Fiscalía confirma “hechos muy graves”: los archivos de alias ‘Calarcá’ revelan infiltración de disidencias en Ejército y DNI durante la “paz total” de Petro
Bogotá, 30 de marzo de 2026 — La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ratificó este fin de semana la veracidad y la extrema gravedad de los más de 100 dispositivos electrónicos (computadores portátiles, celulares y memorias USB) incautados en julio de 2024 al cabecilla disidente Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y a su estructura del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente del Estado Mayor Central de las FARC. En una entrevista con El Espectador, Camargo calificó los hallazgos como “hechos muy graves” y explicó que el material —analizado exhaustivamente por la Fiscalía— demuestra un nivel de infiltración sin precedentes recientes en instituciones clave del Estado: Ejército Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Policía y la propia Fiscalía.
Los archivos, que incluyen chats, correos electrónicos, cartas, fotografías y reportes internos, fueron decomisados el 23 de julio de 2024 durante un retén del Ejército en la vía de Anorí, Antioquia. En ese momento, ‘Calarcá’ y varios de sus hombres viajaban protegidos en una caravana de siete camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con estatus de “gestores de paz” otorgado por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de “paz total”. Aunque los dispositivos llegaron inmediatamente a manos de la Fiscalía seccional de Medellín, el proceso técnico de extracción y análisis completo demoró casi un año: solo se terminó en junio de 2025.
El detonante: la investigación de Noticias Caracol
El escándalo estalló públicamente el 23 y 24 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó el reportaje “Archivos Secretos de Calarcá”. El medio tuvo acceso parcial a los dispositivos y reveló decenas de comunicaciones que vinculan directamente a ‘Calarcá’ y a alias ‘Iván Mordisco’ con dos altos funcionarios: el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wilmar de Jesús Mejía (conocido como ‘El Chulo’), director de inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según los documentos, las disidencias habrían mantenido contactos fluidos con estos funcionarios para:
- Obtener información clasificada sobre operativos militares en regiones como Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar.
- Anticiparse a acciones de la fuerza pública mediante códigos de frecuencias radiales y alertas tempranas.
- Crear empresas fachada de seguridad privada que les permitieran portar armas legales, moverse en vehículos blindados y operar con fachada legal una vez terminados los diálogos de paz.
Uno de los reportes más comprometedores, fechado en febrero de 2024, describe una supuesta reunión en Bogotá en la que el general Huertas —quien en ese momento era asesor externo tras su retiro en el gobierno Duque— habría propuesto la creación de esa empresa de seguridad. Los chats también mencionan a Mejía como interlocutor clave para facilitar movimientos y protección.
Reacciones institucionales y políticas
La Procuraduría General de la Nación actuó con celeridad: el 24 de noviembre de 2025 abrió indagación disciplinaria y, tres días después, suspendió provisionalmente a Huertas y a Mejía para “proteger la transparencia del proceso”. La medida duró tres meses. Sin embargo, el 2 de marzo de 2026 la Sala Disciplinaria de Instrucción decidió no prorrogar la suspensión, argumentando que no se había recibido suficiente material probatorio adicional de la Fiscalía. Ambos funcionarios regresaron a sus cargos, aunque las investigaciones penal y disciplinaria continúan.
El Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Sánchez, ordenó auditorías internas en el Ejército. La DNI activó investigaciones paralelas de contrainteligencia e inspección general. Por su parte, la Fiscalía abrió al menos cinco líneas de investigación, incluyendo una delegada ante la Corte Suprema de Justicia y otra en Medellín, que abarcan no solo la infiltración sino también presuntos delitos cometidos por ‘Calarcá’ durante las negociaciones: reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y hasta el encargo de un homicidio.
El presidente Gustavo Petro ha rechazado tajantemente cualquier infiltración. En noviembre de 2025 calificó los chats como “posiblemente manipulados” o parte de una “guerra sucia” preelectoral y ordenó un examen forense informático. Alias ‘Calarcá’ reapareció en enero de 2026 en el Yarí (Caquetá-Meta) y negó todo: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevé computador”.
El contexto: “paz total” bajo la lupa
Este caso pone en entredicho la estrategia de negociación con las disidencias del EMC. ‘Calarcá’, jefe del EMBF, era uno de los principales interlocutores del Gobierno. La Fiscalía ha advertido que los hallazgos justifican reactivar la orden de captura contra él si no se avanza en los diálogos antes de finalizar marzo de 2026. Camargo enfatizó que el material demuestra que el grupo “aprovechó el proceso de negociación para cometer graves crímenes”.
La oposición ha exigido la renuncia de los funcionarios salpicados y una auditoría completa de la inteligencia estatal. Sectores del Congreso y analistas advierten que el escándalo evidencia fallas estructurales en el control de la “paz total”: la entrega de beneficios a grupos que, según los archivos, mantenían simultáneamente contactos con el Estado y operaciones delictivas.
Hasta hoy, no hay imputaciones formales contra Huertas ni Mejía en la rama penal. Las investigaciones avanzan bajo reserva. La Fiscalía ha insistido en que los archivos no solo son auténticos, sino que contienen “una gran cantidad de información de carácter financiero” y evidencias de coordinación criminal que van más allá de los dos funcionarios mencionados.
Este no es un caso aislado de filtraciones. Es, según la fiscal Camargo, la radiografía de una infiltración profunda que compromete la seguridad nacional en medio de un conflicto que el Gobierno buscaba cerrar con diálogos. Mientras la Procuraduría y la Fiscalía continúan su trabajo, el país espera respuestas claras sobre hasta dónde llegó la penetración de las disidencias en las entrañas del Estado colombiano.
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