Nadie entiende dentro y fuera de Providencia porqué, tanto autoridades locales como nacionales han permitido que intereses empresariales en el Archipiélago y en otros puertos y la misma capital de la República han bloqueado los avances en la reconstrucción de las islas devastadas por el huracán Iota que las afectó en noviembre pasado, mientras hoy, ya metidos en una nueva temporada de huracanes en el Caribe y Atlántico, muchas familias siguen mojándose bajo unas carpas que no soportan las inclemencias del clima.
Y es que la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina no adolesce ni de presupuesto ni de mano de obra para llevarse a cabo, pero si de materiales que deben entrar por el precario puerto local que se ha convertido en una especie de ‘peaje’, donde unos pocos interéses locales aliados con funcionarios nacionales y la complicidad lugareña ha impuesto sus condiciones para permitir la entrada de los materiales a la isla para que los contratistas puedan ejecutar las obras.
Los bloqueos van desde la aplicación de una especie de ‘operación tortuga’ que las autoridades permiten por parte de barcos que se demoran el tiempo que les da la gana, hasta la instalación de estructuras navales que impiden que otras embarcaciones puedan acercarse al limitado muelle local para realizar el proceso de descargue, con lo cual a algunos contratistas se le aumentan los costos, y ello irá siempre en detrimento de la calidad y celeridad de las obras.
Lo extraño del asunto es que mientras la Alcaldía Municipal es la responsable del puerto, y el Ministerio de Transporte o incluso la Superintendencia de Transporte de los controles, y si se quiere, la Presidencia de la República pueden intervenir y ponerle punto final a las talanqueras que operarios ejercen en el puerto para dilatar el proceso de llegada y descargue de materiales, no hayan hecho nada para resolver la situación y acelerar las soluciones que necesitan las comunidades.
Lo que varias fuentes tanto oficiales como privadas que intervienen en el proceso de reconstrucción de Providencia le han informado reiteradamente a esta redacción es que la entrada de materiales ha generado una perversa y exclusiva dependencia a los diferentes contratistas para avanzar en el proceso, lo cual genera sobrecostos, corrupción, roscas y desde luego retrasos.
La reconstrucción de una sola vivienda nueva en Providencia demanda del transporte de cuatro contenedores, y mientras a algunos contratistas foraneos se les permite que en buques oficiales se les cargue la cantidad requerida por unidades de contenedores, a los locales se les permite solo por menos de dos toneladas, dejándolos en una clara desventaja porque el peso permitido nisquiera llega a la mitad de lo que se le permite a los contratistas foraneos.
Pero estas trabas en el transporte de carga y operación marítima local no solo retrasa la reconstrucción de viviendas de los pobladores. También está afectando programas oficiales del Estado.
Hace varios días debían llegar una veintena de lanchas y motores para los pescadores artesanales de Providencia que perdieron sus herramientas de trabajo con el fuerte oleaje del huracán Iota, pero estos manejos en el transporte de carga no lo han facilitado, ocasionándo el malestar y la protesta de los beneficiarios.
El retraso de las obras que afecta a los providencianos y deja mal parado al gobierno nacional está beneficiando a unos pocos que ejercen posición dominante en el manejo del transporte y descargue marítimo de materiales, y a unos contratistas foraneos que se han aliado con esta «rosca» como los buenos, mientras otros, sobre todo contratista locales, quedan como los malos o los incumplidos que a los ojos de entidades nacionales como Findeter, son los culpables de la demora en el operativo de reconstrucción.
En todo este engranaje, incluso la Armada Nacional que desde el primer momento ha hecho una gran labor de limpieza, remosión de escombros y transporte de materiales a través de sus diferentes buques, sobre todo los barcos tipo anfibio que no requieren de una infraestructura portuaria, ha terminado enredada en el asunto.
Por esta razón se espera que el Gobierno Nacional y municipal asuman con más seriedad la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, eliminando los obstáculos que propios y extraños por puro interés económico han ejercido en detrimento de los habitantes de esas islas, lo cual ha generado además privilegios a unos particulares y corrupción de algunos funcionarios.
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