Hace 8 años, el 19 de noviembre de 2012 la “Justicia” internacional le arrebató al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, más de 70.000 Km2 de lo que le pertenecía; más de 70.000 Km2 de su tesoro más preciado: las aguas coralinas repletas de abundante fauna y flora submarina que servían para preservar la magia de un paríso caribeño y del que además se sustentaban miles de pescadores nativos de la zona.
Todo esto se dio en virtud de las pretensiones expansionistas de Nicaragua, un país pequeño de Centroamérica, cuyas costas al océano Atlántico anteriormente pertenecían a Colombia, y que en un acto de conciliación, el gobierno colombiano decidió ceder algún día de 1928 sin reprochar nada a los centroamericanos.
Antes de agarrarse a la idea loca de querer robar a Colombia, el territorio que por tradición y derecho le pertenece, el Gobierno de Nicaragua había previamente firmado un tratado en 1928, el cual consigna los apellidos de quienes lo firmaron y se conoce como Tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual reconocía la total soberanía de la República de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos e islotes a este pertenecientes; además de un Acta de Canje aprobada por ambos gobiernos en el año de 1930 en el que se ratificaba lo previamente dispuesto por este tratado; aunado a esto el Derecho Internacional le daba toda la razón a Colombia a través del ¨Uti Possidetis Iuris¨ ya que la Corona Española declaró ese archipiélago como perteneciente al antiguo Reino de la Nueva Granada.
Todo este precedente jurídico parecía haber dejado en claro que el territorio colombiano llegaba hasta el meridiano 82 de Greenwich, hasta el momento en el que el Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien ha querido perpetuarse en el poder de manera antidemocrática, emprendió una demanda contra la República de Colombia en el año 2000, reclamando a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como territorios pertenecientes a la República de Nicaragua.
Fue un largo y tedioso proceso de más de una decada de estudio en el que el Gobierno colombiano, de manera desordenada no supo llevar el proceso en forma correcta en la Corte Internacional, mientras que el pool de abogados del país centroaméricano, durante todo ese tiempo hicieron lobby en la Haya; lo que al final les sirvió para que el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia sentenciara que 70.000 Km2 que antes eran propios de nuestros nativos isleños, ahora serían territorio de la República de Nicaragua, y que esos 70.000 Km2 antes mencionados que hacian parte de una reserva de biosfera reconocida por la Unesco, ahora podrían ser explotados por el gobierno de Nicaragua y sus intereses petrolíferos en el área.
Fue un fallo desalentador para los isleños, fue el momento en el que más necesitaron de Colombia, y aunque el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos Calderón, declaró que Colombia entraría en desacato ante la Corte Internacional de Justicia y que Colombia saldría con efecto inmediato del Estatuto de Roma, hoy, 8 años después del fatídico fallo, la incertidumbre ahoga a los pescadores colombianos cada vez que, haciendo su labor en los bancos de pesca que nos quitó la Haya, aparece una patrulla nicaragüense para capturarlos por invadir “su soberanía”.
Por eso, hoy, 8 años después de la sentencia, irónicamente San Andrés y Providencia vuelven a necesitar más que nunca de Colombia, para mostrar su solidaridad por el Archipiélago ante el devastador pasó del huracán Iota y para hacer sentir a los sanandresanos y providencianos que vale la pena pertenecer a la República de Colombia, pero sin que deban repetir una nueva frustración del Estamento andino.
Redactado por: Dylan Andrés Pizarro Torregroza
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