Bogotá D.C., 27 de julio de 2021. Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro a 62 bienes, entre muebles, inmuebles y sociedades, que pertenecerían a Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón o Andrea, presunto cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’. Las propiedades afectadas están ubicadas en Buenavista y Planeta Rica (Córdoba); Medellín,
La Ceja, Rionegro y Caldas (Antioquia). De acuerdo con los cálculos preliminares, superarían en valor los $232.000 millones.
Entre los bienes afectados llamó la atención una colección de vehículos de gama alta, entre los que se destacan tres automóviles deportivos y varias camionetas blindadas. Asimismo, sobresalen dos fincas, cada una con extensiones mayores a las 1.100 hectáreas.
En uno de estos predios fue capturado Valencia Zuluaga, el pasado 7 de mayo. Se trata de una lujosa hacienda localizada en la vereda Llano Grande de Rionegro (Antioquia). El bien está dotado de sala de cine, cancha de bolos, cancha de fútbol, salón de polígono, capilla, picadero de caballos, casa de huéspedes y un estacionamiento para carros antiguos.
De otra parte, una de las sociedades figuraba como dedicada a proyectos urbanísticos y de
construcción; sin embargo, en las verificaciones se constató que carecía de sustentos reales que justificaran el objeto social. Los indicios dan cuenta de que todos los bienes habrían sido
usados para lavar dinero.
En las investigaciones también se estableció que varias de las propiedades estaban a nombre de Valencia Zuluaga, familiares suyos y trabajadores de su entera confianza. Los elementos de prueba indican que muchos de los bienes habrían sido adquiridos con parte de los $60.000 millones que el supuesto cabecilla narcotraficante movía mensualmente por la salida de cocaína para el ‘Clan del Golfo’.
Esta acciones con fines de extinción de dominio hacen parte de la estrategia Argenta, dispuesta para perseguir e impactar el patrimonio de la estructuras criminales. Las diligencias de ocupación se cumplieron gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)
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