Por Kent Francis James
El puerto libre funcionó con aparente prosperidad en las islas hasta que Colombia redujo los tributos por importaciones con las aperturas económicas por acuerdos de comercio exterior en la década de los 90.
Las islas comenzaron a depender de un turismo receptivo y a ser solo ‘importadores’ de bienes y servicios; y apenas hace un par de años alcanzaron a sobrepasar el millón de visitantes en tan pequeño y delicado espacio. Un despropósito por los daños que viene ocasionando al medio ambiente.
Con las medidas gubernamentales para enfrentar el coronavirus, se ha contraído la vida económica de las islas de manera abrupta.
Ha ocurrido todo un congelamiento económico en extremo crítico para los habitantes del archipiélago, quienes miran hacia el presidente Iván Duque para acciones de salvamento.
Mientras tanto, la Fiscalía General juega al gato y al ratón, irresponsablemente, contra el gobernador, lo que lo ha convertido en ‘distracción’ para un Gobierno Nacional que debería estar alarmado por grave ‘indefensión económica’ de un territorio étnico protegido, singularmente, por la Constitución (artículo 310 y concordantes) y por convenios internacionales vigentes.
Además, las reducciones de los espacios marítimos antes del archipiélago por las decisiones y pleitos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por pretensiones nicaragüenses, golpean duramente la seguridad alimentaria en las islas.
Estas circunstancias pueden degenerar, más temprano que tarde, el desbordante desorden debido a la escasez de ingresos, con crecientes necesidades de alimentos y servicios que la población reclama con angustia.
Cada día, desde que comenzó el aislamiento, los precios de la canasta básica suben más y más, mientras que a la oferta de trabajo se paga
menos, los ingresos por servicios y bienes en arrendamiento, del que viven los mayores, no se pagan porque no hay fluidez económica.
El archipiélago sufre entre las medidas de la pandemia y el histórico abandono estatal.
Las islas de San Andrés ahora están amenazadas por un ‘aneurism a’ que podría explotar ante las condiciones de ‘estado de sitio’ a las que vienen sometidas por más de 100 días, a causa del covid-19.
Este archipiélago, altamente vulnerable, desde la apertura del puerto libre por la Ley 127 de 1959, se convirtió en una ‘ventanilla’ por donde introducir al país un ‘cupo’ personal de mercancías extranjeras libres de impuesto, creando en él un comercio-turismo que borró paulatinamente la producción de alimentos.
A la vista no hay propuestas para soluciones ni recursos suficientes para mitigar transitoriamente la demanda por supervivencia.
Pareciera que ni allá en Bogotá, ni acá, se han dimensionado adecuadamente las consecuencias de un ‘aneurisma social’ que pueda estallar en este archipiélago aún más desconectado por la mortífera pandemia.
KENT FRANCIS
Primer gobernador de San Andrés (1991).
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