FISCALÍA IMPUTA A EXDIRECTOR DE LA CÁRCEL LA PICOTA Y A OTRAS DOS PERSONAS QUE HABRÍAN ACTUADO IRREGULARMENTE PARA BENEFICIAR A UN CONDENADO NARCOTRAFICANTE
El sentenciado, al parecer, pagó 250 millones de pesos para llegar a un centro penitenciario de su elección, y recibir posteriormente la detención domiciliaria y permiso de trabajo por ser padre cabeza de hogar.
Bogotá D.C., 29 de marzo de 2023. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, César Augusto Ceballos Giraldo; al abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez; y al investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila, como presuntos
responsables de realizar distintas maniobras para beneficiar a una persona procesada por tráfico de estupefacientes.
En marzo de 2015, la Corte Suprema de.Justicia condenó a 16 años de prisión a un hombre capturado en situación de flagrancia con 300 kilogramos de cocaína y dispuso que debía permanecer en el establecimiento carcelario de Villavicencio (Meta).
Desde entonces, el abogado Cifuentes Rodríguez habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, facilitaran el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo, entre otros conceptos que favorecieran a su cliente.
Inicialmente, el 31 de julio de 2015, el entonces director de la cárcel La Picota, al parecer, permitió que el sentenciado ingresara irregularmente a ese centro penitenciario con apenas presentarse voluntariamente,sin que mediara un traslado oficial del INPEC, con una boleta de detención falsa y en claro desconocimiento de lo establecido en el fallo.
Entre tanto, el investigador Monroy Ávila, presuntamente, se encargó de recolectar
entrevistas, material fotográfico y documentos para acreditar que el condenado estaba al
cuidado de los hijos menores de edad por desaparición de su esposa, algo que no correspondía a la verdad.
De esta manera obtuvo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el reconocimiento de la condición de padre cabeza de hogar.
El material de prueba indica que por todos los privilegios obtenidos la persona sentenciada pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares que intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial, entre otras anomalías detectadas.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputo al exdirector de la cárcel La Picota los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión; al abogado Cifuentes Rodríguez los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso; y al investigador privado los
delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Los procesados no aceptaron los cargos.
Por los hechos investigados han sido condenados un juez de ejecución de penas, una
defensora de familia del ICBF de Villavicencio (Meta) y un ingeniero del Centro de Servicios
del Complejo Judicial de Paloquemao; y avanza el juicio en contra de un juez penal de Villavicencio (Meta).Posted by The Archipielago Press on Wednesday, March 29, 2023
El sentenciado, al parecer, pagó 250 millones de pesos para llegar a un centro penitenciario de su elección, y recibir posteriormente la detención domiciliaria y permiso de trabajo por ser padre cabeza de hogar.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, César Augusto Ceballos Giraldo; al abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez; y al investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila, como presuntos responsables de realizar distintas maniobras para beneficiar a una persona procesada por tráfico de estupefacientes.
En marzo de 2015, la Corte Suprema de.Justicia condenó a 16 años de prisión a un hombre capturado en situación de flagrancia con 300 kilogramos de cocaína y dispuso que debía permanecer en el establecimiento carcelario de Villavicencio (Meta).
Desde entonces, el abogado Cifuentes Rodríguez habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, facilitaran el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo, entre otros conceptos que favorecieran a su cliente.
Inicialmente, el 31 de julio de 2015, el entonces director de la cárcel La Picota, al parecer, permitió que el sentenciado ingresara irregularmente a ese centro penitenciario con apenas presentarse voluntariamente,sin que mediara un traslado oficial del INPEC, con una boleta de detención falsa y en claro desconocimiento de lo establecido en el fallo.
Entre tanto, el investigador Monroy Ávila, presuntamente, se encargó de recolectar entrevistas, material fotográfico y documentos para acreditar que el condenado estaba al cuidado de los hijos menores de edad por desaparición de su esposa, algo que no correspondía a la verdad.
De esta manera obtuvo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el reconocimiento de la condición de padre cabeza de hogar.
El material de prueba indica que por todos los privilegios obtenidos la persona sentenciada pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares que intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial, entre otras anomalías detectadas.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputo al exdirector de la cárcel La Picota los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión; al abogado Cifuentes Rodríguez los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso; y al investigador privado los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
Los procesados no aceptaron los cargos.
Por los hechos investigados han sido condenados un juez de ejecución de penas, una defensora de familia del ICBF de Villavicencio (Meta) y un ingeniero del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao; y avanza el juicio en contra de un juez penal de Villavicencio (Meta).
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