El primer gobierno de izquierda en la historia contemporánea de Colombia llegó a su fin el 7 de agosto de 2026 dejando un legado profundamente controvertido y marcado por la polarización. Durante cuatro años, Gustavo Petro prometió un cambio ético profundo, la construcción de una “paz total” y la transformación social del país. Sin embargo, el balance que dejan las investigaciones periodísticas y judiciales es otro: una sucesión de escándalos de corrupción de gran escala, un magnicidio político que conmocionó a la nación, el estrepitoso fracaso de su política de paz, infiltraciones en los organismos de inteligencia del Estado, privilegios concedidos a grupos criminales, un grave incidente internacional con Estados Unidos y una serie de rupturas institucionales que erosionaron de manera significativa la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
1. El saqueo de la UNGRD: el mayor desfalco y los presidentes del Congreso presos
Este es, sin lugar a dudas, el escándalo de corrupción más grande y costoso del gobierno Petro. Todo comenzó con la polémica compra de carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira, una región que enfrentaba una grave emergencia humanitaria. Los vehículos fueron adquiridos con sobrecostos millonarios y terminaron abandonados, oxidados y sin cumplir jamás su función.
Las confesiones de los entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del subdirector Sneyder Pinilla destaparon un entramado mucho más amplio y sofisticado: parte de los recursos de la entidad que debía atender desastres se destinó a pagar sobornos a los presidentes del Congreso de la República a cambio de agilizar el trámite de las reformas del gobierno. El resultado judicial fue contundente: el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, terminaron privados de la libertad. También quedaron investigados o procesados varios exministros y altos funcionarios cercanos a la Casa de Nariño.
Según las investigaciones periodísticas y judiciales reportadas por SEMANA, El Colombiano y El Espectador, se calcula que el desfalco superó los 500.000 millones de pesos. El caso no solo representó un golpe económico enorme para el erario, sino el mayor descrédito a la promesa ética con la que Petro llegó al poder en 2022.
2. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El 7 de junio de 2025, mientras realizaba un mitin político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue atacado a tiros. Recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza. Fue trasladado de urgencia y luchó durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Finalmente, el 11 de agosto de 2025, falleció a causa de las complicaciones derivadas de las heridas.
El crimen fue calificado de manera unánime como un auténtico magnicidio, el asesinato político de más alto perfil que ha sufrido Colombia en varias décadas. Un menor de 15 años fue capturado como autor material del atentado. La Fiscalía General de la Nación ha señalado a la Segunda Marquetalia como presunta responsable intelectual del crimen. Varios coautores ya han sido condenados a penas superiores a los veinte años de prisión. El hecho revivió los fantasmas de la violencia política de los años ochenta y noventa y generó una profunda conmoción nacional.
3. El caso de Nicolás Petro Burgos
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue capturado e investigado por la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las pruebas, impulsadas en gran medida por los chats y testimonios de su exesposa Day Vásquez, demostraron que recibió más de 1.000 millones de pesos en efectivo de origen altamente cuestionable, incluyendo dineros provenientes de personas vinculadas al narcotráfico. Parte de esos recursos habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022. El escándalo manchó desde muy temprano la imagen del gobierno y generó un costo político irreparable para el primer mandatario.
4. El fracaso de la Paz Total: el caso Calarcá, “jugar a los congelados” con el Clan del Golfo y la infiltración de la DNI
La principal bandera política del gobierno Petro naufragó por completo. No se logró ningún desarme significativo de los grupos armados. Por el contrario, estas organizaciones crecieron de aproximadamente 15.000 integrantes en 2022 a más de 27.000 o 28.000 hacia el final del mandato.
- El caso Calarcá: Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), recibió un trato privilegiado por parte del gobierno. En julio de 2024, una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba a 13 disidentes, incluido el propio Calarcá, fue interceptada por el Ejército Nacional en el departamento de Antioquia. En los computadores, celulares y memorias USB que les fueron incautados se hallaron chats, correos electrónicos y documentos que revelaban nexos con el general Juan Miguel Huertas y con Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las pruebas mostraban filtraciones de información de inteligencia y propuestas de crear empresas fachada de seguridad para facilitar la movilidad del grupo armado.
- El escándalo de “jugar a los congelados” con el Clan del Golfo: Audios revelados por Noticias Caracol y ampliamente reportados por SEMANA, El Colombiano y El Espectador muestran al entonces alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, ofreciendo en 2022 a emisarios del Clan del Golfo un acuerdo explícito que él mismo denominó “juguemos a los congelados”. La propuesta incluía el cese mutuo de operaciones (incluyendo a las fuerzas del Ejército y de la Policía), la suspensión de bombardeos y la depuración o “limpieza” de agentes de inteligencia en las zonas de influencia del grupo criminal. Estas gabelas previas a cualquier negociación formal generaron una fuerte polémica nacional.
- La infiltración de la Dirección Nacional de Inteligencia: Los mismos dispositivos electrónicos de Calarcá evidenciaron que la disidencia recibía información reservada proveniente de la DNI. Este episodio de infiltración de la inteligencia del Estado por parte de una organización guerrillera se convirtió en uno de los escándalos de seguridad más graves del cuatrienio.
5. El caso Laura Sarabia, Marelbys Meza y el coronel Óscar Dávila
La entonces poderosa jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, reportó la pérdida de una maleta con dinero en efectivo y documentos confidenciales en su residencia. La niñera Marelbys Meza fue sometida a un polígrafo de forma irregular por miembros de la seguridad de la Casa de Nariño, en un procedimiento que generó graves cuestionamientos legales y éticos. El episodio terminó con la muerte del coronel Óscar Dávila, uno de los jefes de seguridad de Palacio, quien estaba siendo investigado por presuntas escuchas ilegales. Aunque las autoridades lo clasificaron oficialmente como un suicidio, el hecho fue ampliamente calificado por la oposición, analistas y medios de comunicación como un “sospechoso suicidio”, debido a las circunstancias, el momento en que ocurrió y las investigaciones previas en las que el oficial estaba involucrado.
6. El caso Juliana Guerrero
Juliana Guerrero, una joven muy cercana al presidente Petro, fue impulsada a cargos de alta influencia dentro del gobierno y estuvo a punto de ser nombrada viceministra. SEMANA reveló que presentó títulos académicos de la Fundación Universitaria San José que, según la Fiscalía General de la Nación, eran falsos: nunca asistió a clases, no presentó exámenes ni realizó la prueba Saber Pro. Fue imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica.
Más grave aún, SEMANA publicó chats, audios y consignaciones bancarias que demostraban la existencia de una red operada junto a su hermana Verónica. Cobran un millón de pesos por una primera reunión con empresarios, anticipos de 200 millones de pesos y el 10 por ciento del valor de cada contrato que lograran gestionar en ministerios como Vivienda, Interior, Ambiente y otras entidades del Estado. Empresarios de varias regiones del país habrían entregado al menos 600 millones de pesos. El presidente Petro la defendió públicamente en reiteradas ocasiones, minimizando la gravedad de las denuncias.
7. Las denuncias de Angie Rodríguez
Angie Rodríguez fue una de las personas más cercanas a Gustavo Petro durante buena parte de su mandato: dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y luego el Fondo de Adaptación. En 2026 estalló públicamente contra el gobierno. Denunció que desde la Casa de Nariño le exigían trasladar cerca de un billón de pesos del Fondo de Adaptación (recursos que ya estaban comprometidos con obras en la región de La Mojana) bajo el pretexto del fenómeno de El Niño.
Según su relato, documentado por SEMANA, El Colombiano y El Espectador, la noche del 13 de enero de 2026 el presidente Petro la presionó para que renunciara, la insultó, la acusó de ser paramilitar, de manejar contrabando y de liderar una red de tráfico de fentanilo, y le recordó su pasado en el M-19 de forma amenazante. También afirmó que se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero y que eso le generó retaliaciones. Denunció además espionaje, amenazas de muerte y extorsiones. Sacó a su hijo del país por temor a su seguridad. Petro respondió declarándola insubsistente, publicando datos de su historia clínica y anunciando acciones penales en su contra. Rodríguez, por su parte, radicó una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
8. El intento de Asamblea Constituyente
Pese a haber firmado solemnemente “sobre mármol” —en actos públicos y compromisos reiterados ante el país— que no impulsaría una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Petro insistió durante su mandato en la convocatoria de una constituyente. La propuesta generó una grave crisis institucional, el rechazo del Congreso, de la oposición y de sectores de la propia coalición de gobierno, y fue interpretada por amplios sectores como un intento de alterar las reglas del juego democrático. El anuncio y la persistencia en la idea marcaron uno de los momentos de mayor polarización del cuatrienio.
9. El escándalo internacional contra Estados Unidos: el llamado desde Nueva York a desobedecer a Trump y la inclusión en la lista OFAC
En septiembre de 2025, durante una protesta realizada en las calles de Nueva York en apoyo a Palestina, el presidente Gustavo Petro incitó públicamente a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. “Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”, declaró ante la multitud.
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de inmediato sus acciones como “imprudentes e incendiarias” y le revocó la visa. Este grave incidente internacional, que generó un escándalo diplomático de dimensiones históricas, precedió y se sumó a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir a Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro Armando Benedetti en la lista OFAC (conocida también como lista Clinton) en octubre de 2025. La sanción, una de las más severas que puede imponer el gobierno de Estados Unidos, dejó al presidente colombiano en una situación de aislamiento internacional sin precedentes y se convirtió en uno de los episodios más graves de la política exterior del cuatrienio.
10. Deterioro de la seguridad y crecimiento de los cultivos de coca
El periodo registró un aumento significativo de homicidios, masacres y control territorial por parte de los grupos armados. El año 2025 fue particularmente crítico en materia de violencia. Al mismo tiempo, la erradicación forzosa de cultivos de coca se redujo de forma drástica. Mientras en 2022 se erradicaron cerca de 69.000 hectáreas, en los años siguientes las cifras cayeron por debajo de las 10.000. La producción potencial de cocaína se disparó, según los monitoreos de las Naciones Unidas.
11. Deterioro fiscal y aumento de la deuda pública
El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzó niveles elevados, cercanos al 6 y 7 por ciento del Producto Interno Bruto en los últimos años del mandato, mientras la deuda pública escaló de manera significativa. El país terminó el periodo con un margen fiscal reducido y una menor capacidad de inversión pública.
Estos once hechos —el desfalco de la UNGRD con más de 500.000 millones de pesos y los presidentes del Congreso presos, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, los privilegios concedidos a Calarcá y al Clan del Golfo, la infiltración de la Dirección Nacional de Inteligencia, el sospechoso suicidio del coronel Óscar Dávila, la red de corrupción de Juliana Guerrero, las denuncias de Angie Rodríguez, el intento de Asamblea Constituyente pese al compromiso solemne y, de manera especial, el escándalo internacional de haber incitado desde Nueva York a las tropas estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente Trump en Palestina, lo que lo llevó a ser incluido en la lista OFAC— concentran las críticas más severas al gobierno de Gustavo Petro.
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