Imagen tomada de Internet. En misiva remitida al presidente de la República Juan Manuel Santos, su ministro de TIC, David Luna, Vera Lucia Mattos Celedón, directora del Fondo de las Tecnologías y comunicaciones, a la Comisión Reguladora de Comunicaciones, a Ronald Housni Jaller, gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y a Josue Neftalí Valero Camargo, Representante Legal de Energía Integral Andina S.A., el exgobernador y abogado Álvaro Archbold Núñez, hizo una petición de información relacionada con el servicio de internet en San Andrés para conocer las razones por las que se presenta deficiencia en el mismo y como requisito previo para la presentación de una demanda de Acción de Cumplimiento o Acción Popular en procura de la protección de los derechos e intereses colectivos.
Los interrogantes planteados por el togado están relacionadas con la celebración y ejecución del Contrato Estatal de Fomento Número 331 del 18 de junio de 2009, entre el Fondo de Comunicaciones, y Energía Integral Andina S.A., cuyo objeto es diseñar, instalar, poner en servicio y mantener una red de cable submarino de fibra óptica para la Isla de San Andrés.
Las peticiones de Archbold Núñez buscan que se garantice a todas las personas naturales y jurídicas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el derecho que surge de lo establecido en el Contrato Estatal de Fomento No. 331 de 2009, en los documentos CONPES 3457 de 2007 y 3155 de 2002, y en todas las declaraciones y manifestaciones escritas y verbales de funcionarios estatales, en donde se determinó que los nuevos proyectos incorporarán criterios de relevancia para el aprovechamiento de la infraestructura de Tecnologías de Información para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Adicionalmente pide la revisión del Contrato Estatal No. 331 de 2009, adecuándolo a las verdaderas necesidades de la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que requieren en cumplimiento de la Constitución Política, para su desarrollo, progreso, prosperidad y competitividad, de un sistema de comunicaciones y de banda ancha, competitivo, continuo y sin interrupciones, rápido, eficiente y efectivo, en las mejores condiciones y con los estándares operativos de las mejores ciudades del continente colombiano.
Archbold Núñez también pidió la homologación de la tarifa de transporte de datos con la del resto del país, del servicio de banda ancha, a través de la Comisión Reguladora de Comunicaciones-CRC, hacer cumplir las condiciones técnicas del pliego en donde se garantizó la disponibilidad de la capacidad ilimitada del servicio de transporte de datos y garantizar la capacidad de servicio de los operadores a los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente.
Archbold Núñez advierte que es tan crítica la situación de las islas que Energía Integral Andina, S.A., ha manifestado que el rezago en el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC – en el Archipiélago, es significativo. Explica que los lugares donde más se usa el Internet en el Archipiélago, son los centros de acceso público con costos, donde el promedio para el Departamento de San Andrés y Providencia es del 50,2%, frente al promedio nacional, y el sitio de trabajo con el 34%, frente al promedio nacional que es del 25,0%.
“A partir de estos resultados, como consta en la Resolución No. 4105 de 2013, de la Comisión Reguladora de Comunicaciones – CRC-, se puede inferir que los usuarios en el Archipiélago presentan dificultades a la hora de conectarse a Internet desde sus hogares, y que los centros públicos con pago y el sitio de trabajo, resultan ser la alternativa preferida para contar con dicho acceso. La encuesta realizada por el DANE muestra que las actividades que más realizan los sanandresanos en Internet se concentran en educación y aprendizaje.”
De acuerdo con la investigación realizada por Archbold Núñez, la búsqueda de información por internet en San Andrés se presenta con un uso del 60%, lo cual es inferior al promedio nacional que se ubica en el 80,43%, lo cual nos demuestra que la comunidades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentran rezagadas y totalmente limitadas para acceder a la información básica en diferentes aspectos y temas esenciales para su progreso y desarrollo personal, empresarial y comunitario.
Recuerda que Energía Integral Andina S.A. al constituirse como un proveedor de redes y servicios, está sometida a la intervención, injerencia y regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC, por lo que considera que esa compañía debe revisar su modelo de negocio, ya que ha alcanzado la cantidad de STM-1 comercializables, orientada a obtener costos eficientes, servicio óptimo y utilidad razonable.
“Se buscaba con la implementación del cable submarino y actividades complementarias, el fomento de la competitividad de la isla, dando paso al posible desarrollo de temas en el Archipiélago, como la implementación de Call Centers bilingües –que no ha funcionado y ha resultado ser otro fiasco para las islas – servicios a través de la red, diseño gráfico, desarrollo de Software, conectividad Wi-Fi, para el fomento del turismo.
Advierte el exmandatario que las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y el comportamiento de las autoridades estatales y de Energía Integral Andina S.A., demuestran todo lo contrario, puesto que el Estado, a través de sus Órganos y Entidades competentes, viene incumpliendo desde el año 2011, los compromisos adquiridos desde el año 2003 a través de instrumentos de planificación importantes como son los Conpes 3457 de 2007 y 3155 de 2002.”
La prestación del servicio para la capacidad suministrada debe cumplir con un índice de disponibilidad mínimo del 99.96 %; esta disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo del servicio para los usuarios, cumpliendo con la capacidad, la funcionalidad y el nivel de servicio requerido. Se vive como un porcentaje del tiempo en el cual el servicio debe estar disponible. “El tiempo de indisponibilidad del servicio se empieza a contar a partir del momento en que la falla queda registrada en el sistema de gestión de la red de cable submarino y/ o haya sido reportado al número de atención de reclamos que dispondrá el contratista y/o la mesa de ayuda.
A juicio del exgobernador, después de quince (15) años, el Estado deberá adquirir nuevamente la capacidad que requiera. O sea, que la cuantiosa cantidad de dinero que puso en las manos de Energía Integral Andina S.A., a través del contrato de fomento varias veces mencionado, se considera amortizada, y deberá proveerse de los servicios de internet y banda ancha en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de otros operadores. La Comisión Reguladora de Comunicaciones CRC ha enfatizado en la necesidad de lograr costos eficientes para los operadores y usuarios de la Isla de San Andrés a partir de la comercialización por encima de 6 STM-1. No obstante lo anterior, Energía Integral Andina S.A. se encuentra operando por encima de los 10 STM-1, sin que se refleje una disminución de los costos, en favor de los operadores y usuarios.
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