Gustavo Moreno, exjefe Anticorrupción de la Fiscalía, echó al agua a una veintena de congresistas y exmagistrados.
Sus dichos fueron claves para condenar a tres personas y tienen en juicio a otras cinco, pero también infló otros dos casos que ya se archivaron.
Moreno se convirtió en el testigo estrella y, en buena medida, son sus declaraciones las que tienen hoy en juicio a los exmagistrados Gustavo Malo y Camilo Tarquino. El juicio contra Malo entró en recta final en la Sala de Primera Instancia de la Corte esta semana. Luego de que su defensa pidiera decenas de pruebas y se las negaran una y otra vez, esta vez optó por recusar a los magistrados que llevan su caso, recurso que tendrá que ser resuelto antes de entrar a alegatos de conclusión y conocer un fallo. Por otro lado, el proceso contra Tarquino entró a fase de preparatoria en febrero pasado y, según supo este diario, su defensa pidió prácticamente los mismos testigos que tiene la Fiscalía.
Además, continúa el juicio en contra de los excongresistas Julio Eugenio Gallardo (de San Andrés), Argenis Velásquez (Putumayo) y Nilton Córdoba (Chocó). Habrían entregado, respectivamente, $300, $200 y $200 millones a Gustavo Moreno cuando todavía era abogado litigante para que sacara decisiones a su favor en la Corte Suprema. Los tres se han declarado inocentes, como lo ha hecho el exgobernador Juan Carlos Abadía.
Aunque va más de un año desde que el exfiscal Bettín se comprometió a hablar en su contra, este diario supo que a Abadía no lo han llamado siquiera a interrogatorio como indiciado, pues, al parecer, no se han podido encontrar indicios de que el exgobernador le haya pagado a la organización del cartel de la toga.
Procesos penales contra Julio Gallardo en manos de magistrados señalados de corrupción y engavetados
El 3 de octubre de 2017 The Archipiélago Press reveló que los procesos del excongresista Gallardo Archbold en manos de dos magistrados acusados de hacer parte del Cartel de la Toga, permanecían inactivos y causando dilaciones morosas para prescribir.
Asi se desprende de sendas investigaciones periodiaticas de The Archipielago Press y del blogurero de Quitasueño Alvaro Archbold Núñez mediante consultas on line o derechos de petición sobre los procesos que le cursan al legislador en la Corte Suprema de Justicia.
Según derecho de petición respondido al abogado Archbold, el hoy investigado magistrado Gustavo Malo, señalado por presunta corrupción como parte del llamado Cartel de la Toga, en su despacho cursa una investigación penal por hechos que este rotativo denunció hace varios años y que desde el 16 de abril de 2012 está decretado en indagación previa por presuntas influencias ante el director Nacional de Estupefacientes mediante la asignación de depositarios y la adjudicación de vienes a sus familiares y miembros de su grupo político.
Pese a que han transcurrido más de cinco años desde cuando se decretó el auto de apertura de investigación, apenas se está estudiando el acopio de pruebas necesarias para darle el impulso a la investigación que cada vez está más próxima a a prescribir.
De otro lado este rotativo comprobó que desde el 15 de diciembre de 2015 en el despacho del magistrado José Leonidas Bustos, también señalado por la Fiscalía ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de presunta corrupción se quedó engavetados por muchos meses un recurso extraordinario de casación del legislador sanandresano, frente a una acusación de la propia Corte Suprema de Justicia que formuló acusación por peculado en favor de terceros contra el entonces presidente de la Cámara de Representantes, frenando de esta manera una eventual condena contra el congresista.
Estas convenientes moras en los procesos judiciales que ha enfrentado el congresista Gallardo parece mostrar el mismo patrón que hoy se investiga del llamado Cartel de la Toga que por años ha mantenido represados diversos procesos penales en contra de congresistas como los llamados Ñoños de Córdoba, hoy salpicados por un gigantesco y vergonzoso escándalo de corrupción que logró alcances nacionales y que implicó a las tres Ramas del Poder Público en Colombia.
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