le garantiza que se ordene la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados, autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de bienes que, habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto de delito y reconocer las ayudas provisionales con cargo al fondo de compensación para las víctimas.
La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrarán información sobre (..) los requisitos para acceder a una indemnización, los mecanismos de defensa que puede utilizar, el trámite dado a su denuncia o querella, los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación, la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello, el derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral, la sentencia del juez. También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada, y podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.
La decisión del Gobierno Departamental de constituirse en victima permitirá al Ente Territorial reclamar los dineros que se constituyan en detrimento patrimonial por las actuaciones de los mandatarios, y acceder al patrimonio que acaba de ocupar la Fiscalía General de la Nación al imponer medidas cautelares de extinción de dominio a 58 bienes, avaluados inicialmente en 150 mil millones de pesos, que estarían a nombre de los involucrados en varios hechos de corrupción ocurridos en San Andrés o habrían servido para respaldar las maniobras ilegales que pusieron en riesgo más de 120 mil millones de pesos del departamento.
Bienes avaluados en 150 mil millones de pesos. Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares superan en valor los 150 mil millones de pesos y están distribuidos de la siguiente manera:
De estos bienes, un total de 20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista Mauricio José Rodríguez Cotua.
En este grupo de propiedades sobresalen dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay. Estas dos casas, cuyo valor ascendería a 5 mil millones de pesos, eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.
También llamó la atención un lote que ya había sido objeto de extinción del derecho de dominio en un proceso por narcotráfico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andrés compró en un remate al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con las medidas impuestas hoy el bien volvería al Frisco.
Un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller.
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