¿Cómo comenzó todo y quiénes son los mencionados?
En enero de este año, la UNGRD anunció que llevarían 40 carrotanques para abastecer de agua potable a La Guajira. Lo que parecía una solución para la región, terminó siendo un escándalo de corrupción en el que se encontraron sobrecostos, pago de coimas e implicados de alto perfil.
Que La Guajira tenga acceso a agua potable ha sido la promesa de muchos gobiernos en Colombia, incluso el de Gustavo Petro. El 18 de enero de este año, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la entrega de 40 carrotanques doble troque automáticos, con una capacidad de 16.000 litros de agua en el departamento. “A partir de hoy, reforzamos la capacidad de abastecimiento de agua con 40 nuevos carrotanques”, dijo en su momento el subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla Álvarez.
La promesa también incluía entregar 720 tanques plásticos y 1.000 tanques de fibra de vidrio, construir las bases en concreto para la correcta instalación y funcionamiento de los tanques, limpiar y rehabilitar 1.600 jagüeyes, 70 pozos y 39 aerodesalinizadoras.
Parecía ser una solución para la región, pero como advirtió Andreina García Pinto, directora de Aguas de La Guajira, utilizar carrotanques para llevar agua al desierto no era la mejor opción.
“Si me vale 900.000 pesos un viaje de 6 metros cúbicos, pues allá me va a costar el doble. Eso si hay vía, porque hoy no hay vías y no llega el agua con los índices de calidad, porque en el camino pasa por el carbón, por arena, hay mucha arenilla y pues no va a llegar el agua potable a la población”, dijo García
Las primeras irregularidades
Un mes después, Sigue la W, de La W Radio, reveló que los carrotanques seguían parqueados en el Batallón Matamoros en Uribia, La Guajira. Según la UNGRD, los vehículos estaban en preparación.
Ahí comenzaron a destaparse las presuntas irregularidades. Primero, no había claridad frente a de dónde saldría el agua para llenar los carrotanques y llevarla a las comunidades, porque el acueducto del municipio de Uribia no tenía la capacidad para abastecer a los carrotanques: apenas puede producir 50.000 litros de agua al día.
Tampoco se tenía a los conductores con licencia C3 para manejar los vehículos y no se tenían las pólizas de seguro contra todo riesgo.
A esto se sumó que la UNGRD no había publicado el contrato de compra de los carrotanques en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Según Olmedo López, quien era el director de la entidad en su momento, no se había abierto una licitación ni publicado el contrato porque contaban con un sistema de contratación especial.
Los sobrecostos
Las irregularidades continuaron. Sigue la W también reveló que los sobrecostos en la compra de los 40 carrotanques sería de 20.000 millones de pesos.
De acuerdo con las cifras reveladas, cada vehículo —incluyendo el tanque y el camión— se compró en 664.400.000 pesos. Sin embargo, la UNGRD pagó 1.170.000.000 pesos por cada carrotanque, es decir, el sobrecosto fue de 505.600.000 pesos por cada vehículo y en los 40 serían un total de 20.224.000.000 pesos embolatados.
También se encontraron irregularidades en el valor de las pólizas de seguros, el mantenimiento de los vehículos, la matrícula en la Secretaría de Tránsito de Riohacha y hasta en la compra de materiales de ferretería, que tenían costos de 4.000 pesos y fueron facturados en 96.000 pesos.
Las investigaciones
Las denuncias comenzaron a tener efectos legales. El 21 de febrero, la Fiscalía abrió una investigación para “determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”.
El 29 de ese mismo mes, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia anunció una denuncia penal contra Olmedo López por las presuntas irregularidades en la compra de los 40 carrotanques.
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, mencionó que se enviarían copias a la Procuraduría y a la Contraloría.
Un día después, Olmedo López renunció a la dirección de la UNGRD. Lo propio hizo el subdirector, Sneyder Pinilla.
La Procuraduría le abrió investigaciones a tres funcionarios de la entidad: Olmedo López, que era el director, a Sneyder Pinilla, jefe de Manejo de Desastres, y a Víctor Andrés Meza, subdirector de la UNGRD.
En la Procuraduría este caso aún está en investigación, en la etapa de recaudo de pruebas. Sneyder Pinilla ha aplazado en cuatro ocasiones su versión libre ante el Ministerio Público.
En marzo, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Según el órgano de control, en la compra de los 40 carrotanques se presentaron sobrecostos de cerca de 7.000 millones de pesos.
El pasado 30 de abril, la Fiscalía anunció que citaría a Olmedo López y a Sneyder Pinilla a interrogatorio, para que respondan por los presuntos hechos de corrupción en la contratación.
Ante esta decisión, Pinilla encendió el ventilador, como se dice popularmente. ‘El Reporte Coronell’ reveló una solicitud realizada a la fiscal 79 especializada para que Pinilla pueda acogerse al principio de oportunidad.
Los nuevos mencionados
Sneyder Augusto Pinilla Álvarez entregó una matriz de colaboración a la Fiscalía y le pidió al ente investigador que, a cambio de su información, le den el principio de oportunidad. En el documento, Pinilla se compromete a entregar información contra los funcionarios involucrados.
Dentro de los mencionados están el presidente del Senado, Iván Name; el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas; el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Meza; el subdirector de conocimiento del riesgo Luis Carlos Barreto Gantiva, y contratistas de la entidad.
Otro de los mencionados en el escándalo de los carrotanques es Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. CAMBIO conoció que la información que Pinilla quiere entregar a la Fiscalía tiene que ver con la relación entre el contrato de los carrotanques y el trámite de la reforma a la salud en el Congreso.
Esa reforma se hundió en el Senado, pero fue aprobada en la Cámara de Representantes, corporación que preside el liberal Andrés Calle —uno de los mencionados en la matriz de Pinilla y quien habría recibido 1.000 millones de pesos—.
Sneyder Augusto Pinilla, que se ha vuelto una ficha clave en el caso, mencionó que Sandra Ortiz, consejera presidencial, también estaría involucrada.
De acuerdo con sus declaraciones en ‘El Reporte Coronell’ de este 3 de mayo, Ortiz llevó maletas con 3.000 millones de pesos en efectivo para el presidente del Senado, Iván Name, como parte del entramado de los carrotanques de La Guajira.
La indagación previa de la Corte
Por las menciones de Sneyder Augusto Pinilla a varios aforados, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió, de oficio, una indagación previa por el escándalo de corrupción relacionado con los carrotanques de La Guajira.
Como los señalamientos de Pinilla involucran a Name y a Calle, que son aforados, una eventual investigación en su contra la tendría que hacer la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, la Corte abrió la indagación de oficio y será el Alto Tribunal el que determine si estas dos personas cometieron delitos o no, y si hay méritos para vincularlos formalmente en el escándalo.
Asimismo, la Procuraduría también ordenó el inicio de actuaciones disciplinarias por estos presuntos hechos de corrupción en los que “se mencionan presuntos actos delictivos y de corrupción que al parecer involucrarían a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado”.
Iván Name, Andrés Calle y Sandra Ortiz han negado cualquier relación con este caso. Califican las declaraciones de Pinilla como falsas e invitan a las autoridades judiciales a investigar y a determinar si en realidad existe responsabilidad de los mencionados.
TOMADO DE CAMBIO COLOMBIA
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