El pasado sábado 19 de noviembre, tras dos años de no ver sus islas, familiares, amigos y compañeros de trabajo, Deborah Nelson, la funcionaria de la Occre que fue detenida y trasladada a Bogotá como supuesta integrante de una organización de trata de blanca regresó a la isla tras quedar libre por vencimiento de términos.
La detención y encarcelamiento en condiciones inclementes en la fría Bogotá se había convertido en una causa de lucha y reivindicación de las autoridades y miembros del Pueblo Raizal, quienes incluso trasladaron su protesta a las afueras del Palacio de Justicia en Bogotá donde funcionan las altas cortes, y e campañas de solidaridad por redes sociales y colectas públicas para pagar abogados que ayudaran en la defensa judicial que al final lograron conseguir su libertad por vencimiento de términos y ante la falta de pruebas sólidas que permitieran una acusación y llamado a juicio.
El caso
Sobre Deborah Nelson y otros ciudadanos de las islas se les sindicaba de presuntamente «hacer parte de una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con finalidades de explotación laboral y sexual en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; cuya actividad se extendió, por lo menos, desde el 24 de noviembre de 2012 hasta junio de 2014, cuando fueron aprehendidos.»
Uno de los informes en el que se acusaba a Nelson y demás indiciados afirma que «la red delictiva contactó a Eliana Cruz y Andrea Johana Hernández en Bogotá, y mediante falsas promesas laborales, fueron trasladadas al archipiélago. Una vez arribaron al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, Deborah Nelson Forbes, Inspectora de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) diligenció sus respectivas tarjetas de turismo, registrando solamente la fecha de ingreso –no la de salida. Desde allí, Alfredo Olivero Ospino las transportó a un establecimiento público, que administraba junto con Estefany (Estefanía) Peñalosa Reyes, en el que fueron explotadas sexualmente, limitando sus salidas del lugar, y exigiendo el pago del dinero correspondiente al tiquete aéreo, como condición para la entrega de sus documentos de identidad, que previamente habían retenido.»
Las autoridades en sus informes aseguraban que «constantemente fueron obligadas a consumir sustancias que producen dependencia, suministradas por Arbey Agustín Dorado, miembro de la Policía Nacional.»
El 22 de septiembre de 2014, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra los procesados aludidos, por su presunta responsabilidad en los acontecimientos y correspondió por reparto al Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, pero la respectiva audiencia se aplazó en dos ocasiones, donde el proceso se dilató en desmedro de los procesados quienes a través de sus defensores impugnaron la competencia del despacho aludido, advirtiendo que el asunto debía radicarse en el circuito judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que los elementos fundamentales de la acusación se encuentran en el Archipiélago, por lo que no le estaba dado a la Fiscalía radicar el escrito acusatorio en el Distrito Capital.
Transcurrido todo este tiempo, la justicia no pudo demostrar la culpabilidad de ninguno de los procesados que fueron quedando libres paulatinamente, siendo la última de ellas Deborah Nelson, quien salió libre por vencimiento de términos y ya está en su casa al lado de los suyos. Foto tomada de Facebook/ Danidaniel Vizcaino.
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