Pobreza: desafío democrático de la pandemia
Es necesario definir ingresos y ahorros con una reforma fiscal y social, como la quieren denominar.
Por: Álvaro Uribe Vélez
14 de marzo 2021, 12:41 a. m.
La pandemia ha agregado tres millones de pobres. Muchos colombianos han perdido el empleo y muchos han visto reducidos sus ingresos para no perderlo.
El Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo: incluido el Régimen Subsidiado de Salud, la suma se aproxima a 41 billones de pesos. Los demás subsidios directos a los ciudadanos están cerca de 24 billones, se destacan 4,6 billones en Ingreso Solidario; y en el Paef, apoyo a los trabajadores, girado a las empresas, el monto se acerca a 5 billones.
A las cifras anteriores habría que adicionarles muchos factores, como las garantías financieras, los subsidios a tasas de interés, a la vivienda social, a los pequeños agricultores, al turismo, a los servicios públicos, etc. El esfuerzo es grande en el contexto de nuestras finanzas públicas.
Pero el daño de la pandemia es mayor. El reto inmediato es ampliar la tarea social, expandir las herramientas del Gobierno e introducir otras como empleos remediales en las ciudades. Estamos en mora de la universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3, con énfasis en la virtualidad.
El crédito es el único recurso pronto para esta emergencia. El país está bastante endeudado y este año debe colocar TES por el orden de 130 billones para pagar vencimientos. Obtener crédito social extra, en condiciones normales y sin arriesgar el grado de inversión, debe soportarse en la proyección de ingresos, gastos y resultados fiscales. El rebote de la economía y el mejor precio del petróleo no son suficientes. Es necesario definir ingresos y ahorros con una reforma fiscal y social, como la quieren denominar. El plazo perentorio es tenerla aprobada antes del 20 de junio, día que el Congreso entra en receso.
El capítulo de ahorro de esa reforma ayudaría a que los colombianos la reciban con menos reticencia. Se le reconoce al Gobierno haber eliminado la ‘mermelada’. Sin embargo, es necesario un rigor de austeridad que en diez años ahorre de manera recurrente un punto del PIB, 10 billones aproximados de hoy. Se lograría con una congelación en términos reales de la nómina y de los gastos generales en todo el Estado, sin afectar la salud ni el Sistema General de Participaciones.
Por el lado de los ingresos no necesitaríamos más tributación, de no ser por la pandemia. La reforma del Gobierno fue muy buena, como lo acreditó la economía hasta febrero de 2020.
Hay tributos que facilitan consensos y otros, como el IVA, que generan mucha controversia. Hay que hacer esfuerzos como la prórroga del impuesto al patrimonio de los individuos y la creación, por una vez, condición incrédula, de un impuesto semejante a la riqueza de las personas jurídicas. La dificultad social lo impone. Es mejor privarse en consumos, viajes, lujos que arriesgar la democracia.
Es necesario definir ingresos y ahorros con una reforma fiscal y social, como la quieren denominar. El plazo perentorio es tenerla aprobada antes del 20 de junio, día que el Congreso entra en receso
Se pueden aplazar beneficios como el otro 50 % de descuento de lo pagado por industria y comercio, ICA, o dos de los puntos que faltan en la reducción de la tarifa de renta. Caben prudentes aumentos en dividendos, participaciones y remesas. El daño climático impone otros impuestos verdes. Ojalá no quiten estímulos como la devolución del IVA a la adquisición de activos productivos.
La mayor controversia la causa el IVA. El Gobierno ha probado que puede devolverse a los grupos vulnerables, y podría por anticipado. Pero, cualquier expansión a productos y servicios no gravados es muy sensible y exige especial cuidado para no afectar a la clase media. No podría ser que por reactivar la economía se frenen los consumos básicos. En 2002 aprobamos un impuesto del 2 % a todo lo no gravado, más importante que por su recaudo era por la contribución a la formalización fiscal de la economía, que debería ser un activo muy valorado por las calificadoras de riesgos.
Tomar decisiones a tiempo es garantía para la inversión en el año electoral que viene. Es urgente un consenso entre el Gobierno y las bancadas que lo apoyan, ojalá en algún grado con las demás. Para evitar choques políticos de inmenso daño, el consenso debe ser previo a la presentación del proyecto.
Con ciudadanos mercando en los basureros y otros disminuyendo el número de comidas, no hay democracia que se sostenga. La economía fraterna se vuelve imposible mientras haya motivos para la rabia social. Podemos estar a destiempo, actuemos.
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